Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128603
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda instaurada por Walter Sebastián Escalada y, en consecuencia, condenó a Brújula S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. veredicto y sentencia de fechas 13-IX-2021 y 21-IX-2021 respectivamente).
Para así decidir, juzgó acreditadas las causales invocadas por el actor para dar por finalizada la relación laboral -esto es, la incorrecta registración en cuanto a la categoría laboral y el cambio de destino para la prestación de tareas, en franca transgresión de lo previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07- las que entendió resultaron suficientes para tener por configurada la injuria justificativa del despido indirecto.
Luego, y en lo que interesa destacar, consideró que el accionante debía percibir la multa prevista en el art. 1 de la ley 25.323 debido a que se había constatado que la demandada registró la relación laboral en forma irregular.
Asimismo, y en relación a la admisión de la sanción establecida en el art. 45 de la ley 25.345, juzgó que el actor intimó a la entrega de las certificaciones de ley, y que los instrumentos entregados no se correspondían con las reales circunstancias del contrato de trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-X-2021), el que fue concedido por el a quo (v. pronunciamiento de 9-XI-2021).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera vulneraras. Alega absurdo en la valoración de la prueba y denuncia inobservancia de las garantías del debido proceso y la bilateralidad.
En primer lugar, cuestiona que el juzgador tuviera por acreditadas las causales invocadas por el accionante para considerarse en situación de despido.
Al respecto, controvierte las constancias de la causa de las que se valió el tribunal de origen para tener por probada la distancia recorrida entre el domicilio particular del trabajador y el del nuevo lugar de prestación de tareas, así como la valoración que efectó de la pericia contable y de las declaraciones testimoniales respecto a la real categoría del dependiente. En esa misma línea, denuncia la errónea interpretación del Convenio colectivo aplicable.
Seguidamente, refuta la remuneración utilizada por el a quo para el cálculo de la indemnización por antigüedad. Especialmente, cuestiona que incluyera las sumas abonadas en concepto de viáticos, que aduce no tienen carácter remuneratorio.
Desde otroángulo, impugna la condena al pago de las multas establecidas en los arts. 1 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente, objeta por altos los honorarios regulados a los letrados de la parte actora y al perito contador.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde observar que en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el capital de condena, con más el importe de honorarios impugnados-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 111.056, "Kessler", resol. de 21-VIII-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 118.251, "Ponce" y L. 118.272, "García", resols. de 20-XI-2014; L. 121.244, "Ring", resol. de 28-II-2018 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2.a. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de violación de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios insoslayablemente relacionados a cuestiones fácticas y probatorias (como lo son, la valoración de la injuria con aptitud para justificar la rescisión del contrato de trabajo, la determinación de la remuneración del trabajador para establecer la base de cálculo de las indemnizaciones por las que prospera la acción, el examen de las constancias de la causa, la apreciación de la prueba testimonial y si se acreditaron -o no- los presupuestos para la procedencia de la indemnización fijada en el art. 1° de la ley 25.323), detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 103.756, "Davila", sent. de 6-VII-2011; L. 121.369, "Santonassimo", resol. de 26-IX-2018; L. 121.828, "Giménez", resol. de 17-X-2018; L. 121.747, "Gutierrez Mousist", resol. de 7-XI-2018 y L. 123.725, "Martínez", resol. de 14-VII-2021).
Además, corresponde agregar, que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014 y L. 125.236, "Espíndola", resol. de 14-XII-2020).
III.2.b. Por otro lado, respecto a las objeciones dirigidas a cuestionar la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y los honorarios, tampoco se observa la concurrencia del citado supuesto excepcional, desde que siquiera ha denunciado como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte sobre dichos tópicos, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la presente vía de impugnación (causas L. 116.169, "Da Rosa Pacheco", resol. de 21-VI-2012; L. 121.181, "Castillo", resol. de 21-II-2018; L. 122.019, "Soria", resol. de 10-IV-2019; L. 124.359, "Sánchez", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/06/2022 16:16:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2022 19:06:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2022 21:17:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/06/2022 22:33:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2022 08:23:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/06/2022 13:00:36 hs. bajo el número RR-874-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia