Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 123922
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.922, "Fernández, Julia María Teresita contra Bahía Blanca Plaza Shopping SA. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte actora (v. sent., fs. 2.144/2.161).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 2.170/2.196).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó la demanda promovida por Julia María Teresita Fernández contra Bahía Blanca Plaza Shopping S.A., mediante la cual perseguía el cobro de sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, horas extras adeudadas; así como las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido; las penalidades previstas por los arts. 80, 132 bis y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; 8 y 15 de la ley 24.013 y la sanción procesal del art. 53 ter de la ley 11.653 (v. sent., fs. 2.144/2.161).
Resolvió de tal manera por juzgar -por mayoría- no acreditada la existencia de la relación laboral invocada por la accionante (quien adujo ocuparse de la decoración del paseo comercial) como sustento de su pretensión.
En tales condiciones, resolvió imponer las costas a la parte actora vencida (art. 19, ley 11.653), sin el beneficio de gratuidad estatuido en el art. 22 de la ley adjetiva y reguló los honorarios de los profesionales que actuaron en el proceso según las pautas establecidas por las normas vigentes en el momento en que fueron realizados los trabajos respectivos (dec. ley 8.904/77 y ley 14.967; v. sent., fs. 2.160 y vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la legitimada activa denuncia la transgresión de los arts. 4, 9, 21 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo; 375 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita (v. fs. 2.170/2.196).
II.1. En esencia, objeta la conclusión del juzgador de grado en cuanto declaró la inexistencia de una relación de trabajo entre las partes.
En ese orden, califica como absurda la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de origen, cuestionando -fundamentalmente- el análisis que llevaron a cabo los jueces que conformaron la mayoría de opiniones sobre la testimonial recibida en la audiencia de vista de la causa.
En ese sentido, resalta las manifestaciones que sobre tales declaraciones expuso la jueza del tribunal cuyo voto resultó minoritario.
Alega, además, que en el escrito de responde, Bahía Blanca Plaza Shopping S.A. admitió la prestación de servicios, pero aduciendo que se trató de un contrato verbal de locación de servicios. De este modo, sostiene que al imponer al actor la carga de acreditar la relación laboral, el tribunal de grado alteró la regla contenida en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y, específicamente, la presunción que surge del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto dispone que la prestación de servicios -que, según afirma, resultó acreditada en autos- hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.
Invocando la teoría de la carga dinámica de la prueba, expone que era la demandada quien se encontraba en mejores condiciones para probar lo señalado, y no lo hizo. Por ello, afirma que la sentencia es una manifestación dogmática que merece ser revocada, en tanto no existe ningún elemento probatorio que pueda corroborar que entre las partes existió un contrato verbal de locación de servicios.
Denuncia vulnerado, también, el principio protectorio en lo concerniente a la regla de la condición más beneficiosa (art. 9, LCT).
II.2. Objeta, asimismo, que se haya condenado al promotor del pleito a pagar las costas del juicio sin el beneficio previsto en el art. 22 de la ley 11.653.
III. El recurso no prospera.
III.1. De la lectura del veredicto dictado por el tribunal de origen surge que la jueza cuyo voto concitó la mayoría -doctora Germano- evaluó lo alegado por cada una de las partes en sus respectivos escritos constitutivos del proceso, así como también lo declarado por la trabajadora al momento de absolver posiciones.
En ese sentido, señaló que la señora Fernández denunció haber cumplido una jornada laboral de lunes a lunes, sin franco semanal, y un horario de 10:00 a 18:00 hs. de lunes a viernes y de 08:00 a 13:00 hs. los días sábados y domingos, "sin excepción", "por cuarenta y ocho horas semanales". Sin embargo, destacó que luego de que la accionada afirmara en su contestación de demanda que la actora mantenía una relación laboral dependiente en la Ciudad de Buenos Aires -donde se desempeñaba los fines de semana, teniendo a su cargo la conducción de visitas guiadas en el cementerio de Recoleta-, esta última no solo guardó silencio al momento de contestar el traslado al que hace alusión el art. 29 de la ley 11.653, sino que además, al responder las posiciones de la contraria, admitió tal prestación de servicios, añadiendo que las decoraciones propiamente dichas las realizaba en horario nocturno después de las 24 hs., situación que consideró "...bastante disímil de la afirmada en demanda..." (vered., fs. 2.154 vta./2.155).
Luego, tras analizar las declaraciones brindadas por las testigos Yamila Eliana Tejada, Lorena Agustinho, Karina Inés Machado y Laura de las Mercedes Pascual, consideró que no existían elementos para afirmar que las tareas de decoración que realizaba la accionante se hallaban insertas en una estructura jerárquica dentro de la organización empresarial de Bahía Blanca Plaza Shopping (v. vered., fs. 2.155 y vta.).
Asimismo, tuvo por cierto que, si la señora Fernández se ausentaba, la tarea quedaba a cargo del señor Nicolás, quien trabajaba con ella, o de Agustín Genovese, quien era su hijo. Por lo que, concluyó, además de no hallarse inserta en el organigrama de dirección y control propio de los dependientes de la accionada, su actividad era "auto-dirigida" y "auto-organizada", dado que claramente la prestación "intuito personae" se encontraba desvirtuada (v. vered., fs. 2.156).
Juzgó probado que las facturas emitidas por la actora tenían relación con sus labores profesionales y que se incrementaban de acuerdo a la "provisión" y no a las paritarias de Empleados de Comercio, como lo había denunciado (v. vered., últ. fs. cit.).
Manifestó que, si bien el hecho de la facturación correlativa no resultaba por sí misma demostrativa de la existencia de una relación dependiente encubierta o fraudulenta, de los testimonios de la señora Tejada, de la contadora de la actora y de su propia declaración, se acreditó que esta prestó servicios para otros clientes sin facturar, o utilizando la de terceros, por lo que la correlatividad de la misma resultaba relativa y valorable sólo en su vinculación con los demás elementos de juicio (v. vered., fs. 2.156 y vta.).
Respecto al carácter de dependientes de los testigos de la sociedad accionada, expresó que no correspondía su desestimación automática (art. 425, CPCC), teniendo en cuenta que habían sido concordantes y precisos sobre los elementos esenciales respecto de los hechos motivo de litigio, incluso con los testigos que ya no revestían ese carácter a la fecha de su declaración (v. vered., fs. 2.156 vta.).
Ponderó que no existía prueba adjuntada a la causa que acreditase el pago de obra social a la actora, ni que se le aportara dinero para hacer frente a obligaciones fiscales o a los honorarios de su contadora (v. vered., últ. fs. cit.).
Finalmente sostuvo que la presunción prevista en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo quedaba desvirtuada si las pruebas producidas demostraban -como en el caso- que las tareas prestadas reconocían un origen o causa ajena a un contrato de trabajo. En ese marco, manifestó que las labores desempeñadas por Fernández no lo habían sido con dependencia y subordinación, sino con carácter autónomo (v. vered., fs. 2.157).
Respecto de esto último, puntualizó que la accionante no formaba parte de la estructura organizativa de la demandada, no recibía órdenes ni instrucciones, así como tampoco estaba sujeta a disciplina u orden interno de la empresa al no encontrarse sujeta a horarios, sino solo al control de seguridad como todos los proveedores (v. vered., últ. fs. cit.).
En consecuencia, concluyó que, al no haberse demostrado el hecho de la prestación de servicios bajo relación de dependencia del demandado, configurativa del contrato de trabajo que la actora invocó al demandar, la acción deducida debía ser desestimada en todas sus partes (v. sent., fs. 2.159/2.160).
III.2. Los argumentos expuestos por la recurrente no logran conmover lo resuelto por el órgano judicial de origen.
III.2.a. Sabido es que determinar la existencia de una relación de dependencia o subordinación laboral, así como la calificación del vínculo existente entre las partes, constituyen cuestiones -en principio- reservadas a los magistrados de trabajo y, por lo tanto, no susceptibles de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 95.725, "Arias", sent. de 28-X-2009; L. 118.836, "Chiniellato", resol. de 21-VI-2017; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020 y L. 122.177, "Maccari", sent. de 12-II-2021; e.o.).
III.2.b. El desarrollo que exhibe la impugnación, enderezado a enervar el pronunciamiento de origen por conducto de la intención de poner en evidencia la presencia de dicho vicio invalidante en el razonamiento del juzgador, no logra su cometido.
En efecto, el embate ensayado no resulta eficaz para conmover la definición esencial del fallo (esto es, reitero, la falta de acreditación de una relación laboral dependiente) desde que la compareciente se limita a oponer a las conclusiones sentadas por el órgano de origen su propia interpretación -naturalmente, favorable a sus intereses- sobre los hechos y las pruebas de la causa, ignorando que la mera exhibición de un criterio discrepante, o la crítica basada sólo en razones de preferencia o conveniencia personal (causas L. 98.181, "Duarte", sent. de 28-V-2010; L. 113.301, "O., V. A.", sent. de 3-VII-2013; L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016 y L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021) distan, en mucho, de constituir una vía idónea para demostrar el absurdo.
Las alegaciones formuladas por la recurrente, tendientes a cuestionar la apreciación y selección que de las pruebas hizo -por mayoría- el tribunal no son eficaces para descalificar lo resuelto, puesto que carecen de la solvencia necesaria para respaldar la denuncia del vicio extremo que formula, máxime cuando estructura su pretensión revisora -esencialmente- en torno al desarrollo de una nueva valoración de las declaraciones testimoniales, olvidando que, en virtud del sistema de oralidad imperante en el fuero laboral queda reservada a los jueces de la causa, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 112.843, "De Renzo", sent. de 29-V-2013; L. 107.358, "López", sent. de 15-VII-2015 y L. 120.081, "Mercuri", sent. de 25-IV-2018; e.o.).
Por lo demás, no es ocioso destacar que la impugnación deducida se sustenta, asimismo, en las consideraciones expuestas en el voto de la magistrada que quedó en minoría en el veredicto. Así lo reconoce la propia interesada en su recurso, en el que, haciendo propios los argumentos exhibidos por la doctora Zuazaga, reproduce la opinión emitida por la citada jueza a fs. 2.144/2.154 vta. De esa forma, tampoco logra formular una crítica directa y eficaz a las conclusiones fácticas que dieron sustento al voto de la mayoría y formaron la estructura de la sentencia impugnada (causas L. 98.211, "Flores", sent. de 25-XI-2009; L. 112.338, "A., M. S.", sent. de 25-II-2015 y L. 119.010, "Martínez", sent. de 28-XII-2016).
III.2.c. En definitiva, como adelanté, las motivaciones que definen el contenido de la crítica se reducen a la exposición de un simple enfoque subjetivo contrario a la decisión adoptada, y tal formulación, tiene dicho esta Corte, no es base idónea para demostrar el error grave y manifiesto que constituye el absurdo (causas L. 90.265, "Jouannys", sent. de 27-II-2008; L. 117.659, "Coria", sent. de 26-VIII-2015 y L. 120.646, "Maldonado", sent. de 10-VIII-2020).
Cabe recordar que, pese a que la apreciación del juzgador pueda resultar opinable, discutible u objetable, o dar lugar a otras interpretaciones, ninguno de esos extremos alcanza para configurar aquel vicio invalidante (causas L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016; L. 120.589, "F., A. E.", sent. de 13-XI-2019 y L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020).
Queda resaltado, entonces, que la quejosa no pone de manifiesto el absurdo invocado, debiendo permanecer inconmovible la conclusión afincada en la valoración de los hechos y de las pruebas efectuada en la instancia de grado.
III.3. Igual suerte adversa ha de correr el cuestionamiento vinculado a la transgresión del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Tal como surge de la reseña precedentemente efectuada, el tribunal de grado ponderó especialmente la presunción emanada del aludido precepto (v. vered., fs. 2.157 y vta.), pero -finalmente- formó su convicción sobre la inexistencia de un vínculo de trabajo dependiente entre las partes haciendo mérito de la prueba testimonial ofrecida -incluso- por la propia parte actora en el proceso.
Al respecto, me permito señalar que no es per se inadecuado el camino que transitó el juzgador para definir la cuestión litigiosa, en tanto no permite albergar dudas acerca de que el tribunal desplegó su labor axiológica al amparo del principio de adquisición procesal. Sobre el tema, ha sostenido esta Corte que, cualquiera sea la procedencia de las probanzas que obren en el expediente, su valoración por los jueces es siempre conducente y puede beneficiar o perjudicar indistintamente a las partes, inclusive a aquella que las solicitó u ofreció (causas L. 92.969, "Sosa", sent. de 6-V-2009; L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016 y L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016).
En este contexto, no advierto quebrantado al art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. La presunción iuris tantum establecida en la citada norma queda desvirtuada -aun cuando medie admisión en el responde de la prestación de servicios- si la prueba producida demuestra que las tareas prestadas no lo fueron en relación de dependencia (causas L. 111.160, "Soria", sent. de 27-II-2013; L. 103.558, "Cecconi", sent. de 5-III-2014 y L. 118.951, "Arias", sent. de 26-X-2016), conclusión a la que -en definitiva- arribó el tribunal de origen luego de la valoración de la prueba testimonial producida y que subsiste firme.
III.4. En lo concerniente al principio in dubio pro operario, contemplado en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, es dable puntualizar que es inaplicable cuando, como en el caso, no se advierte dubitativo el juicio del tribunal de origen con respecto a la aplicación o interpretación de la ley (causas L. 117.403, "Tibaudin Aguer", sent. de 9-IX-2015; L. 118.933, "Sáenz", sent. de 5-X-2016; L. 118.090, "Mayer", sent. de 27-IX-2017 y L. 121.774, "A., M. A.", sent. de 31-V-2021).
III.5. Atento lo resuelto en los apartados anteriores, el agravio relativo a las costas resulta igualmente improcedente.
No sin destacar la escueta argumentación que anima la crítica de la impugnante (v. rec., fs. 2.183), cabe recordar que esta Corte ha declarado en reiteradas oportunidades que la distribución e imposición de las costas, así como su eximición (total o parcial), constituyen atribuciones privativas del tribunal del trabajo, y -por tanto- no son revisables en casación, salvo absurdo. Este se configura si se invoca y demuestra una burda o evidente iniquidad en las pautas utilizadas o la alteración de la calidad de vencido (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 104.991, "Jara", sent. de 28-IV-2010; L. 97.710, "Blanc", sent. de 22-IX-2010 y L. 117.236, "Cassini", sent. de 29-IV-2015; e.o.), extremos que no se verifican en la especie, a través de la mera disconformidad que exhibe la quejosa en orden al criterio de aplicación seguido por los jueces de origen.
De todos modos, y a tenor del embate que trae la recurrente, es menester señalar que teniendo en cuenta que el fundamento de la condena en costas, tanto en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, como en el citado art. 19 de la ley procesal del fuero, radica en el hecho objetivo de la derrota, no puede la parte que resultó incuestionablemente vencida, agraviarse sobre su imposición (causas L. 107.402, "B., D. A.", sent. de 26-II-2013; L. 114.577, "Díaz", sent. de 24-VI-2015; L. 123.937, "Giangrande", sent. de 14-XII-2020 y L. 120.742, "Giribuela", sent. de 21-XII-2020; e.o.).
Sentado ello, cabe añadir que tampoco resulta de recibo la denunciada violación del art. 22 de la ley 11.653, pues es evidente que el beneficio de gratuidad consagrado por dicha norma sólo puede beneficiar a quien logra demostrar, en un proceso determinado, la existencia de la relación laboral en base a la cual sustentó sus pretensiones (causas L. 111.789, "Di Lorenzo", resol. de 25-VIII-2010; L. 101.884, "Rando", sent. de 6-X-2010 y L. 109.701, "De la Fuente", sent. de 26-IX-2012), circunstancia que no ha sido probada por la impugnante.
IV. Por todo lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/03/2022 20:26:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/03/2022 12:35:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2022 19:39:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/03/2022 09:24:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/03/2022 10:48:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia