Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125727
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en los puntos IV.3., IV.4. y IV.6. se encuentran insuficientemente fundados y el abordado en el punto IV.5. no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza, hizo lugar a la demanda incoada por Anahí Alifraco y condenó a Traficaño S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de haberes adeudados, sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, y la sanción del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. veredicto del 14-V-2020 y sentencia del 18-V-2020).
Para así decidir, consideró que el despido dispuesto por la accionada resultó injustificado, toda vez que -contrariamente a lo que se había alegado en la comunicación rescisoria- no se comprobó la existencia de una conducta de parte de la trabajadora susceptible de configurar injuria en los términos del art. 242 de la ultima ley citada.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva deduce recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-VI-2020), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución del 8-VI-2020), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen de 9-V-2022).
III.1. En el recurso extraordinario de nulidad, la interesada denuncia que el tribunal de origen omitió el tratamiento de una cuestión -a su juicio- esencial, vinculada con el planteo de recusación con expresión de causa deducido respecto de dos de sus miembros. Sumado a ello, indica que dichos magistrados no se excusaron de continuar con su intervención en las presentes actuaciones, lo que -a su criterio- determina la nulidad del pronunciamiento por infracción al art. 168 de la Constitución provincial.
III.2. En coincidiencia con el dictamen del señor Procurador General, el recurso no prospera.
Sin perjuicio de otras consideraciones que podrían formularse, cierto es que el asunto que se alega preterido había sido examinado y resuelto por el órgano jurisdiccional de origen con anterioridad al dictado de la sentencia, aunque en sentido adverso a lo pretendido por el recurrente (v. audiencia de fecha 6-III-2020).
Cabe señalar que tal decisión se encuentra firme, ante la denegatoria del remedio extraordinario de nulidad articulado contra ella (v. presentación del 19-III-2020 y pronunciamiento del 19-V-2020), ratificada luego por esta Suprema Corte al desestimar el recurso de queja incoado por la accionada (v. resolución de fecha 30-XI-2020).
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la accionada individualiza las normas y la doctrina legal que considera conculcadas.
En primer lugar, se agravia de lo decidido en torno a la extinción del vínculo laboral.
Luego, objeta la procedencia de los recargos indemnizatorios establecidos en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323.
Asimismo, censura la procedencia de la indemnización peticionada con fundamento en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por último, se disconforma con la tasa de interés establecida en el fallo.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.3. Este Tribunal tiene dicho que la valoración del material probatorio, así como la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo y, en su caso, si existió -o no- injuria que la justifique, constituyen aspectos reservados a los jueces de la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración de absurdo (causas L. 121.598, "Brites", sent. de 4-XII-2019; L. 120.586, "García", sent. de 6-XI-2019 y L. 120.532, "Espinosa", sent. de 17-VI-2020).
Bajo tales premisas, se observa que el recurrente no logra demostrar la existencia del vicio invocado.
En la especie, a través de la prueba testimonial, pericial caligráfica y la causa penal caratulada "Alifraco, Anahí s/estafa", el jugador tuvo por no demostrada la causal rescisoria que invocó el principal para despedir a la trabajadora consistente en el incumplimiento de los deberes de colaboración, solidaridad, fidelidad y buena fe contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo, imputándole haber falsificado el contenido de un certificado médico en el que se le indicaba quince días de reposo por enfermedad.
Esta esencial conclusión del fallo no logra ser conmovida por la recurrente, quien, a partir de su propia apreciación de las constancias de la causa, se limita a ponderar el asunto debatido desde su particular óptica, sustentada en su divergencia acerca de la idoneidad y aptitud probatoria que entiende debió asignarse a los elementos de juicio que indica, sin evidenciar que el razonamiento del tribunal de grado se encuentre viciado. Pues, los argumentos que expone no logran descalificar las conclusiones del sentenciante en cuanto juzgó ilegítima y desajustada a derecho la medida rescisoria dispuesta por la empleadora, con arreglo al marco fáctico en el cual analizó las causales invocadas y las circunstancias acreditadas.
Cabe recordar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar el vicio invalidante de absurdo. Es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, un desajuste manifiesto e inconciliable con los elementos objetivos de la causa (causas L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016; L. 120.589, "F., A. E.", sent. de 13-XI-2019 y L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020), extremos que -como se anticipó- no logran ser acreditados.
En definitiva, el interesado prescinde aportar elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que -como tal- no resulta idónea a los fines del recurso deducido, pues no consigue evidenciar que las motivaciones del fallo luzcan apartadas de las constancias de la causa, o que el juzgador hubiera transgredido las normas que denuncia violadas.
IV.4.a. No es de recibo el agravio dirigido a cuestionar la decisión con arreglo a la cual se admitió el reclamo fundado en el art. 1 de la ley 25.323.
Sobre el particular, en el pronunciamiento de origen se juzgó acreditada la deficiente registración del contrato de trabajo en lo concerniente a la remuneración percibida por el dependiente.
En el punto, lejos de controvertir frontal y eficazmente tal conclusión a la que arribó el tribunal de origen sobre la base de la valoración de los elementos de juicio adquiridos en el proceso, la recurrente se limita a analizar el asunto desde otra perspectiva, cuestionando la interpretación de las constancias de la causa, sin -siquiera- evidenciar que el razonamiento del a quo se encuentre errado.
IV.4.b. Corresponde, asimismo, desestimar el planteo dirigido a controvertir el acogimiento del incremento previsto en el art. 2 de la ley 25.323, toda vez que su formulación resulta marcadamente dogmática, carente de una adecuada argumentación que le dé sustento.
IV.5. Tampoco prospera el cuestionamiento orientado a atacar la conclusión basada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto conf. ley 25.345).
IV.5.a. Corresponde, en primer lugar, hacer una salvedad sobre el particular en torno a su admisibilidad.
Conforme los lineamientos trazados por esta Suprema Corte en los precedentes L. 117.357, "Genetti" (sent. de 8-X-2014) y L. 117.524, "Fernández" (sent. de 27-V-2015), entre muchos otros, partiendo del supuesto de la existencia de una acumulación objetiva de pretensiones (arts. 15, ley 11.653 y 87, CPCC), y visto que en esta parcela, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no alcanza a satisfacer el monto mínimo previsto por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), el intento recursivo sobre el rubro de referencia debe ser analizado dentro del marco definido en el artículo 55, primer párrafo in fine , de la ley ritual del fuero.
IV.5.b. Sentado lo expuesto, se advierte que no se observa la concurrencia del supuesto de excepción previsto en la citada norma, que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020). Ello así, puesto que no se denuncia la eventual vulneración de doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto esencial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la excepcional hipótesis habilitante prevista en el citado art. 55 (causas L. 110.768, "Guzmán", sent. de 7-VIII-2013; L. 108.167, "Guevara Velázquez", sent. de 12-III-2014 y L. 128.016, "Montecinos", resol. de 1-IV-2022).
IV.6. Finalmente, no es atendible el agravio dirigido a cuestionar la tasa de interés aplicada al capital de condena.
La simple oposición que exhibe el embate respecto de la decisión de grado de cara a las sucintas manifestaciones expuestas resulta marcadamente insuficiente para juzgar cumplida la carga que impone el art. 279 del Codigo Procesal Civil y Comercial (causas L. 119.198, "Mirantes", sent. de 3-V-2018 y L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019).
Sin perjuicio de ello, para mayor satisfacción de la recurrente, corresponde señalar que el fallo se ajusta a las directrices emanadas de la actual doctrina legal de esta Corte en la materia, establecida a partir de lo resuelto en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (ambas sents. de 15-VI-2016).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo he de precisar que, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) -y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013), entre otras-, también acompaño lo decidido en los puntos IV.5.a. y IV.5.b. del voto que antecede.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en los puntos IV.3., IV.4. y IV.6. se encuentran insuficientemente fundados y el abordado en el punto IV.5. no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/06/2022 15:57:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2022 21:01:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/06/2022 08:18:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/06/2022 10:24:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/06/2022 10:53:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/06/2022 13:33:45 hs. bajo el número RR-805-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia