Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127959
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por Ricardo Daniel Ledesma y condenó a Zucamor S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de indemnización prevista en el art. 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent. de fecha 02-VIII-2021).
Para así decidir, tras valorar en conciencia las pruebas producidas en el proceso, juzgó que al momento del egreso el accionante presentaba una incapacidad laboral absoluta y permanente.
II. Frente a lo así resuelto, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-VIII-2021), el que fue concedido por el órgano de grado (v. providencia de fecha 6-IX-2021).
En su presentación relata los antecedentes de la causa y la doctrina legal que considera vulneradas.
En lo esencial, denuncia que el sentenciante incurrió en absurdo en la valoración de la prueba al concluir que, al momento de la desvinculación, el actor presentaba una incapacidad del 70% del índice de la total obrera.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.2. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que los agravios que se traen a consideración de esta casación se refieren a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado y vinculados a la valoración de los hechos y las pruebas, y detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 122.127, "Saavedra", resol. de 10-IV-2019; L. 122.613, "Parceq", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020).
Por lo demás, las citas doctrinales efectuadas en el recurso (v. pág. 6) resultan ineficaces, en tanto el recurrente limita su impugnación a su mera enunciación, sin explicar cómo o en qué forma habrían sido vulneradas. En este sentido, es oportuno recordar que es carga específica de la interesada denunciar la doctrina legal violada o erróneamente aplicada, mención que debe ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se produjo (causas L. 121.311, "Encina", resol. de 26-IX-2018; L. 122.559, "De Asua", resol. de 8-V-2019 y L. 124.825, "Vilche Fisher", resol. de 23-X-2020).
III.3. Finalmente, es dable recordar que la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, la emanada de la Corte nacional y la que deriva de la opinión de los autores, no constituye doctrina legal en los términos señalados (causas L. 126.487, "González", resol. de 8-II-2021; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/03/2022 21:04:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/03/2022 09:28:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2022 12:20:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2022 11:00:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2022 12:03:08 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia