Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125723
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad intentado (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 298, CPCC y 63, ley 11.653).
2Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido y tener por contestada la demanda el día 10 de febrero de 2020 (arts. 31 bis, ley 5827 y 289, inc. 2, CPCC).
Sin costas, en atención a las particularidades del caso.
Los señores jueces doctores Soria y Torres y la señora jueza doctora Kogan, dijeron:
I. En el caso, la señora Lorena Isabel Contreras promovió acción contra El Molino SC, mediante la que procuró el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido (v. fs. 24/86 vta.).
Contestada la demanda por la señalada legitimada pasiva (v. fs. 110/114), el Presidente del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Azul, con asiento en la ciudad de Olavarría, le hizo saber que debía cumplir con lo dispuesto en los arts. 3° y 5° Anexo único de la acordada 3886/18 (v. fs. 115; cfr. arts. 63 de la Ley 11.653 y 120 CPCC).
II. Ante lo proveído, la accionada presentó en modo telemático copia de aquel escrito y la documentación, adjuntada en formato pdf (v. presentación de 13-II-2020). Nuevamente, el Presidente del mencionado tribunal intimó a la presentante para que incorpore, en el plazo de cuarenta y ocho horas, la contestación de la demanda como escrito electrónico y no como archivo adjunto (v. fs. 117; despacho simple de 17-II-2020), siendo efectivizado por la requerida (v. escrito de 3-III-2020).
III. A su turno, el presidente del tribunal entendió cumplida la intimación fuera de término, por lo que tuvo por no presentada la contestación de demanda y procedió a su desglose (v. despacho simple de 5-III-2020).
Así las cosas, la demandada interpuso revocatoria (v. presentación de 15-III-2020), la que fue desestimada por el tribunal de grado en pleno por juzgar, en lo esencial, que aquella presentación no cumplía con los requisitos exigidos por el art. 3 inc. “3” del Anexo único de la acordada 3886/18 (v. fs. 120/121).
IV. Frente a lo así resuelto, El Molino SC interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de 14-V-2020), cuya denegatoria motivada en la falta de definitividad del pronunciamiento puesto en entredicho (v. resol. de 20-V-2020), dio lugar a la articulación de la presente queja (art. 292 del CPCC; v. escrito de 29-V-2020).
En sustancia, alega que la resolución atacada viola derechos de raigambre constitucional, como es la defensa en juicio, incurriendo para ello en un razonamiento absurdo y arbitrario que obstaculiza de manera sustancial al servicio de justicia, incurriendo en un excesivo rigor formal.
Asimismo, afirma que el señalado pronunciamiento reviste el carácter de definitivo o resulta equiparable en sus efectos, toda vez que genera un agravio irreparable, conculcando la garantía del debido proceso legal, por cuanto no puede subsanarse por otro remedio legal.
V. En la especie, el agravio se ha suscitado en torno a los alcances y operatividad del régimen de presentaciones electrónicas, herramienta indispensable en el proceso de modernización del servicio de justicia en tránsito a la progresiva digitalización del expediente judicial. En ese contexto, advirtiéndose que en la instancia anterior en grado se ha incurrido en un evidente error de interpretación de aquella reglamentación, que afecta palmariamente el derecho de defensa; y atendiéndose, además, a la naturaleza de los derechos en juego (CSJN, Fallos: 326:2906; 327:2413, e.o.; causa Q 74.394, "Nardachione", resol. de 28-XII-2016 y L. 125.678, "Noms", resol. de 16-VII-2021), corresponde admitir la queja interpuesta y resolver sin más la cuestión traída (arg. art. 31 bis, ley 5827).
VI. En cuanto al recurso extraordinario de nulidad, sin perjuicio de otras consideraciones que podrían efectuarse, cabe poner de resalto que no se observa una argumentación que pueda vincularse con un supuesto incumplimiento de las exigencias previstas en los arts. 168 y 171 de la Constitución local, que constituyen el específico ámbito del remedio en cuestión, pues los agravios que se esgrimen en realidad exponen la disconformidad del impugnante con la forma en que el juzgador de origen abordó y luego resolvió el tópico ventilado en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento propio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 86.479, "Bishop", sent. de 11-VIII-2010; L. 102.972, "Díaz", sent. de 6-VII-2011; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 121.430, "Córdoba", resol. de 21-II-2018; L. 121.821, "Naselli", resol. de 13-II-2019 y L.127.720, “Besi”, resol. de 7-III-2022).
VII.1. Ingresando en el estudio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado, de modo liminar, corresponde indicar que esta Suprema Corte ha promovido un sostenido y progresivo avance en la utilización de herramientas tecnológicas en la gestión judicial, la incorporación de instrumentos para el intercambio electrónico de información y la realización de comunicaciones y de presentaciones vía electrónica. Todo ello -como se señaló en el primigenio acuerdo 3399/08- con miras a que su implementación tenga directa repercusión en la eficiencia del servicio de justicia, como correlato de la modernización (arts. 15, Const. prov.; 18, Const. nac. y 8, CADH).
Ahora bien, ese cambio de paradigma del papel a lo electrónico ha sido planteado de manera gradual y paulatina, intentando dar respuesta -mediante acuerdos y resoluciones reglamentarias- a los condicionamientos e inconvenientes que los distintos operadores jurídicos han señalado y que resultan inevitables en un proceso de tal envergadura (v.gr. Ac. 3540/11, art. 3; Ac. 3733/14, art. 2; 3845/17; 3886/18; resols. 3272/15; 582/16; 707/16; 1647/16; 2915/16; e.o.).
Cabe señalar, al respecto, que tan disímiles aplicaciones de una misma reglamentación que ha sido objeto de sucesivas modificaciones y aclaraciones, todo ello en el marco de una materia novedosa, deben necesariamente conllevar una interpretación flexible y contextualizada, guiada por un criterio de razonabilidad, que evite encerronas o sorpresas procesales para los justiciables, pues ese no ha sido el espíritu que inspiró el dictado de dichas normas.
Así lo ha establecido la Corte Suprema nacional en un caso referido a la falta de acompañamiento de copias digitalizadas, de conformidad con su propia reglamentación procedimental (art. 5, Ac. 3/2015 y Ac. 11/2014, CSJN). Allí, resolvió revocar la decisión del Tribunal de Alzada que, previo a una simple notificación por nota de la necesidad de presentar copias electrónicas, tuvo por no presentada la expresión de agravios y ordenó su desglose, para luego declarar desierto el recurso de apelación. Ello por entender que la sanción resultó desproporcionadamente gravosa y puso en evidencia que la Cámara incurrió en un exceso de rigor formal que afectó, en consecuencia, el derecho de defensa en juicio, consagrado en el art. 18 de la Constitución nacional (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 339:635).
En ese mismo sendero, este Tribunal también ha ponderado con flexibilidad las cuestiones suscitadas en torno a la operatividad del reciente régimen de presentaciones electrónicas, resolviendo intimar a las partes a subsanar las distintas falencias observadas, bajo apercibimiento de tener por no presentados los escritos electrónicos en proveimiento (causas A. 74.409, "Carnevale", resol. de 8-II-2017; A. 74.707, "Gorosito", resol. de 17-V-2017; C. 121.482, "Díaz", resol. de 21-VI-2017 y L. 125.678, cit.).
VII.2. De esta manera, sin perjuicio de las consideraciones que pudieran efectuarse en torno a la interpretación y aplicación que el tribunal de grado realizó de las normas regulatorias del régimen de presentaciones electrónicas -Ac. 3.886/18-, su propia actuación precedente a la decisión cuestionada mediante la vía de hecho bajo estudio generó un cuadro de situación que permite afirmar que, a través de la misma, incurrió en el exceso ritual manifiesto denunciado por la demandada (v. fs. 117 y 118).
VII.3. En el mismo andarivel, esta Suprema Corte ha establecido que el derecho no puede convalidar las conductas ambiguas y las sorpresas procesales (causas C. 74.853, "Fisco", sent. de 16-VI-2004 y C. 92.780, "Amato", sent. de 13-IV-2011), y que la causal del excesivo rigorismo no supone soslayar, en modo alguno, el riguroso cumplimiento de las normas adjetivas, sino que pretende contemplar la desnaturalización de su uso en desmedro de la garantía de la defensa en juicio, en los supuestos en que la incorrecta aplicación de un precepto de tal índole venga a frustrar el derecho de fondo en juego (causas Ac. 57.181, "Gallinas", sent. de 25-III-1997; Ac. 60.772, "Egidi", sent. de 2-VI-1998; C. 92.798, "Sandoval", sent. de 14-II-2007; C. 88.931, "Vallet", sent. de 26-IX-2007 y C. 121.320, "Herrera", sent. de 3-X-2018).
VII.4. Habida cuenta de lo expuesto, cabe concluir que los agravios desarrollados por la impugnante resultan acertados. Ello así, pues le asiste razón en cuanto afirma que, en el caso, se ha verificado el supuesto de un exceso ritual electrónico.
Por tales razones, habiéndose verificado las infracciones denunciadas, corresponde hacer lugar al Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley interpuesto por El Molino SC, dejar sin efecto la sentencia recurrida y, de acuerdo a lo que surge de la cedula agregada a fs. 88/89, tener por contestada la demanda con la presentación efectuada por la parte demandada el día 10 de febrero de 2020 (agregada en soporte papel a fs. 110/113, luego desglosada).
El señor Juez doctor Genoud, dijo:
Comparto la decisión de rechazar el recurso extraordinario de nulidad. En cuanto al de inaplicabilidad de ley, me sumo a la propuesta de los colegas ponentes en atención a las específicas circunstancias relevadas en la especie y su proyección sobre la interpretación y la aplicabilidad de las disposiciones precitadas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad intentado (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 298, CPCC y 63, ley 11.653).
2. Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido y tener por contestada la demanda el día 10 de febrero de 2020 (arts. 31 bis, ley 5827 y 289, inc. 2, CPCC).
Sin costas, en atención a las particularidades del caso.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3."c"; Resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/03/2022 21:03:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/03/2022 09:27:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2022 12:19:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2022 11:00:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2022 12:02:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia