Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125020
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, en lo que aquí interesa, rechazó íntegramente la acción iniciada por Ángel Enrique Rivero, Juan Matías Longo y Diego Eduardo Eyharchet contra Sanatorio San Andrés S.A. y Víctor Héctor Favazza en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 956/963 vta.).
Para así decidir, juzgó que los accionantes no lograron acreditar el elemental y sustancial punto de apoyo de su acción, cual es la prestación de tareas bajo relación de dependencia laboral invocada. Por el contrario, juzgó probado que el vínculo entre las partes se había desarrollado en el marco de un contrato de locación de servicios.
II. Frente a lo así resuelto, los actores deducen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 867/992 vta.), el que fue concedido por el a quo (v. fs. 994 y vta.).
En su presentación, objetan, en primer lugar, las restricciones a la admisibilidad del remedio traído vinculadas al valor del litigio, planteando la inconstitucionalidad de los arts. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución provincial; 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653.
En esencia, cuestionan que el juzgador no hubiera tenido por demostrado el vínculo dependiente alegado, enumerando las garantías constitucionales y la doctrina legal que consideran violadas.
Denuncian absurdo en la valoración de las pruebas, así como errónea interpretación de los escritos constitutivos de la litis, aduciendo que el a quo vulneró el principio de congruencia, y que debió aplicar la presunción establecida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, invirtiendo la carga de la prueba.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que, tratándose en el caso de un litisconsorcio facultativo activo, el valor de lo cuestionado ante esta instancia, a los fines de dar cumplimiento con el recaudo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), está representado, para los recurrentes, por las sumas individualmente reclamadas en la demanda, las cuales no superan, respecto de ninguno, el monto mínimo regulado en la norma citada (causas L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015; L. 118.536, "Silvero", resol. de 13-IV-2015; L. 122.364, "Zurdo", resol. de 5-VI-2019 y L. 127.770, "Sánchez", resol. de 20-XII-2021).
III.2. Sentado ello, luce infructuoso el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 278, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Cabe agregar -como también ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 123.381, "Blanco" y L. 123.904, "González", resols. de 18-XII-2019).
III.3.a. Siendo ello así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
En razón de lo expuesto, la facultad revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto por el órgano judicial de grado contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014 y L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021).
III.3.b. En el contexto de estos autos, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la crítica remite a cuestiones de hecho y prueba -como lo es, la determinación vinculada a la demostración de la existencia de una relación de linaje laboral entre las partes-, ajenas al acotado margen por el que transita el presente remedio procesal (causas L. 118.383, "Pires", resol. de 11-II-2015; L. 119.691, "Agüero", resol. de 18-V-2016 y L. 125.282, "Denk", resol. de 12-II-2021).
Asimismo, los precedentes citados referidos al vicio de absurdo no resultan idóneos a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019; L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.236, "Espíndola", resol. de 14-XII-2020).
III.3.c. Igualmente inhábil resulta la doctrina legal que se denuncia vulnerada, referida al principio de congruencia, cuyo examen, tal como reiteradamente lo ha señalado esta Corte, se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021).
III.3.d. Para terminar, corresponde recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020 y L. 125.507, "Valdez", resol. de 22-VI-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a lo manifestado en el punto III.3.c., que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia