Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128177
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2, con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó íntegramente la demanda entablada por Miguel Ángel Leal contra María Cristina Marti por la que procuraba el cobro de la indemnización derivada del despido y demás rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 5-X-2021).
Para así decidir, tras valorar en conciencia las pruebas producidas, juzgó que el accionante no logró acreditar el elemental y sustancial punto de apoyo de su acción, cual es la existencia de la relación laboral invocada.
II. Contra lo así resuelto, el legitimado activo interpone recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-X-2021), los que fueron concedidos por el a quo (v. providencia de fecha 19-X-2021); habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 12-IV-2022).
III.1. En la vía extraordinaria de nulidad el interesado denuncia que la sentencia atacada transgrede los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En lo esencial, se agravia de la omisión, que imputa incurrió el sentenciante de origen, en el tratamiento de las condiciones y modalidades del vínculo laboral mantenido con la accionada -en particular, el lugar de prestación de tareas- descriptas tanto en el escrito de demanda como en ocasión de responder el traslado prescripto por el art. 29 de la ley 11.653, las cuales, agrega, fueron oportunamente corroboradas en el curso del proceso a través de las pruebas testimonial y pericial contable.
Por otro lado, se disconforma de la condena en costas sin el beneficio de gratuidad. Al respecto entiende que la misma es excesiva toda vez que el mismo se consideraba con un derecho genuino y real a reclamar sus créditos laborales.
III.2. Coincidiendo con el dictamen del señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.3. Cabe recordar, que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.039, "Peralta" y L. 125.301, "Ruffo", resols. de 12-II-2021).
III.3.a. En tal sentido, se observa que el embate articulado carece de andamiaje, desde que la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
Cabe agregar a ello, que las alegaciones referidas a la apreciación y valoración del material probatorio, como a su deficiente examen por el tribunal de grado, no pueden ser canalizadas mediante la vía extraordinaria de nulidad intentada (causas L. 124.188, "Moreda", resol. de 17-VI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
III.3.b. Igualmente improcedente deviene el agravio vinculado con la imposición de las costas, porque el acierto de la decisión es una cuestión ajena al recurso de nulidad y propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causa L. 78.698, "Marinich", sent. del 23-XII-2003; L. 90.361, "Avalos", sent. del 6-VI-2007 y L. 94.453, "Establecimiento", sent. del 15-IV-2009).
III.3.c. Por otro lado, deviene inatendible la invocada violación del art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 93.559, "Elinger", sent. de 3-III-2010; L. 99.778, "Nievas", sent. de 5-V-2010 y L. 105.984, "Dafnos", sent. de 12-X-2011), hipótesis que no concurre en la especie.
IV. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el interesado se disconforma de la conclusión a la que arribó el tribunal de grado en cuanto tuvo por no probado el vínculo laboral denunciado en el escrito de inicio.
Por lo demás, reitera su objeción a la imposición de costas a su parte sin el beneficio de gratuidad.
IV.1. El recurso no puede prosperar.
IV.2. De modo liminar, cabe destacar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el monto de lo reclamado en demanda con más el importe en concepto de costas de cuya imposición se agravia- no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
IV.3. Desde tal perspectiva, no se advierte configurado en la especie el supuesto habilitante, toda vez que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones fácticas o probatorias -como lo es, en el caso, determinar si existió una relación laboral entre las partes-, los cuales se encuentran detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 122.637, "Barcala", resol. de 13-X-2020; L. 124.686, "Tuñón", resol. de 16-X-2020 y L. 125.039,"Peralta", resol. de 12-II-2021).
Asimismo, cabe recordar que se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este Superior Tribunal, la mención de la opinión personal de sus ministros o la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
IV.4. Tampoco se observa el excepcional supuesto habilitante respecto de la restante crítica vinculada con la imposición de costas del proceso, en tanto es suficiente para desestimar la vía articulada lo dicho por esta Corte en cuanto a que no resulta aplicable a una cuestión accesoria como la imposición de costas, la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, desde que, tratándose la misma de una facultad privativa de las instancias ordinarias y típicamente de hecho, no puede alegarse la existencia de doctrina legal en el sentido que le ha asignado este Tribunal (causas L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012; L. 116.947, "Soriano", sent. de 25-VI-2014 y L. 120.131, "Graff", resol. de 12-IV-2017 y L. 127.691, "Janson", resol. de 13-XII-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/04/2022 12:41:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/05/2022 09:02:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2022 19:37:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 09:42:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 09:59:05 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia