Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 124454
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.454, "Cañete, Javier Alejandro contra Odriozola, Luis Edgardo. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 351/367).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 380/385 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de origen, en lo que resulta de interés, desestimó la acción articulada por Javier Alejandro Cañete contra Luis Edgardo Odriozola, en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva del preaviso, diferencias salariales adeudadas y los incrementos contemplados en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 (v. fs. 351/367).
Para así decidir, analizó el intercambio telegráfico cursado entre las partes, así como la documental adjuntada y las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa, y juzgó legítima la extinción del vínculo laboral dispuesta por la empleadora, fundada en abandono de trabajo (v. fs. 359 vta./364 vta.).
En este orden, precisó que según las misivas remitidas por el dependiente con anterioridad a la fecha en que se efectivizó el distracto (26-XII-2016), este se encontraba realizando retención de tareas por diversos incumplimientos endilgados a su empleador, quien los había desconocido (v. fs. 360).
En tales condiciones, entendió que en el específico supuesto de autos correspondía determinar si el actor había tenido motivos suficientes para retener tareas y, a partir de dicha circunstancia, juzgar procedente -o no- el abandono de trabajo como justa causa del despido directo decidido por la patronal (v. fs. 360 in fine y vta.).
Ingresando al análisis puntual de las causales esgrimidas por el accionante en su misiva de fs. 6 -y replicadas en su escrito inicial- el a quo las agrupó en tres categorías: 1ª) diferencias salariales adeudadas (adicional por funciones permanente en el manejo de fondos, incidencia en el presentismo respecto de dicho adicional y diferencia de SAC); 2ª) horas extras cumplidas y no abonadas; y 3ª) falta de incorporación al recibo de haberes de las comisiones pactadas y falta de integración de aportes y contribuciones sobre las mismas (v. fs. 360 vta.).
Respecto de la primera causal invocada, señaló el juzgador que, si bien el señor Cañete realizaba tareas administrativas en la inmobiliaria propiedad del demandado, no había quedado probado que hubiera realizado pagos y cobranzas en el establecimiento en forma exclusiva, sino ocasional, por lo que de conformidad a lo prescripto por arts. 7 y 30 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, entendió que no podían prosperar las diferencias salariales reclamadas (v. fs. 360 vta. y 361).
Con relación a las horas extraordinarias, juzgó el sentenciante que tampoco había quedado demostrado su cumplimiento por parte del accionante (v. fs. 361 vta. y 362).
Por último, sostuvo el tribunal que no se logró comprobar en autos la falta de incorporación en los recibos de haberes de las comisiones pactadas y la integración de los aportes y contribuciones sobre las mismas (v. fs. 362 vta. y 363).
Con todo, ante la inexistencia de los incumplimientos denunciados, concluyó el tribunal de origen que no resultó procedente la retención de tareas efectuada por el actor (v. fs. 363).
Posteriormente, analizó la procedencia del abandono de trabajo invocado por el demandado en su carta documento de fs. 12 y 99 como causa justificante del despido.
En este sentido, precisó que -en la especie- se configuró la exigencia de tipo formal vinculada a la intimación previa al obrero para presentarse a trabajar. También estimó verificado el elemento objetivo, que radica en la no concurrencia al trabajo y, finalmente, el subjetivo, representado por la voluntad del trabajador de no reintegrarse al empleo (v. fs. 363 vta.).
Explicó que, de conformidad con las conclusiones volcadas en la tercera cuestión del veredicto, quedó probado que el señor Cañete realizó gestiones tendientes a la apertura de una inmobiliaria en la calle San Martín de la ciudad de Trenque Lauquen en el mes de diciembre de 2016 -esto es, cuando era requerido para que se reintegre a su trabajo-, la que inauguró posteriormente y de la cual resulta ser martillero responsable desde el 2 de enero de 2017; coligiéndose de ello que no existía ánimo en el trabajador para retomar tareas bajo la dependencia del señor Odriozola (v. fs. 363 vta. y 364).
De acuerdo a esas definiciones, encontró configurado el abandono de trabajo como causal extintiva, consideró que el distracto no devenía indemnizable y, por ende, rechazó la demanda tendiente al cobro de las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva del preaviso, diferencias salariales adeudadas y las penalidades contempladas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 (v. fs. 364 vta. y 365).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 y 14 bis de la Constitución nacional; 7 incs. "a" y "c" y 30 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y 44 inc. "e" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
Alega que el tribunal de grado ponderó absurda y arbitrariamente la prueba testimonial y documental agregada a la causa, arribando a conclusiones despojadas de todo fundamento.
Manifiesta que los testigos que declararon en la audiencia de vista de la causa resultaron contestes en afirmar que resultaba normal y habitual que el señor Cañete cobrara alquileres de las propiedades que la inmobiliaria administraba, recibiera cobranzas, las entregara a clientes, percibiera comisiones y confeccionara y firmara recibos de pago; tareas todas comprendidas en el art. 30 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Explica que en las disposiciones de dicho precepto quedan alcanzados tanto los cajeros (conf. art. 7 incs. "a" y "c"), cuanto los repartidores efectivos y toda otra persona que tenga la obligación de cobrar dinero a la clientela.
Indica que, si bien el tribunal a quo tuvo por acreditado que el actor realizaba tareas de cobranza y de pagos, que expedía recibos, asumiendo la obligación de resguardo y rendición, rechazó el reclamo vinculado a la diferencia salarial por falla de caja, por considerar -equívocamente- que dicho adicional le corresponde únicamente a quien está "exclusivamente afectado" a las tareas de cajero y no a toda otra persona que tenga obligación de cobrar.
Luego, al encontrarse legitimado para exigir al empleador el pago de dicho rubro (conf. art. 30, CCT 130/75), asevera que existieron argumentos sólidos para sustentar su reclamo -aun cuando finalmente se entienda que no le corresponde-, lo que autorizaba a ejercer su derecho a retener tareas, sin que pueda calificarse su conducta como inapropiada.
Por otra parte, sostiene que no se configuró en autos la causal invocada por la demandada para decidir la extinción del contrato de trabajo.
Refiere que de conformidad con la doctrina legal que identifica, el abandono de trabajo, en los términos del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo, no se configura cuando el trabajador responde a la intimación cursada por el principal exponiendo los motivos de su ausencia que, justificados o no, revelan su intención de no continuar el contrato de trabajo. Tampoco en la hipótesis de que no se hubiera presentado a prestar servicios alegando las razones que expuso como explicación de su falta de concurrencia al trabajo.
Sobre estas bases, argumenta que en el específico supuesto de autos el trabajador siempre tuvo la voluntad manifiesta de continuar con el vínculo y prestar tareas, no obstante reclamar por sus legítimos derechos, tales como la correcta registración e inscripción, el pago adicional por manejos de fondos y la invitación remitida al empleador a fin de obtener un dictamen de la autoridad administrativa pertinente; todo lo cual fue debidamente comunicado mediante despacho telegráfico, por lo que no existe abandono alguno de la relación laboral.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Para brindar respuesta al agravio que da inicio a la réplica, cabe señalar que esta Suprema Corte tiene reiteradamente establecido que determinar -conforme a la prueba producida- si al trabajador le corresponde -o no- percibir alguna suma de dinero en concepto de diferencias salariales es función privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen -por referirse a una típica cuestión de hecho- no son revisables en casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 119.492, "Geiser", sent. de 29-XI-2017; L. 119.794, "Arenas", sent. de 6-II-2019; L. 121.381, "Abagnale", sent. de 31-VIII-2020; e.o.).
El ataque que formula el recurrente no resulta hábil para evidenciar que en su cometido el juzgador haya incurrido en dicha anomalía extrema.
III.1.b. En el caso bajo examen, a partir de la apreciación en conciencia de la prueba aportada -en especial la testimonial recibida en la audiencia de vista de la causa-, el tribunal de trabajo declaró que en el veredicto había quedado acreditado que el señor Cañete realizaba tareas administrativas, aunque no se logró comprobar que estuviera afectado a la cobranza en el establecimiento de forma exclusiva (v. fs. 360 vta.).
Sobre el particular, destacó que si bien los testigos Vera, Mera, Terrón, Pereyra, Martín, Montejo Casola y Carena, indicaron en la audiencia de vista de la causa que el señor Cañete era una de las personas que cobraban y pagaban comisiones y/o alquileres en la inmobiliaria, por otra parte, sostuvieron que había otras que podían realizar dichas tareas. Adunó el a quo que también habían afirmado que el accionante desarrollaba otras labores -verbigracia mostrar inmuebles destinados a la venta y/o alquiler, redacción de contratos, contratar y/o controlar reparaciones de inmuebles- (v. fs. 360 vta. in fine y 361).
Ponderó, asimismo, que los señores Ramírez Barrios y Martín declararon que no había caja registradora en la inmobiliaria propiedad del señor Odriozola (v. fs. 361).
Juzgó que, de todo ello, se desprendía que los cobros y/o pagos realizados por el dependiente eran una más de las tareas administrativas desempeñadas por este, las que -a su vez- no realizaba en forma exclusiva sino de forma ocasional (art. 30 último párrafo, CCT 130/75; v. últ. fs. cit.).
Seguidamente, toda vez que el referido convenio colectivo establece en su art. 7 que "...se considera personal administrativo a los cajeros afectados a la cobranza del establecimiento...", estimó el juzgador que dicho precepto hacía referencia al cajero como tarea exclusiva, Inclusive agregó que el inc. "b" de la misma norma alude a las "tareas afines a la caja", categoría en la cual no encuadraba el señor Cañete (v. fs. 361 in fine).
Concluyó, en definitiva, que las diferencias salariales reclamadas no podían prosperar (v. últ. fs. cit.).
III.1.c. A influjo de la propia interpretación que el interesado lleva a cabo de la normativa convencional aplicable y la discrepancia que exhibe en la ponderación de la prueba testimonial y documental que identifica, la crítica se limita a expresar una disconformidad con la solución arribada.
En efecto, el agraviado elabora un nuevo análisis de las circunstancias del caso que se revela -tan solo- como la exteriorización de su particular opinión acerca del modo en que debieron evaluarse los hechos y las pruebas.
A esta altura, cabe señalar que resulta de aplicación la doctrina legal de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020; L. 121.234, "Iparraguirre", sent. de 21-X-2020; e.o.).
Además, corresponde destacar que aun cuando el análisis efectuado por el tribunal sobre cuestiones de hecho y de prueba pueda resultar opinable o discutible, esa sola circunstancia no es suficiente para tener por demostrada aquella anomalía, habida cuenta que lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento. Antes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo, desvío que no aprecio en el caso (causas L. 109.927, "Banegas", sent. de 11-III-2015; L. 119.380, "Servián", sent. de 8-XI-2017; L. 120.443, "Mascotena", sent. de 6-XI-2019; L. 121.798, "Simón", sent. de 10-VIII-2020; e.o.).
III.2. La misma suerte adversa corre el restante cuestionamiento que porta la crítica.
Analizado el intercambio postal y, particularmente, la rescisión contractual dispuesta por la demandada con justa causa mediante misiva remitida el 28 de diciembre de 2016 (v. fs. 12 y 99), el tribunal juzgó que el trabajador no probó ninguna de las circunstancias que alegó para retener tareas a partir del 15 de diciembre de 2016, incumpliendo de tal modo con sus obligaciones laborales con posterioridad a la intimación que le fuera cursada por su empleadora. También estableció que, estando intimado para reintegrarse a prestar tareas, se encontraba realizando gestiones tendientes a la apertura de una inmobiliaria en la calle San Martín de la localidad de Trenque Lauquen, la que inauguró posteriormente y de la cual resultó ser martillero responsable desde el 2 de enero de 2017 (v. fs. 360/364).
Sobre esos pilares fácticos, con apoyo en la doctrina legal de esta Suprema Corte emanada, entre otras, de las causas L. 43.139, "Córdoba", sentencia de 19-VI-1990; L. 96.359, "Bonifacio", sentencia de 3-VI-2009 y L. 100.846, "Cabello", sentencia de 18-VI-2014, juzgó configurado el abandono de trabajo como causal extintiva en los términos del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo y, en lo que interesa, rechazó la demanda en procura de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, las previstas por los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 (v. fs. 364/365).
En este aspecto, no resulta conducente la crítica estructurada en torno a la falta de verificación en la especie de uno de los elementos esenciales para tener por acreditado el abandono de trabajo, esto es, la voluntad del trabajador de no reintegrarse a cumplir con sus tareas.
Como recordó, sobre el particular, mi distinguido excolega doctor Pettigiani en la causa L. 118.581, "Rodríguez", sentencia de 11-VI-2020, a quien presté mi adhesión, si bien es cierto que la indicada motivación extintiva, en los términos del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo, no se configura cuando -como en el caso- el trabajador responde a la intimación cursada por el principal exponiendo los motivos de su ausencia que, justificados o no, revelan su intención de no abandonar el contrato (causas L. 76.799, "Ortíz", sent. de 16-VIII-2003 y L. 83.328, "Molina", sent. de 18-IV-2007); no lo es menos que el alcance de la doctrina no se agota en el enunciado anterior, pues se integra con el sustento relativo a que, concretado el despido, el incumplimiento alegado debe evaluarse a la luz de lo dispuesto por el art. 242 del mismo cuerpo normativo (causas L. 84.159, "Alvarez", sent. de 2-III-2005; L. 94.496, "Borlandelli", sent. de 12-X-2011; L. 118.581, "Rodríguez", sent. de 11-VI-2020; e.o.).
Así lo analizó el juzgador de grado al examinar la conducta asumida por el trabajador desde que fuera intimado por la patronal a reintegrarse a sus tareas (v. fs. 360/363).
Esta esencial motivación de la sentencia objetada no es cuestionada eficazmente por el recurrente, lo que resulta concluyente para definir la ausencia de aptitud de la réplica para obtener la modificación de lo decidido.
En este sentido, con arreglo a reiterada doctrina de esta Suprema Corte, conviene recordar que forma parte de las atribuciones que son propias de los tribunales de trabajo analizar, conforme las pruebas arrimadas y los escritos constitutivos de la litis, la forma en que se produjo la rescisión contractual, estando la decisión respectiva, en principio, marginada de la casación, salvo la eficaz y acabada demostración de absurdo (causas L. 108.316, "Peláez", sent. de 3-IV-2014; L. 110.966, "Décima", sent. de 15-VII-2015; L. 117.616, "Negueruela", sent. de 26-IV-2017; e.o.). Este vicio invalidante, no obstante haber sido invocado por el impugnante, no logra ser demostrado.
Ello así, en tanto este último expone su propia versión -discrepante con la del tribunal de grado- acerca del modo en que considera que debió resolverse la cuestión litigiosa, segmentando el entramado fáctico considerado por el tribunal de trabajo.
Todo lo dicho enerva la aptitud de la queja para desvirtuar las conclusiones definitorias del fallo, en el que, a partir del examen de las circunstancias fácticas que concurrieron en la especie y del análisis del comportamiento desplegado por las partes en la fase previa a la extinción del contrato de trabajo, se resolvió tener por configurado el abandono de trabajo.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Torres en el apartado I.1. de su sufragio.
I.2. En cuanto al agravio que gira en torno al despido, he de exponer ciertas reflexiones que me conducen a su desestimación.
I.2.a. Sostuvo el tribunal de grado que ninguna de las circunstancias por las que el trabajador intimó al principal bajo apercibimiento de darse por despedido y por las cuales retuvo tareas, quedó acreditada.
Ya analizando puntualmente la causa del despido, desde la misiva enviada por el empleador, señaló que a pesar de ser emplazado con ese objeto el dependiente no concurrió a prestar tareas; agregó un dato por demás relevante en su razonamiento: destacó que en esos días el accionante se encontraba realizando gestiones para habilitar una inmobiliaria que -al poco tiempo- puso en funcionamiento bajo su titularidad, siendo el martillero responsable. Con ese comportamiento como pilar de su juicio, juzgó configurado el abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo invocado por el empleador.
I.2.b. El recurrente centra sus esfuerzos en afirmar que en el caso no concurren los extremos que requiere la configuración de la causal extintiva de abandono de trabajo. En este sentido, pone énfasis en que frente a la intimación que cursó el principal para que el dependiente se reintegrase al trabajo, el trabajador expuso en su comunicación postal los motivos por los que consideraba justificada su no concurrencia, lo que -asegura- demuestra la inexistencia de la voluntad de abandono que se le endilgó.
I.2.c. Ello no dota de suficiencia al recurso frente a las particularidades del caso relevadas en la línea argumental sobre la que se estructura el pronunciamiento.
Es que, como se advirtió, apartado de los motivos utilizados por el trabajador para intentar rodear de visos de legitimidad a su retención de labores -al cabo, desechados a causa de su falta de acreditación-, en rigor, en la lógica del tribunal de trabajo el dependient
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