Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128435
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída, y dejar sin efecto, con el alcance aludido, la denegatoria de fecha 21 de diciembre de 2021 (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1790 y Resol. 24/20).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 5 con asiento en la ciudad de Lanús, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, en lo que interesa destacar, condenó a American Lion S.A. a abonarle a Carlos Javier Bohdan la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. sent. de 22-IX-2021).
II. Frente a lo así resuelto, el apoderado de la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 1-XII-2021), oportunidad en la que planteó la inconstitucionalidad de los arts. 55 y 56 de la ley 11.653, en cuanto prescriben las exigencias formales para acceder a la instancia de casación. Asimismo, coetáneamente solicitó eximirse del cumplimiento del depósito previo para recurrir, a cuyo fin, con cita expresa del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Troche Báez, Prostacio c. Salvador Olivadese e Hijos S.R.L.", peticionó se le otorgue un "beneficio de litigar sin gastos" ante la imposibilidad de hacer frente a la mentada erogación, ofreciendo prueba de ello (v. presentación de 1-XII-2021).
A su turno, el tribunal de grado, pese a considerar que el monto para recurrir superaba el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, denegó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por entender no reunidos los requisitos de los arts. 279 y 281 del código citado en cuanto, aclaró, dicha apelación no contaba, en términos claros y concretos, la mención de la doctrina que se reputó violada (v. resol. 21-XII-2021).
III. Contra este último pronunciamiento, la impugnante dedujo el recurso de queja previsto en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentación electrónica de 30-XII-2021).
En sustancia, con apoyo en los derechos constitucionales y convencionales que individualizó, sostiene que el tribunal laboral al denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incurrió en arbitrariedad, ante el dictado de una resolución huérfana de una correcta interpretación en la aplicación de las normas que rigen la admisibilidad formal de la vía recursiva intentada.
IV. La vía directa incoada ha de prosperar.
IV.1. De manera preliminar, corresponde observar que el tribunal de grado, al denegar el recurso de inaplicabilidad de ley se extralimitó en sus atribuciones. En tal sentido, esta Suprema Corte se ha pronunciado en supuestos como el presente en que el a quo , al expedirse en torno a los requisitos de admisibilidad de los remedios extraordinarios, emite un juicio vinculado a la procedencia de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley incoada, excediendo sus atribuciones por resultar, aquel análisis, materia privativa de esta Suprema Corte (causas Ac. 79.111, "Roche", resol. de 8-XI-2000; L. 111.781, "Avalos", resol. de 25-VIII-2010; L. 113.122, "Barrios", resol. de 16-II-2011 y L. 122.805, "Ladre", resol. de 13-XI-2019), aclarando así que debió limitarse a juzgar si estaban o no reunidos los requisitos de admisibilidad (arts. 55, 56 y 63 ley 11.653 y 281, CPCC).
IV.2. Establecido lo anterior, debe recordarse que esta Corte tiene dicho que, para el supuesto de sentencia condenatoria, el art. 56 de la ley 11.653 establece como carga ineludible para la admisibilidad de los remedios extraordinarios el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que el fallo recurrido constituye fuerte presunción favorable (causas L. 123.810, "Molina", resol. de 30-X-2019; L. 125.810, "Tesei", resol. de 23-X-2020 y L. 124.679, "Argiz", resol. de 15-IV-2021).
Esta Casación ha sostenido el criterio de que dicho precepto no conculca derechos o garantías constitucionales, pues constituye por su finalidad una razonable medida precautoria prevista en salvaguardia del interés social comprometido y de la celeridad procesal, colocando al trabajador en condiciones de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que la sentencia en embate es fuerte presunción favorable, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio, toda vez que se impone de igual modo a todos los que se encuentran en las mismas circunstancias (causas L. 120.985, "Palomeque", resol. de 5-VII-2017; L. 120.997, "Jimenez", resol. de 29-VIII-2017; L. 125.977, "Quinteros" y L. 126.131, "Geist", resols. de 13-X-2020 y L. 124.679, cit.).
Específicamente, en casos similares al presente, ha señalado que el derecho de defensa en juicio sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley, y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (causas L. 125.041, "Diaz", resol. de 16-III-2020; L. 125.281, "Gómez", resol. de 1-VI-2020 y L. 125.629, "Ruiz", resol. de 29-VI-2020).
IV.3. A ello corresponde adunar que este Tribunal ha declarado, respecto de lo regulado en la norma procesal aludida, que la desproporcionada magnitud del monto con relación a la capacidad económica del impugnante y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dichas erogaciones, constituyen supuestos de excepción al mencionado dispositivo normativo (causas L. 124.797, "Cabral" y L. 125.093, "Moros", resols. de 26-II-2020; CSJN "Troche Báez Prostacio c/ Salvador Olivadese e Hijos S.R.L.", agosto, 26-1997).
Conforme lo expuesto, el principio general que marca el mentado art. 56 de la citada ley puede sufrir excepciones cuando los recurrentes demuestran, cabalmente y sin ninguna hesitación, la imposibilidad para efectuar el depósito de marras (causas L. 120.809, "Cilidonio", resol. de 10-V-2017; L. 123.860, "Valderrama" y L. 123.984, "Ramirez", resols. de 23-X-2019; L. 125.066, "Arripe", resol. de 22-VII-2020 y L. 124.679, cit.)
IV.4. Ello, cierto es, aconteció en el sub lite , desde que en su presentación de fecha 1 de diciembre de 2021 la interesada alegó su imposibilidad económica de afrontar el depósito para acceder a la instancia extraordinaria, ofreciendo prueba a tales fines, por lo que deviene pertinente que el órgano anterior en grado sustancie aquel material probatorio tendiente a acreditar la alegada imposibilidad, y decida, en consecuencia, lo que corresponda (causas L. 123.661, "Porchia", resol. de 11-IX-2019; L. 124.362, "Gasparini", resol. de 11-III-2020 y L. 125.066, "Arripe", resol. de 22-VII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída, y dejar sin efecto, con el alcance aludido, la denegatoria de fecha 21 de diciembre de 2021 (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1790 y Resol. 24/20).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", Resol. 10/20) y vuelvan los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo decidido.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/06/2022 16:16:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2022 19:06:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2022 21:17:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/06/2022 22:33:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2022 08:23:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/06/2022 13:00:23 hs. bajo el número RR-871-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia