Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126782
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, declaró la nulidad del despido dispuesto por Trilenium S.A. y, en consecuencia, ordenó la reincorporación de Marcos David Bello con idénticas condiciones laborales a las que detentaba con anterioridad a la fecha del distracto. Asimismo, condenó a la demandada a pagar la suma que especificó por los daños derivados del distracto discriminatorio dispuesto por la patronal (v. pronunciamiento de 28-II-2020).
Para así resolver, juzgó que la desvinculación del actor no estuvo motivada en la reestructuración de la empresa invocada por la accionada en su misiva rupturista, sino en la actividad gremial desarrollada por el trabajador, resultando el proceder del empleador discriminatorio.
II. Frente a lo así resuelto, la legitima pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-V-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resol. del 28-VIII-2020).
En su presentación, le cuestiona al órgano judicial de grado su decisión de calificar al distracto como discriminatorio. En este marco, objeta la motivación de considerar acreditada la actividad sindical por parte del actor. Invoca violado el art. 47 de la ley 11.653 y la doctrina de los actos propios. Alega absurdo en la valoración de la prueba. Cuestiona la idoneidad de los testigos ofrecidos por la contraparte. Finalmente, se alza contra la condena al pago de los honorarios del perito calígrafo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde señalar que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y sus conclusiones no son revisables por la Suprema Corte, salvo absurdo, que debe ser cabal y suficientemente demostrado por la recurrente (causas L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018; L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019 y L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020).
III.2.a. En la especie, si bien la recurrente ha denunciado el referido vicio, su impugnación no resulta hábil para demostrar su existencia, pues sus alegaciones no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado.
En efecto, por conducto de su particular punto de vista, la impugnante extrae de la prueba producida una conclusión contraria a la arribada por el sentenciante, con el único propósito de ajustarla a su pretensión de demostrar que la extinción del contrato de trabajo no estuvo fundada en motivos discriminatorios, producto de una supuesta actividad sindical del trabajador.
Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al tribunal de trabajo las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba, lo cual no resulta idóneo para acreditar que la sentencia está viciada por absurdo (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019; L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
En tal sentido, dable es destacar que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. Ello exige la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), pues no lo constituye cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
III.2.b. En particular, en lo vinculado a la prueba testimonial, corresponde destacar que su valoración queda reservada a los jueces de la causa que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013; L. 119.561, "Modelli", resol. de 6-IV-2016; L. 120.145, "Valinoti", resol. de 7-XII-2016 y L. 123.379, "Martinelli", resol. de 20-V-2020), que el interesado -como se dijo- no logra demostrar.
III.2.c. Por otro lado, la insuficiencia técnica señalada no es salvada con la invocación de quebrantamiento de la teoría de los actos propios, dado que el agravio ensayado a su respecto remite a cuestiones cuya definición es privativa de los jueces ordinarios, en tanto supone el análisis de la conducta observada por las partes (causas L. 85.191, "Escalada", sent. de 22-X-2008; L. 120.034, "Reyna", resol. de 27-IX-2017; L. 121.176, "González", resol. de 30-V-2018, L. 123.379, cit. y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
III.3. Finalmente, el reproche formulado respecto a la condena al pago de los honorarios del perito calígrafo, resulta manifiestamente insuficiente.
En efecto, en reiteradas oportunidades ha sostenido esta Corte que la distribución e imposición de las costas, así como su eximición (total o parcial), constituyen atribuciones privativas del tribunal del trabajo y -por lo tanto- no son revisables en casación, salvo una burda o evidente iniquidad en las pautas utilizadas o la alteración de la calidad de vencido (causas L. 124.138, "Garen", resol. de 15-IV-2020 y L. 123.662, "Cacabellos", resol. de 27-V-2020), extremos que no se verifican en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/03/2022 21:03:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/03/2022 09:27:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2022 12:19:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2022 11:00:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2022 12:02:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia