Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127984
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen rechazó la demanda promovida por Santiago Omar Barraza contra Ana María Reyna, Elías Allasia y el Trequen S.H. por la cual perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y demás rubros de linaje laboral. Asimismo, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado Domingo Allasia e impuso las costas a la actora (v. pronunciamiento de fecha 13-VIII-2021).
Para así decidir, tras valorar en conciencia la prueba producida, juzgó acreditado que el actor se vinculó en relación de dependencia laboral con Ana Maria Reyna desde el 1 de febrero de 2005, continuando la relación, desde el año 2016, con la firma Trenquen S.H., integrada por los accionados Domingo Allasia, Elias Allasia y la citada Ana María Reyna, cumpliendo tareas de repositor y repartidor hasta el 7 de agosto de 2018 en que extinguió el vínculo.
Asimismo, consideró no acreditada la fecha de ingreso denunciada en la demanda, como así tampoco la categoría laboral y la extensión de labores más allá de la jornada legal, razón por la cual, concluyó que el trabajador se encontraba correctamente registrado y que carecía de motivos válidos para retener tareas y considerarse despedido.
En cuanto a la multa del art. 80 de la ley 20.744, puntualizó que la accionada, al contestar la demanda, acompañó debidamente la certificación de servicios y remuneraciones prevista en la citada norma.
II. Contra lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 31-VIII-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 6-IX-2021).
En su impugnación relata los antecedentes de la causa, cita normas y doctrina legal que considera conculcadas.
Con denuncia de absurdo y arbitrariedad, se agravia de la valoración de las pruebas efectuada por el juzgador de origen en cuanto consideró injustificado el despido indirecto dispuesto por el trabajador.
En este sentido, señala que el tribunal de origen, por un lado, omitió de plano la prueba documental acompañada por las partes y realiza un análisis sesgado de las declaraciones testimoniales producidas en la causa, pero además, tampoco tuvo en cuenta que, en el "acta administrativa", confeccionada por el empleador en presencia de testigos, por la que se intentaba demostrar las ausencias justificadas del trabajador, se reconoce expresamente las reales tareas que realizaba Barraza, el horario cumplido y el hostigamiento sufrido.
Asimismo, cuestiona que el tribunal acogiera la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado Domingo Allasia. En este aspecto, alega que el a quo omitió analizar el intercambio telegráfico, de donde surge que las misivas enviadas por la empleadora eran suscriptas por el nombrado accionado.
Se agravia además, de la decisión del tribunal de tener por satisfecha la entrega de los certificados de trabajo con los instrumentos adjuntos al escrito de contestación de demanda, como así también del rechazo de la indemnización prevista en el art. 80 de la ley 20.744.
Finalmente, objeta la imposición de costas a su parte.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, es menester recordar que la apreciación de las circunstancias fácticas y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, así como la determinación de las condiciones en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen cuestiones de hecho reservadas a los jueces de la instancia ordinaria y, en consecuencia, se hallan marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración de absurdo (causas L. 122.775, "Ilión", resol. de 21-VIII-2019; L. 125.565, "Molina", resol. de 14-XII-2020 y L. 125.158, "Sangorrín", resol. de 4-III-2021), único supuesto en que esta Corte se encuentra habilitada para revisar las conclusiones fácticas del fallo.
La demostración del vicio señalado requiere de la configuración del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020). Pues, no lo constituye cualquier yerro ni la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
III.1.b. En el caso, el sentenciante entendió que la extinción del vínculo dispuesta por el trabajador resultó injustificada, toda vez que la prueba producida en autos dio cuenta que el actor se encontraba correctamente registrado en cuanto a la fecha de ingreso, tareas, categoría y horario laboral y que no tuvo motivos valederos para retener tareas y considerarse despedido.
III.1.c. Estas esenciales conclusiones no logran ser conmovidas por el recurrente, toda vez que en su recurso sólo esboza un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento en crisis, a partir de una disímil apreciación de los hechos y las pruebas ponderadas en el fallo. Y en dicha labor (de suyo inhábil para evidenciar la existencia del vicio de absurdo que denuncia) soslaya rebatir eficazmente los motivos que llevaron al juzgador a desestimar los reclamos formulados en el escrito liminar.
En este sentido, reiteradamente ha señalado esta Suprema Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficazmente todos los argumentos esenciales del fallo objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ésta se asienta (causas L. 91.407, "Flores", sent. de 25-II-2009; L. 111.383, "Canovil", sent. de 26-III-2014; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014 y L. 122.683, "Aguado", resol. de 16-VI-2020).
III.1.d. Por otro lado, corresponde destacar que no resulta hábil para desvirtuar las conclusiones del fallo en crisis, el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, pues la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.380, "Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020), que el interesado -como se dijo- no logra demostrar.
III.2. Seguidamente, cabe apuntar que el déficit reseñado en el apartado que precede también se verifica respecto del agravio dirigido objetar el acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Domingo Allasia, pues el recurrente tampoco se ocupó de rebatir eficazmente la decisión del órgano judicial de grado, para quien, la prueba obrante en autos dio cuenta que el codemandado mencionado, no era un integrante de la sociedad de hecho, la cual se encontraba constituida únicamente por Ana María Reyna y Elías Allasia.
Así, la crítica nuevamente se desdibuja en cuestionamientos laterales y fragmentados, sin contener una réplica adecuada, concreta e integral sobre las motivaciones del fallo, de las cuales se desentiende (L. 121.714, "Emanuelli" resol. de 13-II-2019 y L. 121.802, "Pérez", resol. de 27-II-2019).
III.3. Por otro lado, sabido es, que la apreciación del contenido de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituye una facultad privativa de los tribunales de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 107.254, "Alveira Gracilazo", sent. de 5-VI-2013; L. 110.487, "Ojer", sent. de 13-XI-2013; L. 119.555, "Bocca", sent. de 15-VIII-2018 y L. 127.092, "Sassou", resol. de 13-XII-2021).
En el caso, tal vicio no es eficazmente denunciado y menos aún evidenciado en esta parcela del recurso. Las genéricas alegaciones formuladas en modo alguno abastecen la carga de demostrar, a través de una concreta argumentación, la efectiva acreditación del error grosero y manifiesto, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa configurativo del absurdo (causas L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015; L. 118.280, "Martín", sent. de 9-XI-2016 y L. 118.372, "Rotolo", sent. de 29-III-2017).
III.4. Finalmente, la crítica relativa a las costas, resulta igualmente improcedente. En reiteradas oportunidades ha sostenido esta Corte que su distribución e imposición, así como su eximición (total o parcial), constituyen atribuciones privativas del tribunal de trabajo, y -por tanto- no son revisables en casación, salvo absurdo. Éste se configura si se invoca y demuestra una irrazonable o evidente iniquidad en las pautas utilizadas o la alteración de la calidad de vencido (causas L. 111.997, "Uribe", sent. de 9-IV-2014 y L. 118.555, "Ambrosio", resol. de 18-III-2015), extremos que no se verifican en la especie, donde sólo se exhibe la mera disconformidad de la recurrente en orden al criterio de aplicación seguido por los jueces de origen.
III.5. En consecuencia, ninguna de las críticas que formula el compareciente en el recurso deviene eficaz para desvirtuar el análisis y las conclusiones a las que, en ejercicio de facultades que le son privativas, arribó el a quo ; por el contrario, su réplica trasunta su mera disconformidad con la solución dada al caso, sin hacerse cargo de cuestionar los fundamentos esenciales del pronunciamiento.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/06/2022 16:27:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2022 09:09:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2022 09:59:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2022 00:45:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2022 08:48:52 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/06/2022 15:05:38 hs. bajo el número RR-757-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia