Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127318
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás rechazó íntegramente la demanda promovida por Carlos Gómez contra Leandro Néstor Barbieri y María Luz Dignani en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 16-III-2021).
Para así decidir, juzgó no acreditado el vínculo laboral invocado por el accionante.
II. Frente a lo así resuelto, el actor deduce recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-IV-2021), los que fueron concedidos por el órgano de grado (v. resol. de 9-IV-2021), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 15-X-2021).
III.1. En el primero de los remedios mencionados, el impugnante alega violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Con denuncia de absurdo, afirma que el a quo vulneró la doctrina legal de esta Corte vinculada a la aplicación de los arts. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y 375 del Código Procesal Civil y Comercial. Manifiesta que el fallo es arbitrario porque omitió el tratamiento de una cuestión esencial, a saber -a su juicio-, la prestación de tareas del actor en la casa- habitación de los demandados.
Sostiene, además, que el juzgador soslayó erróneamente el derecho aplicable e incurrió en una errónea interpretación del material probatorio. Asimismo, alega que el fallo no fue debidamente fundado.
Finalmente, cita las garantías constitucionales que considera violadas.
III.2. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad no puede prosperar.
III.3. Al respecto, se impone destacar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
En este marco, el recurso deviene improcedente, pues la simple lectura del libelo impugnativo da cuenta que las críticas se dirigen a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo los planteos a la imputación de presuntos errores in iudicando, cuyo tratamiento es ajeno al acotado ámbito de actuación del carril de nulidad intentado y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
Corresponde agregar que las alegaciones referidas a la apreciación y valoración del material probatorio, como a su deficiente examen por el tribunal de grado, no pueden ser canalizadas mediante el presente medio de impugnación (causas L. 124.188, "Moreda", resol. de 17-VI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
Para más, sabido es que la supuesta transgresión de las normas de la Constitución nacional también resulta materia detraída del limitado ámbito de actuación propio de la vía de nulidad escogida (causa L. 125.729, "Martínez", resol. de 29-VII-2020).
III.4. Por otra parte, no se verifica la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución local, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 122.785, "Barreiro", resol. de 30-X-2019 y L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020), hipótesis que no concurre en el fallo atacado, en el cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el accionante plantea la inconstitucionalidad de los arts. 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial y del art. 55 de la ley 11.653.
Con denuncia de absurdo y arbitrariedad, alega que el juzgador quebrantó la carga de la prueba, incurrió en una desacertada valoración de los testimonios e inaplicó el art. 39 de la ley 11.653. Asimismo, manifiesta que no se pronunció sobre la prestación de tareas que el actor dice haber realizad en la casa- habitación de los accionados.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.3. Liminarmente, corresponde señalar que el planteo de inconstitucionalidad del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deviene abstracto en razón que, en virtud de lo establecido en el art. 22 de la ley 11.653, el trabajador goza del beneficio de gratuidad. Por lo tanto, está exceptuado de cumplir con la carga prevista en el mencionado precepto legal.
IV.4. Sentado lo anterior, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la cuantía reclamada en la demanda-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En este marco, luce infructuoso el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 278, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Cabe agregar -como también ha resaltado este Tribunal- que el juego armónico de lo dispuesto por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 123.381, "Blanco" y L. 123.904, "González", resols. de 18-XII-2019 y L. 123.240, "Araujo", resol. de 28-V-2021).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.349, "Bustamante", resol. de 14-XII-2020 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
IV.5.a. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, el interesado trae a consideración cuestiones cuya valoración es privativa del tribunal de grado, relacionadas a la valoración de los hechos y pruebas, como es, aquella vinculada a determinar si se acredito -o no- la existencia de una relación de linaje laboral entre las partes, asunto detraído de revisión en el acotado margen por el que transita el presente remedio procesal (causas L. 122.637, "Barcala", resol. de 13-X-2020; L. 124.686, "Tuñón", resol. de 16-X-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
IV.5.b. Por otra parte, no resulta apta para habilitar la instancia extraordinaria, por el mentado conducto excepcional, la doctrina legal citada por el interesado referida al vicio de absurdo (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019 y L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020).
IV.5.c. Por último, corresponde agregar que tampoco se configura dicha hipótesis cuando la doctrina legal que se denuncia como transgredida se relaciona a la interpretación de preceptos de carácter adjetivo (v.g., violación de las normas que regulan la atribución de la carga de la prueba; causas L. 119.693, "Tapia", resol. de 15-VI-2016; L. 121.347, "Burgos", resol. de 6-VI-2018; L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020 y L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a lo manifestado en el punto VI.5.c., que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/03/2022 18:05:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2022 18:21:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/04/2022 11:08:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 11:44:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 12:51:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia