Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 125758
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de nulidad traído y se anula parcialmente la sentencia de grado únicamente en cuanto omitió el tratamiento de la pretensión dirigida a obtener la documentación a la que alude el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 298, CPCC). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.758, "Saravia, Yanina Elizabet contra Blandamuro, José Luis. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, por mayoría de opiniones, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 95/112 vta.).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-XII-2019).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado resolvió, por mayoría, hacer lugar parcialmente a la demanda de Yanina Saravia contra José Luis Blandamuro, condenándolo a abonar a la actora la suma de $141.687,88 en concepto de indemnización por vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario proporcional al tiempo trabajado, diferencia de haberes correspondiente a los meses de diciembre de 2017 y marzo de 2018 y las indemnizaciones de los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 53 ter de la ley 11.653, con más la aplicación de intereses calculados conforme la tasa pasiva estipulada para los plazos fijos digitales a treinta días por el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 95/112).
Rechazó el reclamo por indemnizaciones por despido, preaviso, integración del mes de despido, salarios adeudados del mes de julio y ocho días de agosto de 2018, y las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323 (arts. 726, Cód. Civ. y Com.; 163 inc. 6 y concs., CPCC; 19, 20 22 y concs., ley 11.653).
Para así decidir, sostuvo probado el vínculo laboral invocado, aunque con una extensión temporal inferior a la pretendida por la parte actora.
Tuvo por acreditado que la trabajadora prestó tareas bajo la dependencia de la demandada en la categoría de vendedora, en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 para empleados de la actividad comercial.
Sin perjuicio de ello, con apoyo en las constancias de la causa -prueba testimonial-, juzgó el sentenciante -en decisión mayoritaria- que solo se demostró la vinculación entre el 1 de diciembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018. Por este motivo, estimó que las pretensiones derivadas del despido carecían de base fáctica, toda vez que la intimación para realizar la debida registración debe hacerse cuando se encuentra vigente la relación laboral, lo que en la especie no aconteció.
En consecuencia, rechazó el reclamo derivado del distracto indirecto dispuesto por considerarlo carente de causa.
II. La actora interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-XII-2019).
En el primero de los remedios procesales citados, denuncia que el tribunal de origen incumplió con el imperativo previsto por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Afirma que en la demanda fue -también- pedida la entrega de las constancias documentadas y certificado de trabajo, en los términos del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo -texto según ley 25.345-. Asegura que el tribunal omitió pronunciarse sobre ese requerimiento, incurriendo en un supuesto de incongruencia por omisión (decisión citra petita), dejando a la actora sin el derecho a obtener del empleador esa documentación impuesta por la ley.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el recurso debe prosperar, con el alcance que a continuación se indica.
III.1. El remedio extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 116.822, "Lozano", sent. de 6-V-2015; L. 116.830, "Baigorria", sent. de 13-V-2015; L. 118.121, "Vega", sent. de 11-II-2016; e.o.).
III.2. Advierto que la entrega de las constancias documentadas y del certificado de trabajo fue ciertamente solicitada en el escrito de demanda (v. fs. 17, punto 9).
También se observa que, efectivamente, el órgano judicial de grado no se pronunció al respecto, sin que surja del fallo algún motivo que justifique tal omisión.
La lectura del pronunciamiento exhibe que el tribunal condenó a la demandada a pagar la multa que establece el referido precepto (v. fs. 105/106), pero pretirió ordenar la entrega de las constancias y certificado allí previstos, en los términos del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo -texto según ley 25.345-.
En tales condiciones, se configura en la especie la omisión de tratamiento de una cuestión que reviste el carácter de esencial -de conformidad con lo determinado en el art. 168 de la Constitución provincial-, toda vez que el reclamo destinado a obtener el otorgamiento de la documentación en cuestión integró la estructura de la traba de la litis que el órgano de grado necesariamente debió atender para la correcta solución de la controversia.
Ha declarado esta Corte que la ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes oportunamente planteados constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita) que conlleva a la nulidad del fallo (causas L. 117.219, "Arriola Camacho", sent. de 12-XII-2014; L. 117.722, "Sibilla", sent. de 28-X-2015; e.o.).
Sobre la especial temática aquí debatida, expresamente señaló que, si en el escrito de promoción del proceso la actora reclamó la entrega de los instrumentos previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, la omisión en que incurriera el tribunal de brindar tratamiento a dicho tópico en la sentencia, acarrea necesariamente la nulidad del pronunciamiento en este aspecto (causa L. 116.795, "Duboski", sent. de 6-V-2015).
III.3. Con relación a los alcances de la nulidad que aquí propongo, cabe recordar que, tal como se resolvió en la causa L. 80.137, "Garín" (sent. de 6-IX-2006), verificándose una acumulación objetiva de pretensiones, la omisión del tribunal respecto de una de ellas, no vinculada a las restantes por relación de continencia, accesoriedad ni subsidiariedad, permite la anulación parcial de la decisión exclusivamente en relación a dicho reclamo (causas L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014 y L. 117.387, "De León", sent. de 22-IV-2015).
Al igual que se señaló en dicho precedente y en los demás citados, declarar la nulidad de los restantes fragmentos de la decisión deviene innecesario y configuraría un dispendio jurisdiccional, que afecta el rendimiento del servicio de administración de justicia.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de nulidad traído y, en consecuencia, disponer la anulación parcial del pronunciamiento de grado en cuanto en él se omitió el tratamiento de la pretensión dirigida a obtener la documentación a la que alude el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
La causa debe ser devuelta al tribunal de origen para que, con diferente integración, dicte un nuevo fallo respecto del rubro individualizado (art. 298, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia cuestión federal por arbitrariedad de sentencia, violación del debido proceso, la defensa en juicio, absurdo en la valoración de la prueba, errónea aplicación de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 55 de la ley 20.744; 39, 44 incs. "d" y "e" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
Señala que el 8 de agosto de 2018, la trabajadora intimó -por telegrama- a su empleador al pago de diferencias salariales y haberes adeudados, al registro del contrato de trabajo, a la entrega de recibos de sueldo y a denunciar la aseguradora de riesgos de trabajo contratada.
Indica que el demandado contestó el emplazamiento negando la relación laboral invocada. Plantea que, a raíz de ello, la actora se consideró gravemente injuriada y despedida de modo indirecto, en fecha 16 de agosto de 2018.
Afirma que el voto mayoritario del veredicto viola el principio de congruencia porque establece que la extinción de la relación laboral se produjo de mutuo acuerdo, apartándose de las defensas opuestas por el demandado, en desmedro del debido proceso y la defensa en juicio.
Sostiene que el razonamiento del juzgador debería ser invalidado, desde que luce viciado por el absurdo.
Entiende que mal puede sostenerse, a partir de la declaración de los testigos que manifestaron haber visto -por última vez- a la actora en el negocio donde prestaba servicios en el mes de marzo de 2018, que ello implique que allí deba situarse su último día de trabajo.
En este orden, apunta que la sentencia aplicó erróneamente el art. 44 inc. "d" de la ley 11.653.
Expresa que al prestar la actora el juramento del art. 39 de la ley 11.653, que impone que ante una relación laboral acreditada -como sucede en el caso-, la prueba de los hechos que debieron consignarse en los libros laborales (no exhibidos) se halla a cargo del empleador, este último debió probar la fecha de egreso, poniendo a disposición el libro especial del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, y no lo hizo.
Considera que el remedio interpuesto debe admitirse por aplicación de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia, "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos 311:2478), en tanto la sentencia recurrida afecta en forma directa los derechos y garantías previstos en la Constitución nacional (arts. 14 bis, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Argumenta que la arbitrariedad en el fallo constituye la cuestión federal del caso, en los términos del art. 14 de la ley 48.
II. El recurso no prospera.
II.1. El valor de lo cuestionado ante esta sede, representado por los rubros reclamados en la demanda que no prosperaron y que son motivo de agravio, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de este recurso solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Tampoco se aprecia en el caso la configuración de un agravio federal que habilite la apertura de la instancia extraordinaria, toda vez que del embate subyacen denuncias concernientes a la interpretación y aplicación del derecho procesal, como así también a cuestiones de hecho y prueba, que denotan que no se revelaría involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión federal (Fallos: 310:1542; 325:2192; 1145; causas L. 114.180, "Geza S.R.L.", resol. de 19-IV-2011 y L. 116.844, "Manfredi", resol. de 5-XII-2012).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 118.753, "Marquez", sent. de 15-XI-2016; L. 118.456, "Martinez", sent. de 29-III-2017; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; e.o.).
II.2. Reducido de tal modo el marco de análisis del recurso, se observa que la interesada no consigue desvirtuar lo resuelto en el pronunciamiento de origen.
Ello es así puesto que la mención de doctrina legal que se realiza en la réplica refiere, de un lado, a la valoración de las constancias de la causa; y, del otro, al criterio elaborado en torno al principio de congruencia, aspectos ambos detraídos de revisión a la luz de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En este sentido, tiene dicho esta Corte que no es idónea la cita de doctrina legal referida a cuestiones de índole fáctica y probatoria, ajenas a este acotado margen de revisión (causas L. 119.510, "Villarruel", sent. de 30-VI-2020; L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; L. 124.718, "Dilascio", sent. de 10-VIII-2021; e.o.), ni la vinculada al vicio de absurdo (causas L. 120.942, "Artero", sent. de 29-V-2019 y L. 123.834, "L., A.", sent. de 29-X-2021).
Tampoco es apta, a los fines indicados, la cita de precedentes de este Tribunal que hacen alusión al principio de congruencia (causas L. 121.573, "Suarez", resol. de 30-V-2018; L. 122.310 y L. 124.718, cits.).
III. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
Sin embargo, con relación a ciertos argumentos expuestos por mi distinguido colega en el apartado II.2. de su propuesta, no puedo dejar de señalar que participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes).
La decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), reitero mi adhesión a la propuesta que inaugura el acuerdo.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de nulidad traído y se anula parcialmente la sentencia de grado únicamente en cuanto omitió el tratamiento de la pretensión dirigida a obtener la documentación a la que alude el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 298, CPCC). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/04/2022 08:54:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2022 08:56:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/04/2022 16:39:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 17:53:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2022 08:03:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia