Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128564
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, decretó la caducidad de la instancia en la acción entablada por Flor María Ponce Gavica contra Areco Ángel Lirio en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido (v. pronunciamiento de fecha 16-IX-2020).
Para así resolver, entendió que habían transcurrido en exceso los plazos establecidos en el art. 12 de la ley 11.653 sin que la parte interesada -a pesar de la intimación que le fue cursada al respecto- haya activado el procedimiento realizando actividad procesal útil para la prosecución del trámite de la causa.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-IX-2020), el que fue concedido por el a quo (v. pronunciamiento electrónico de fecha 2-X-2020).
En su impugnación, denuncia absurdo, violación del principio de congruencia y de la doctrina legal que cita.
En lo esencial se agravia de la decisión del tribunal de grado que decretó la caducidad de la instancia. En ese orden, afirma que, contrariamente a lo dispuesto en el fallo, no se cumplió el plazo de seis meses que exige la ley adjetiva.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado -representado por el importe reclamado en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal intentado. En consecuencia, el tratamiento de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, situación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las doctrinas que se denuncian quebrantadas, atingentes, por un lado, a cuestiones estrictamente procesales -como lo son las referidas al instituto de la caducidad de la instancia- y por el otro, al vicio de absurdo, no reúnen las cualidades que son necesarias para habilitar el control casatorio, por el conducto ya mencionado de excepción (causas L. 118.996, "Cabaña", resol. de 28-X-2015; L. 121.582, "Cano", sent. de 5-IV-2018 y L. 123.925, "Muñoz", resol. de 27-V-2020).
III.3. Igualmente inhábil resulta la doctrina legal que se denuncia vulnerada, referida al principio de congruencia, cuyo examen, tal como reiteradamente lo ha señalado esta Corte, se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021).
III.4. Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 112.025, "Carta", resol. de 22-IX-2010; L. 110.469, "Faramiñan", resol. de 18-V-2011; L. 120.064, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 125.286, "Sánchez Pérez", resol. de 13-XI-2020 y L. 126.246, "Dieguez", resol. de 22-IX-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, respecto de lo manifestado en los puntos III.2. y III.3., si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. del 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. del 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. del 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/06/2022 16:45:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2022 12:58:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/06/2022 15:31:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2022 22:26:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2022 08:19:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/06/2022 12:58:52 hs. bajo el número RR-838-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia