Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128376
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción promovida por Julio César Maldonado y condenó a Lavadero Anca S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de antigüedad, preaviso, sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales, días trabajados en el de mes octubre de 2018 y la multa regulada en el art. 2 de la ley 25.323. Por el contrario, la rechazó en cuanto perseguía el cobro de las indemnizaciones por horas extras y multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. pronunciamiento de fecha 16-VII-2021).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, sostuvo que no se acreditó en autos la prestación de tareas en exceso de la jornada legal. Asimismo, juzgó que la demandada cumplió con la entrega de los certificados de trabajo peticionados, los cuales fueron acompañados por la propia actora en su escrito de inicio.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 30-VIII-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 13-IX-2021).
En su impugnación, plantea la inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y del art. 55 de la ley 11.653. En esencia, la crítica se dirige a objetar, por un lado, el rechazo del reclamo vinculado a la falta de pago de las horas extras y por el otro, respecto a la multa emanada del art. 45 de la ley 25.345, toda vez que manifiesta que la entrega del certificado de trabajo debió completarse con la constancia emitida por la Anses.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -como lo indica el propio interesado en el apartado II punto 6 del escrito impugnativo-, no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual corresponde establecer que la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2.a. Sentado ello, y respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 124.765, "Trescher", resol. de 23-IX-2020).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los artículos 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; L. 118.542 "Holzman", resol. de 10-XII-2014 y L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020).
Además, la obligatoriedad de la doble instancia judicial prevista en el art. 8 apartado 2 inc. "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos está establecida como tal exclusivamente para el proceso penal, por lo que no puede ser extendida a los litigios laborales (causas L. 114.953, "Ledesma", resol. de 7-IX-2011 y L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011).
III.2.b. Por otro lado, el tenor del planteo ensayado por el interesado tampoco permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308: 490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.818, "Concha", resol. 28-X-2015 y L. 124.122, "Barrionuevo", resol. de 16-VI-2020, e.o.).
III.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, respecto del planteo que porta el recurso vinculado al cumplimiento de horas suplementarias, en tanto se relaciona con cuestiones fácticas y probatorias, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra excluida del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 121.960, "Albornoz", resol. de 20-II-2019; L. 124.775, "Gómez", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.830, "Galaschi", resol. de 12-IV-2021).
III.4. Finalmente, respecto del reproche dirigido a impugnar el rechazo de la pretensión vinculada a la multa del art. 80 de la ley 20.744, la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 122.411, "Cabrera", resol. de 29-V-2019 y L. 127.029, "Nicolini", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/07/2022 11:04:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2022 12:05:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2022 19:00:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/07/2022 10:40:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2022 13:03:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/07/2022 15:00:03 hs. bajo el número RR-913-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia