Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128308
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por Orlando Alfredo Torres y Héctor Marcelo Laprida y condenó a Roberto Daniel Requejo, a apagar la suma que indicó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral. La rechazó, en cambio, en cuanto procuraban extender la responsabilidad contra SC Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. (v. pronunciamiento de fs. 578/586 vta.).
Para así decidir, valorando los distintos elementos probatorios adunados a la causa, concluyó acreditado que cada uno de los actores se vinculó con el codemandado Requejo mediante una relación de trabajo con sus notas características de subordinación técnica, jurídica y económica.
Por el contrario, respecto a la restante codemandada, juzgó no probados los presupuestos que justifiquen la aplicación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, por cuanto las tareas secundarias o accesorias desarrolladas por Torres y Laprida (servicios de transporte de pasajeros) no participaban directamente con la finalidad empresarial de SC Johnson & Son de Argentina S.A.I.C.
II. Frente a lo así resuelto, los legitimados activos deducen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 1-III-2020), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resolución del 1-VI-2020).
En su presentación relatan los antecedentes de la causa. Citan las normas y la doctrina que consideran violadas. Alegan absurdo en la interpretación de las pruebas y la alteración de las reglas del onus probandi .
En lo esencial, objetan que el tribunal tuviera por no demostradas las relaciones de empleo invocadas con la empresa codemandada, y que no haya extendido solidariamente la condena contra ésta, entendiendo que el transporte privado de pasajeros brindado por los reclamantes coadyuvaba a la actividad principal de aquella.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es que la evaluación de las circunstancias fácticas necesarias para la configuración de la situación contemplada por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo configura una típica cuestión de hecho y prueba, propia de los jueces de la instancia ordinaria irrevisable en casación, salvo absurdo (causas L. 112.987, "Villanueva", sent. de 30-X-2013; L. 117.087, "Benavídez", sent. de 4-VI-2014 y L. 121.964, "Balasso", resol. de 5-XII-2018).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), pues no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más, esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020).
III.2 En ese orden, el sentenciante de grado entendió probada la existencia de una relación de trabajo dependiente y subordinada, únicamente, entre los actores y Roberto Daniel Requejo.
Por el contrario, juzgo que los reclamantes no demostraron la alegada responsabilidad solidaria, en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, de la firma SC Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., pues las tareas desarrolladas por Torres y Laprida (servicio privado de transporte de personas -remises-) en beneficio de la citada sociedad, no contribuían directamente con la finalidad empresarial, sino que se vinculaba con un aspecto secundario, accesorio o excepcional al objeto principal de la sociedad accionada.
III.3. Tal conclusión no logra ser conmovida por los impugnantes, pues si bien han denunciado el referido vicio de absurdo, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia, ya que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas "Girimonti", resol. de 5-VI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 126.986, "Giménez", resol. de 29-XI-2021).
De este modo, la argumentación que formulan no exhibe otro sustento más que su disconformidad con la decisión de grado, señalando posibles deficiencias en la evaluación realizada por los sentenciantes, pretendiendo esencialmente hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador en lo que atañe a la facultad de interpretar las probanzas del proceso, método este totalmente inapropiado para evidenciar el absurdo alegado (causas L. 126.316, "Schwindt", resol. de 20-X-2021 y L. 127.628, "Benítez", resol. de 28-XII-2021).
Por lo demás, deviene necesario destacar que, en el proceso laboral, la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 121.071, "Yughos", resol. de 30-V-2018; L. 123.379, "Martinelli", resol. de 20-V-2020 y L. 126.782, "Bello", resol. de 7-IV-2022).
Recuérdese que la hipótesis de la efectiva representación del vicio de absurdo no se verifica frente a la decisión opinable, discutible o poco convincente o ante la posibilidad de otras interpretaciones, no pudiendo sustituirse el criterio del juzgador de grado por el personal del recurrente, ni por el propio de la Suprema Corte (causa L. 101.038, "Riera", sent. de 10-XI-2010).
III.4. También, conviene señalar que la valoración de la prueba pericial constituye el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de trabajo, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria salvo demostración de dicha anomalía sentencial (causas L. 123.939, "Goitizolo", resol. de 29-VII-2020 y L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020), no evidenciado -tampoco- sobre el tópico.
III.5. Por su parte, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas de la carga de la prueba, los interesados no evidencian que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 121.408, "Lizaso", resol. de 29-VIII-2018 y L. 127.873, "Gómez", resol. de 1-IV-2022), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
III.6. Finalmente, tampoco luce útil la denuncia de violación de garantías constitucionales que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado -primeramente- preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 125.021, "Fernández", resol. de 22-X-2020 y L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/05/2022 15:09:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/05/2022 10:18:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 13:42:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 19:53:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 07:52:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2022 10:41:42 hs. bajo el número RR-656-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia