Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128035
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en el punto III.2, no reúnen los requisitos esenciales, y los tratados en el III.3. y III.4. han sido insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó -por mayoría- la acción promovida por Carlos Alberto Suriani contra Roberto Miliffi y Cía. S.A. en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 4-VI-2021).
Para así decidir, y en lo que resulta necesario destacar por constituir materia de agravios, juzgó que no se acreditó en autos la fecha ni el modo en que se disolvió el vínculo de trabajo entre las partes.
Asimismo, concluyó que el accionante no probó haber emplazado a su principal a que entregue las constancias documentadas que acrediten el ingreso de los aportes retenidos a los organismos de la seguridad social.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 18-VI-2021), el que fue concedido por el a quo (v. providencia de fecha 13-VII-2021).
En primer lugar, el interesado controvierte la desestimación de la sanción establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, denunciando absurdo en la valoración y apreciación de la prueba informativa y de los recibos de sueldos incorporados a la causa.
Por otro lado, objeta el rechazo de los rubros indemnizatorios que peticionó en la demanda vinculados al despido, toda vez que, contrariamente a lo concluido por el juzgador, el distracto se produjo como consecuencia del cese de la actividad mercantil de la demandada.
Finalmente entiende que el sentenciante omitió pronunciarse respecto de los rubros vacaciones, sueldo anual complementario, "días trabajados", la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y entrega de la certificación de servicios previstas en la citada norma.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. En el caso, los cuestionamientos traídos por el interesado versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), constatándose que dos de ellas -la entrega del certificado de servicios previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la sanción conminatoria del art. 132 bis de la citada ley- debe juzgarse como de monto indeterminado (causas L. 121.284, "Bernardo", resol. de 6-XII-2017; L. 122.319, "Sernal", resol de 27-II-2019; L. 123.060, "Font", resol. de 11-III-2020; L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021 y L. 126.836, "Fernández", resol. de 26-V-2021).
III.2.a. En cambio, la admisibilidad respecto de los restantes agravios propuestos -representado por los importes correspondientes al distracto y los rubros salariales que integraban la demanda rechazada-, no superan el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (ley 14.141), de modo que la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser analizado dentro del marco definido en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley ritual del fuero.
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.2.b. En ese marco, y en relación a los planteos que porta el recurso vinculados al distracto, no se advierte configurado en la especie el supuesto habilitante previsto en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, desde que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte relacionada con la temática que impugna, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 122.808, "Vildoso Sisterna", resol. de 26-VI-2019; L. 123.183, "Guzmán", resol. de 18-XII-2019 y L. 126513, "Romero", resol. de 6-VIII-2021).
III.2.c. Por lo demás, cabe recordar que, respecto de los rubros vacaciones, sueldo anual complementario, "días trabajados" y la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, que el interesado denuncia como preteridos, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar la denuncia por omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, pues tal impugnación es materia propia del de nulidad (causas L. 120.800, "Fleita", sent. de 13-XI-2019; L. 121.164, "Cardozo", sent. de 27-XI-2019 y L. 121.046, "Trillo", sent. de 6-V-2020).
III.3.a. Ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad, el embate dirigido a censurar aquella parcela del pronunciamiento que rechazó la imposición de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues el importe de la penalidad establecida en la citada norma legal sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna al litigio, a los fines del recurso, como de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 117.532, "Norese", resol. de 1-VII-2015; L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019 y L. 126.825, "Cherchyk", resol. de 17-VIII-2021).
III.3.b. Sentado ello, esta Corte ha señalado que determinar -con arreglo a las constancias adunadas en la causa- si se verifican los requisitos a los cuales la citada norma del art. 132 bis de la ley 20.744 subordina la aplicación de la sanción allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (art. 55, ley 11.653; L. 120.003, "Peralta", 24-IV-2019, L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019 y L. 123.851, "Irazoqui", resol. de 27-V-2020).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 86.645, "Barroso", sent. de 21-V-2008 y L. 100.946, "Piza", sent. de 2-VII-2010), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII- 2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.3.c. En el caso, el órgano judicial de grado rechazó la pretensión del trabajador tendiente a percibir la citada sanción conminatoria, señalando que el accionante no acreditó haber emplazado a su principal a que entregue las constancias documentadas que acrediten el ingreso de los aportes retenidos a los organismos de la seguridad social.
Así, las conclusiones expuestas en la sentencia impugnada no logran ser descalificadas por el recurrente. Ello así, puesto que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de aquella tarea llevada a cabo por los magistrados, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas "Girimonti", resol. de 5-VI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 126.986, "Giménez", resol. de 29-XI-2021).
A lo expuesto cabe acotar que la selección, jerarquización y valoración del material probatorio constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo y las conclusiones que al respecto formule, no son susceptibles de revisión ante la instancia extraordinaria, salvo invocación y demostración del vicio de absurdo (causas L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020), vicio que el impugnante -como se anticipó- no logra demostrar.
En suma, el agravio traído revela la ausencia de idoneidad para rebatir la decisión adoptada en la instancia de origen, pues no aporta ningún elemento convincente que demuestre que la solución dada al caso sea absurda, o el error en la aplicación de las normas que se denuncian violadas.
III.4. Finalmente, el planteo vinculado a que el tribunal de origen omitió expedirse acerca de la entrega de la certificación de servicios prevista en el art. 80 de la ley de Contrato de Trabajo, resulta notoriamente inviable, por cuanto, como se adelantó, la supuesta preterición en el tratamiento de cuestiones esenciales es materia propia del recurso extraordinario de nulidad y ajena, por ende, al de inaplicabilidad de ley (causas L. 103.565, "Bugatti", sent. de 12-X-2011; L. 108.439, "Careri", sent. de 4-VII-2012; L. 111.692, "Tersiese", sent. de 6-III-2013; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 107.358, "López", sent. de 15-VII-2015; L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016 y L. 125.868, "Monzón", resol. de 4-III-2021).
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
A tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) -y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013); entre otras-, acompaño lo decidido por los doctores preopinantes en el punto III.1 de su propuesta.
Luego, también adhiero a lo expuesto por los colegas que inauguran el Acuerdo en los puntos III.2. III.3 y III.4 de su voto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en el punto III.2, no reúnen los requisitos esenciales, y los tratados en el III.3. y III.4. han sido insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/05/2022 15:08:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/05/2022 10:17:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 13:42:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 19:53:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 07:50:45 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2022 10:40:33 hs. bajo el número RR-638-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia