Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128056
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Eduardo Gabriel Cañete y condenó a Sedisur S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización derivada del despido y otros rubros de naturaleza laboral. La rechazó, en cambio, respecto de los codemandados Mondelez Argentina S.A., Esteban Enrique Gerardo Wanrooy y Esteban Diego Wanrooy (v. veredicto y sentencia de fecha 7-IX-2021).
Para así decidir, -en lo que interesa destacar por ser materia de agravio- juzgó que, no acreditada la recepción de las comunicaciones cursadas por el trabajador a las citadas personas físicas accionadas, no correspondía examinar los supuestos incumplimientos que el actor les imputó como responsables de Sedisur S.A.
Asimismo, entendió que tampoco se acreditó que esta última sociedad y Mondelez Internacional S.A. constituyeran un grupo económico.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 20-IX-2021), el que fue concedido por el a quo (v. providencia de fecha 22-IX-2021).
En su presentación relata los antecedentes de la causa, cita las normas, las garantías y las doctrinas que estima violadas.
En lo esencial, denuncia que el sentenciante incurrió en absurdo en la valoración de la prueba al no hacer extensiva la condena hacia los codemandados Esteban Diego Wanrroy y Esteban Enrique Gerardo Wanrooy y en cuanto descartó la existencia de un grupo económico entre Sedisur S.A. y Mondelez Argentina S.A.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente se impone observar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto de condena cuya extensión solidaria se pretende- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 123.059, "Moritan", resol. de 14-VIII-2019).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
III.2. En este contexto, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.038, "Díaz", resol. de 11-IV-2018; L. 122.808, "Vildoso Sisterna", resol. de 26-VI-2019 y L. 123.183, "Guzmán", resol. de 18-XII-2019).
III.3. Para más, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021; L. 125.520, "Rodríguez", resol. de 12-IV-2021 y L. 125.504, "Dam", resol. de 28-IV-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/04/2022 12:40:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/05/2022 09:02:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2022 19:36:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 09:42:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 09:58:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia