Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128360
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por Leonel Omar Ayala contra Tecla S.R.L. en concepto de las indemnizaciones derivadas del distracto y otros rubros laborales (v. pronunciamiento de fecha 9-XI-2021).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, juzgó que el actor no acreditó los motivos injuriantes que invocó para considerarse en situación de despido indirecto.
En ese sentido, señaló que la prueba producida no resultó suficiente para probar que Ayala realizará tareas propias de una categoría laboral distinta a la que se encontraba registrado, así como tampoco que percibiera una remuneración superior a la consignada en sus recibos de haberes.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 24-XI-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 25-XI-2021).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera violadas.
En esencia, objeta que el juzgador no hubiera tenido por acreditado el pago de sumas "en negro", así como el trabajo en horas extraordinarias. Al respecto, alega que ello surge de las declaraciones testimoniales, las cuales fueron omitidas por el tribunal de grado.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. Liminarmente, dable es recordar, ante todo, que determinar las circunstancias fácticas de la causa -en el caso, el pago de sumas por fuera de los recibos de haberes y la prestación de tareas en horas suplementarias-, como también evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, y la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (art. 242, LCT; causas L. 121.070, "Gómez", resol. de 28-III-2018; L. 122.135, "Rojas", resol. de 5-VI-2019; L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020; L. 126.955, "Russo", resol. de 30-VIII-2021 y L. 125.465, "Falcón", resol. de 11-II-2022).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020; L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020 y L. 127.871, "Martínez", resol. de 7-III-2022).
III.2. En el caso, el compareciente agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores por el propio, exponiendo un particular y personal punto de vista en orden a la apreciación de los hechos y las pruebas, sistema que -repetidamente- se ha considerado impropio para descalificar la decisión de grado (causas L. 121.217, "Loncon", resol. de 10-IV-2019 y L. 126.954, "Aquino", resol. de 23-VIII-2021).
En efecto, la impugnación sólo exhibe, como sustento, la opinión divergente del recurrente respecto de la entidad probatoria que el sentenciante -en ejercicio de sus facultades privativas- atribuyó a los elementos de juicio incorporados a la causa -especialmente las declaraciones testimoniales y la pericia contable-, los que hubieran permitido -a criterio del quejoso- corroborar las circunstancias fácticas expuestas en el escrito de demanda. Una formulación de ese tenor no resulta idónea para evidenciar el vicio de absurdo denunciado, pues sólo trasunta la intención de disputarle al juzgador de origen las potestades exclusivas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 125.672, "Insfran", resol. de 22-II-2021 y L. 127.100, "Cuturello", resol. de 13-X-2021).
En este aspecto, cabe recordar que, en lo que atañe a la evaluación de la prueba oral, la misma queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.148, "Gnecco", resol. de 27-V-2020; L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020 y L. 122.704, "Ríos", resol. de 6-XI-2020), que -como se dijo- la interesada no logra demostrar.
Recuérdese, además, que los jueces de trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que proponen las partes a su consideración, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el pronunciamiento. Ello así, pues al prevalecer la apreciación en conciencia de las pruebas aportadas, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros, sin que su opinión pueda revisarse en la instancia extraordinaria (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019; L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020 y L. 127.012, "Gorjon", resol. de 22-IX-2021).
III.3. Asimismo, en cuanto a la denuncia de transgresión al art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe advertir que esta Corte tiene dicho que no resulta de aplicación la regla in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 121.554, "Pique", resol. de 26-IX-2018; L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020 y L. 127.462, "Cohen", resol. de 6-XII-2021).
III.4. Tampoco luce útil la denuncia de violación de garantías constitucionales que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado -primeramente- preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 125.021, "Fernández", resol. de 22-X-2020; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 127.720, "Besi", resol. de 7-III-2022), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
III.5. Finalmente, cabe memorar que para que una sentencia sea descalificada por arbitraria debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación del fallo que él exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas (causas L. 84.586, "Aguilar", sent. de 8-XI-2006; L. 116.678, "Mendilahatzu", sent. de 17-XII-2014 y L. 123.406, "Infante", resol. de 1-VI-2020), situación que tampoco se advierte en estos autos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/05/2022 19:56:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2022 10:22:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 11:15:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2022 09:06:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2022 09:50:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/05/2022 12:52:27 hs. bajo el número RR-697-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia