Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128189
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, decretó la caducidad de la instancia en la causa que Claudia Verónica Capillas promoviera contra MI PA MET S.R.L, Rosa Beatriz Fusca, Gabriela Miot y Mauricio Fernando Miot; en procura del cobro de diversos rubros indemnizatorios derivados de la extinción del contrato de trabajo (v. resolución de fecha 24-IX-2021).
Para así resolver, entendió que había transcurrido, el plazo establecidos en el art. 12 de la ley 11.653 sin que la accionante realice actividad procesal útil para la prosecución del trámite de la causa, a pesar de la intimación cursada al efecto.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 13-X-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 14-X-2021).
En su impugnación denuncia absurdo en la valoración de los hechos. Contrariamente a lo concluido en el fallo, asegura no verificada, en el caso, la falta de impulso procesal de su parte o desinterés en la prosecución de las actuaciones, pues entiende que la carga procesal del impulso dependía del tribunal de grado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone recordar que la actividad procesal útil para la prosecución del trámite que se desarrolle en cumplimiento de la intimación efectuada por el tribunal de origen en los términos del art. 12 de la ley 11.653 ha de ser valorada con razonabilidad y criterio amplio, apartado de lo puramente ritual (causas L. 122.112, "Barraza", resol. de 29-V-2019 y L. 124.153, "Reggini", resol. de 11-VI-2020).
En el caso, el a quo , consideró que ante la falta de impulso procesal -la última presentación efectuada por la parte actora data del 23-IV-2019-, la intimó (v. proveído y notificación de fecha 6-VII-2021), a fin de que en el plazo de cinco días produzca actividad procesal útil, bajo apercibimiento de decretarse la caducidad de instancia.
Luego, ante el silencio, la ausencia de petición o presentación alguna en las actuaciones, juzgó que la accionante había demostrado un manifiesto desinterés en la prosecución de la causa, sin que existiese un deber de impulso procesal de oficio por parte del Tribunal.
III.2. Es importante destacar, que los argumentos que contiene el recurso bajo examen no logran rebatir las razones expuestas por el tribunal de grado para decidir en el sentido que lo hizo, ni ponen en evidencia la falta de razonabilidad en el análisis de las constancias de la causa, limitándose la impugnante a exhibir su disconformidad con lo resuelto, a partir de meras discrepancias subjetivas, carentes de idoneidad como tales para conmover las conclusiones del fallo (causas L. 121.749, "Gamardo", resol. de 13-II-2019 y L. 122.112, "Barraza", resol. de 29-V-2019).
En este orden, conviene recordar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la formulación de su crítica se reduce -en rigor- a una simple divergencia de opinión con las motivaciones sentenciales que inspiran el pronunciamiento (causas L. 121.971, "Avalos", resol. de 7-III-2019 y L. 124.153, "Reggini", resol. 11-VI-2020).
III.3. Asimismo, ha de señalarse que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 122.268, "Carzoglio", resol. de 27-II-2019 y L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019), supuesto no comprobado en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/05/2022 22:29:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/05/2022 11:36:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2022 16:46:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 13:39:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 16:10:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/05/2022 11:15:46 hs. bajo el número RR-608-2022 por ALFANO DANIEL.
Fin de la sentencia