Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128405
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Sebastián Eduardo Gutiérrez y condenó a Expreso Garmendia S.A. al pago de la suma que individualizó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de linaje laboral, con más la suma que estableció en concepto del incremento prescripto por el art. 2 de la ley 25.323 (v. pronunciamiento de fecha 2-IX-2021).
Para así decidir, tras valorar en conciencia las pruebas producidas, juzgó que el despido dispuesto por la demandada resultó injustificado, toda vez que no logró acreditar la causa que invocada.
Por otra parte, aplicó al accionado la sanción por temeridad y malicia, toda vez que entendió que su conducta encuadraba en las prescripciones del art. 275 de la ley citada.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16-IX-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 27-IX-2021).
En lo sustancial, se agravia de la conclusión con arreglo a la cual el tribunal de origen consideró injustificado el despido dispuesto por la empleadora, pues -a criterio del quejoso- aquel efectuó una absurda valoración de los hechos y de las pruebas producidas en la causa.
Además, denuncia conculcado el principio de congruencia y cuestiona la sanción que le fue impuesta con sustento en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por último, objeta la procedencia del incremento previsto en el art. 2 de la ley 25.323.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe recordar que evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto, y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
En cuanto a este vicio lógico, cabe recordar que para tenerlo por configurado debe acreditarse del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020). No cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, alcanzan para tenerlo por verificado, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
III.2. La carga de evidenciar los extremos indicados no ha sido cumplimentada.
En el caso, como se indicó, el sentenciante entendió que el despido dispuesto por el principal resultó injustificado, toda vez que no se probó en autos el hecho constitutivo de la injuria grave que la empleadora le imputó al trabajador y que motivó la extinción de la relación laboral en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En efecto, tras valorar los escritos presentados en el proceso y la prueba rendida, especialmente los videos y fotografías acompañadas y las declaraciones testimoniales, el juzgador de mérito tuvo por no probado el hecho invocado en la comunicación rescisoria.
Asimismo, y a mayor abundamiento, entendió que de haberse probado, la falta atribuida al dependiente no hubiera tenido la identidad y gravedad injuriosa que le atribuyó la patronal, máxime ante la ausencia de antecedentes disciplinarios y la importante antigüedad laboral del actor Gutiérrez.
Finalmente, y ante la duda razonable respecto a la autoría -o no- del actor en el evento que se le imputó, aplicó el principio in dubio pro operario (art. 9, de la ley 20.744, t.o. modif. por ley 26.428), es decir, en el sentido más favorable al trabajador, atento la falta de elementos probatorios contundentes y/o indiciarios que lo involucraran con certeza.
III.3. Tales conclusiones no logran ser descalificadas por la impugnante, toda vez que se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado una argumentación basada exclusivamente sobre su propio criterio, insuficiente -por lo tanto- para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y de prueba como las aquí ventiladas (causas L. 119.724, "Salvatierra", resol. de 1-II-2017; L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019; L. 122.373, "Yamanga", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-III-2020).
III.4. En particular, ante el reproche que gira en torno a la valoración de las declaraciones de los testigos, deviene necesario destacar que, en el proceso laboral, la ponderación de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.380, "Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020), que -como se dijo- no ha sido demostrado.
En definitiva, desde la perspectiva apuntada, se advierte que la argumentación del quejoso se limita a discurrir, en rigor, en torno al modo como considera que el a quo debió ponderar la prueba rendida, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia.
III.5. Por otro lado, el argumento que gira en torno a la violación del principio de congruencia no es atendible.
En ese orden, el recurso de inaplicabilidad de ley se halla fundado de modo deficiente, ya que bajo la denuncia de infracción al citado postulado, limita su impugnación a exhibir su disconformidad con respecto a la interpretación de los términos de los escritos constitutivos del proceso, sin demostrar en que consistiría la infracción que invoca (art. 279, CPCC).
III.6. Con relación a la denuncia de violación del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe recordar que establecer la existencia -o no- de temeridad y malicia es facultad privativa de los jueces de grado(causas L. 59.054, "Degano", sent. de 25-III-1997; L. 116.426, "Fantini", resol. de 3-V-2012 y L. 121.717, "Sivori", resol. de 13-III-2019). Por lo tanto, tal conclusión no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 90.105, "Romero", sent. de 28-IX-2005; L. 94.963, "González", sent. de 26-XI-2008; L. 120.702, "Frisicale", resol. de 6-XII-2017 y L. 120.349, "Rosales", sent. 27-III-2019), vicio que, en el caso, no logra demostrar el interesado.
III.7. No acierta tampoco el impugnante cuando cuestiona el acogimiento de la indemnización establecida en el art. 2 de la ley 25.323.
En la especie, el sentenciante hizo lugar al rubro impugnado con fundamento en que la parte actora había intimado al pago de las indemnizaciones legales pertinentes, sin resultado alguno.
Al respecto, cabe recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que resulta procedente el incremento indemnizatorio contemplado en el art. 2 de la ley 25.323 si, debidamente intimada la empleadora, no abonó en forma íntegra las acreencias debidas al trabajador (causas L. 106.361, "Pellitero", sent. de 28-IX-2011; L. 102.276, "Cruz", sent. de 11-VII-2012; L. 116.585, "Rodríguez", sent. de 5-III-2014 y L. 121.613, "Álvarez", resol. 26-XII-2018).
Para más, se ha señalado que juzgar si corresponde eximir al empleador -total o parcialmente- de su pago, en tanto se vincula con la ponderación de circunstancias fácticas, resulta el ejercicio de una facultad privativa del tribunal de trabajo, y la decisión que al respecto éste adopte no es revisable en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 117.753, "Vidal", sent. de 14-X-2015 y L. 127.100, "Cuturello", resol. del 13-X-2021), déficit que, sobre el particular, el recurrente tampoco logra probar.
III.8. Cabe agregar que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 122.268, "Carzoglio", resol. de 27-II-2019; L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019 y L. 127.534, "Benitez", resol. de 13-XII-2021), supuesto no comprobado en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/06/2022 15:57:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2022 21:01:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/06/2022 08:18:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/06/2022 10:24:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/06/2022 10:54:35 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/06/2022 13:34:07 hs. bajo el número RR-814-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia