Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128578
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, decretó la caducidad de la instancia en la causa promovida por Diego Orlando Pacheco contra Biyemas S.A., en concepto de indemnización por despido y enfermedad (v. pronunciamientos electrónicos de fechas 16-X-2020).
Para así decidir, juzgó que en el caso se encontraban configurados los presupuestos previstos en el art. 12 de la ley 11.653.
II. Frente a lo así resuelto el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación del 16-XI-2020), el que fue concedido por el a quo , en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (v. resolución de 24-XI-2020).
En sustancia, afirma que no corresponde declarar la perención de la instancia -que es una medida de carácter excepcional y por lo tanto de interpretación restrictiva- cuando, como en el caso, la demora fuere imputable al tribunal del trabajo. En ese orden, invoca la transgresión de las normas y la doctrina legal que cita.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En ese contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que la crítica contenida en el escrito recursivo remite a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 115.015, "Acevedo", resol. de 10-VII-2013; L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020 y L. 127.957, "Tecera", resol. de 7-IV-2022).
Para más, también se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 121.472, "Aguilar", resol. de 8-VIII-2018; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
Finalmente, cabe recordar que tampoco constituye doctrina legal la que deriva de los fallos de otros tribunales de justicia (causas L. 123659, "Ovejero", resol. de 25-IX-2019; L. 123.651, "Waisman", resol. de 26-XII-2019 y L. 124.432, "Nieva", resol. de 28-VIII-2020).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/06/2022 16:16:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2022 19:06:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2022 21:17:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/06/2022 22:33:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2022 08:23:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/06/2022 13:00:25 hs. bajo el número RR-873-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia