Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128474
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón, en lo que interesa destacar, rechazó la demanda promovida por Alejandro Adolfo Schmidt contra Frávega S.A.C.I.E.I., por la que se perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, la reparación por daño moral y psicológico y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 26-XII-2021).
Para así decidir, con fundamento en las probanzas aportadas a la causa, juzgó justificado el despido dispuesto por la patronal, motivado en la pérdida de confianza.
Asimismo, tuvo por no demostrado que el accionante presente daño psicológico y que fuera víctima de mobbing en su lugar de trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 14-XII-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 16-XII-2021).
En su presentación, alega que la decisión de grado, en cuanto desestimó la acción impetrada, resulta arbitraria y violatoria de las normas, los principios y las garantías constitucionales que cita.
En concreto, le endilga al fallo atacado una fundamentación dogmática, insuficiente y solo aparente. Invoca absurdo en la interpretación de los hechos y de las pruebas documental, informativa y testimonial.
Esgrime que el juzgador se apartó de la prudencia que se le exige a la hora de ponderar la cuestión debatida de conformidad con lo dispuesto por el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese sentido, acusa que la conclusión luce desconectada de los parámetros de causalidad, oportunidad y proporcionalidad.
Sostiene que, en virtud del principio de buena fe previsto en el art. 63 de la ley 20.744, la empleadora debió, antes de despedir al trabajador, emplear otras sanciones previas, acorde con la irregularidad endilgada.
Afirma que la versión de la demandada, validada luego por el juzgador, no es más que una expresión tergiversada y exagerada, no constatada con las probanzas recolectadas en el expediente.
Por último, refiere que el sentenciante incurre en un desvío notorio de las leyes de la lógica y que desnaturaliza las reglas de la sana crítica.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone recordar, que evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de la causal invocada para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que éstos al respecto formulen, sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.465, "Falcon", resol. de 11-II-2022).
En tal sentido, es dable destacar que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de origen el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
III.2. En el caso, el interesado no cumple con la carga de comprobar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante de grado debió ponderar la prueba aportada al proceso (causas L. 123.048, "Toledo", resol. de 19-VI-2019; L. 123.755, "Afonso", resol. de 4-III-2020 y L. 125.047, "Hastoy", resol. de 9-XII-2020), método que esta Corte reiteradamente ha declarado como inhábil para la apertura de la etapa casatoria.
De esta manera, la impugnación resulta ineficaz para rebatir la motivación esencial del fallo atacado, en punto a que el despido dispuesto por la patronal resultó justificado, en tanto se acreditó que el actor, en franca inobservancia de las obligaciones contractuales, que enervan los principios de buena fe que deben regir en toda relación laboral, tomó del cuello a un compañero en su lugar de trabajo, no resultando eximentes de tal hecho, el buen concepto que han expresado algunos de sus ex compañeros de trabajo, ya que la citada violencia física ejercida -que no fue una discusión o cambio de opiniones en tono elevado- no consiente, por su gravedad, la continuidad del contrato de trabajo y justifica la decisión adoptada por la empleadora.
En rigor, los fundamentos del pronunciamiento -antes señalados- no son eficientemente descalificados, en tanto la réplica se circunscribe a la exhibición de un criterio discordante, disputándole al juzgador de grado las atribuciones que le asisten en las cuestiones de índole fáctica y valoración probatoria, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, técnica que, sabido es, resulta insuficiente para exhibir la concurrencia de absurdo (causas L. 121.621, "Campo", resol. de 21-XI-2018; L. 122.858, "Pedraza", resol. de 30-X-2019 y L. 124.512, "Giménez", resol. de 28-VIII-2020).
III.3. En particular, cabe recordar que la valoración de la prueba oral queda reservada a los magistrados de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016; L. 124.787, "De La Cruz", resol. 21-XI-2020 y L. 126.782, "Bello", resol. de 7-IV-2022), supuesto excepcional que el impugnante nuevamente fracasa en demostrar.
Corresponde añadir que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en el que rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. "d", ley 11.653; causas L. 122.880, "Maidana", resol. de 6-XI-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.648, cit.).
III.4. En torno a la denuncia de infracción a la regla in dubio pro operario , corresponde aclarar que esta Suprema Corte ha declarado que la duda a la que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juez al tiempo de dictar sentencia y por lo tanto, no resulta de aplicación tal principio si -como en el caso- los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 122.224, "Donadio", resol. de 10-IV-2019; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020; L. 124.761, "Travaglia", resol. de 13-X-2020 y L. 126.360, "Giacomini", resol. de 8-VI-2021).
III.5. Para más, cabe advertir que la determinación de la existencia o no de buena fe en un caso dado constituye una cuestión de hecho ajena -en principio- a la revisión extraordinaria en tanto supone el análisis de la conducta observada por las partes, salvo la existencia del vicio excepcional de absurdo que -como se dijo- no se evidencia en la especie (causas L. 119.844, "Pietronave", resol. de 24-VIII-2016; L. 121.743, "Moriconi", resol. de 20-II-2019 y L. 127.399, "Zaldúa", resol. de 23-XI-2021).
III.6. Finalmente, corresponde señalar que la invocada conculcación de principios y normas constitucionales no comporta un adecuado sustento del remedio bajo examen, cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la transgresión de otras normas legales que en autos no fueron acreditadas (causas L. 123.657, Ortiz", resol. de 20-V-2020 y L. 128.157, "Bucci", resol. de 23-II-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/06/2022 16:28:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2022 09:09:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2022 10:00:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2022 00:46:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2022 08:49:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/06/2022 15:06:03 hs. bajo el número RR-772-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia