Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128522
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por Merco Bus S.A., en atención a que los planteos en él introducidos no reúnen los requisitos esenciales y desestimar la vía extraordinaria incoada por Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en tanto ha sido insuficientemente fundada (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, en lo que interesa, hizo lugar a la acción promovida por Luis Gabriel García y, en consecuencia, condenó a Merco Bus S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido, las multas de los arts. 2 de la ley 25.323, 15 de la ley 24.013 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la reparación integral por la enfermedad profesional padecida por el trabajador. Asimismo, declaró procedente la demanda contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. por las prestaciones del régimen especial (v. veredicto y sentencia de fechas 29-IX-2021 y 30-IX-2021 respectivamente).
Para así decidir, tuvo por acreditada la configuración de la justa causa del despido invocada por el trabajador. Concretamente, juzgó que el hecho de que la empresa le abonase parte de su remuneración fuera de toda registración, resultó un incumplimiento suficientemente grave como para no consentir la continuación del vínculo de trabajo.
En otro orden, tuvo por demostrado que García se encuentra incapacitado psíquicamente en un 15% del índice la total obrera, como consecuencia de las tareas prestadas como chofer para su empleadora, en una jornada laboral que se extendía durante nueve horas y sin descanso alguno.
También juzgó configurados los presupuestos de la responsabilidad civil respecto del principal.
II. Frente a lo así resuelto, la accionada Merco Bus S.A. dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-X-2021) y la aseguradora demandada únicamente el regulado en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial provincial (v. presentación electrónica del 18-X-2021), siendo desestimado por el a quo el mencionado en primer término y concedidos los restantes (v. resolución de 2-XII-2021).
III.1. En la única vía interpuesta por Merco Bus S.A. sobre la que corresponde a esta Corte expedirse, la impugnante denuncia transgredidas las normas y la doctrina legal que cita. En lo esencial, controvierte el fallo desde dos aristas.
Por un lado, con denuncia de absurdo y arbitrariedad, objeta que el a quo hubiera tenido por acreditada la injuria alegada por el trabajador. En ese sentido, se agravia del modo en que fue interpretado el intercambio telegráfico y alega vulnerado el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Desde otroángulo, controvierte el ingreso base utilizado por el juzgador de origen para calcular la reparación integral.
III.2. El recurso no ha de prosperar.
III.2.a. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso, particularmente en lo que respecta al valor del litigio.
Conforme lo resuelto por esta Suprema Corte en las causas L. 86.645, "Barroso" (sent. de 21-V-2008), L. 90.653, "Valdebenito" (sent. de 26-VIII-2009); L. 104.273, "Larrazabal y Montenegro" (sents. de 26-VI-2013), entre otras, frente a un supuesto de acumulación objetiva de pretensiones, el monto del litigio a los fines recursivos debe ser ponderado en función de la naturaleza jurídica de cada una de las deducidas en la misma demanda. Bajo estos lineamientos, se ha sostenido que, con prescindencia del resultado que se obtenga en la sentencia de mérito, e independientemente de cuál sea la parte que intente transitar esta senda recursiva, el test de admisibilidad que habilita el ulterior análisis de la procedencia del remedio extraordinario no puede conducir a resultados disímiles, según se ejercite o no la opción de acumular todas las acciones (pretensiones) contra el mismo demandado (arts. 15, ley 11.653 y 87, CPCC).
En el caso, se verifican distintos reclamos -no vinculados entre sí por relación de continencia, accesoriedad o subsidiariedad- cuya procedencia decretada en la sentencia llevó a la recurrente a realizar una crítica diferenciada: de un lado, el relativo a la reparación integral por accidente de trabajo y, del otro, lo atinente a las indemnizaciones derivadas del despido y distintos reclamos de naturaleza salarial.
III.2.b. Bajo tales lineamientos, cabe señalar que las sumas resultantes tanto de la pretensión vinculada al reclamo por los daños y perjuicios deducido en los términos del derecho común, como las referidas al distracto, no superan, individualmente considerados, el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En consecuencia, la competencia de revisión queda acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede -precisamente- en un caso similar (causas L. 116.711, "Borja", sent. de 6-V-2015; L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015; L. 117.121, "Bustos", sent. de 15-VII-2015; L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2.c. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que los planteos que porta el recurso, vinculados a la valoración del material probatorio respecto al intercambio telegráfico con la patronal y las conclusiones relativas a la configuración o no de la injuria legitimante del despido, importan la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra excluida del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 113.812, "Pacheco", resol. de 18-V-2011; L. 103.879, "Pellegrino", sent. de 20-VIII-2014; L. 118.125, "González y Gómez", resol. de 17-XII-2014; L. 117.753, "Vidal", sent. de 14-X-2015; L. 119.375, "Del Río", resol. de 11-II-2016; L. 121.487, "Figueroa Infante", resol. de 12-IX-2017 y L. 124.702, "Aranaga", sent. de 18-V-2021).
Por lo demás, cabe recordar que tampoco es apta para habilitar la instancia extraordinaria por el mentado conducto excepcional la conculcación de doctrina legal citada por el interesado referida al vicio de absurdo (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018 y L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020).
III.2.d. Por otro lado, a igual conclusión cabe arribar respecto al reclamo referido al ingreso base utilizado por el a quo para el cálculo de la reparación integral.
Ello así, por cuanto además de citar conculcada doctrina legal elaborada en torno al absurdo -la que ya se indicó no resulta hábil en el estrecho marco de tratamiento del presente carril impugnativo-, el restante precedente denunciado refiere a la violación del principio de congruencia, que, bien es sabido, su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el acotado margen de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la Aseguradora, se impugna la decisión del juzgador de origen de considerar como enfermedad profesional a la patología psiquiátrica que padece el accionante.
Al respecto, denuncia vulnerado el decreto 658/96, en tanto -alega- no existe relación de causalidad o de asociación entre el ámbito de trabajo y los padecimientos del trabajador. Sostiene, que se trata de una dolencia de tipo inculpable y preexistente, ajena al régimen de riesgos del trabajo.
IV.2. El remedio no prospera.
IV.2.a. En primer lugar, se impone recordar que esta Corte ha declarado que determinar si existe relación causal o concausal entre las labores desempeñadas por el trabajador y la minusvalía que lo afecta, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio (causas L. 123.156, "Puzzolo", resol. de 4-III-2020; L. 125.038, "Vera" y L. 125.422, "Casalone", resols. de 6-XI-2020), constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y ajenas a la casación, salvo que se demuestre absurdo en la labor axiológica de los magistrados (causas L. 122.498, "Spagnoli", resol. de 14-VIII-2019 y L. 124.085, "Fuente", resol. de 8-V-2020).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
IV.2.b. En el caso, la recurrente siquiera denuncia el mentado vicio, transitando la crítica sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, y poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 123.755, "Afonso", resol. de 4-III-2020; L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.993, "Ordenes", resol. de 10-V-2021).
En efecto, la interesada no concreta una réplica idónea que desvirtúe el razonamiento del sentenciante de grado, para quien las pruebas producidas en autos -especialmente la pericia médica y las declaraciones testimoniales- resultaron suficientes para acreditar que los agentes de riesgos a los que estuvo expuesto el trabajador, incidieron directa e indirectamente en la enfermedad que padece, y que le generan una incapacidad psíquica.
Asimismo, se impone recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causa L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 119.974, "Cuevas", resol. de 7-IX-2016 y L. 124.091, "Suchetti", resol. de 11-III-2020), vicio que, como se anticipó, no fue siquiera denunciado.
IV.2.c. Respecto de la no inclusión de la minusvalía en el listado de enfermedades profesionales, el juzgador concluyó que, no advirtiéndose del texto del decreto 658/96 la razonabilidad de tal exclusión, todos y cualquier daño que sufra el trabajador en el desempeño de su actividad laboral, incluidos los derivados de la inobservancia por su empleador de las normas sobre higiene y seguridad, quedan indefectiblemente regidos por las normas en materia de accidentes y enfermedades, esto es, por la Ley de Riesgos del Trabajo.
Si bien la recurrente objeta este tramo del pronunciamiento, omite cuestionar las motivaciones esenciales que la dotan de sustento, limitándose únicamente a señalar que la enfermedad del reclamante resulta ajena al ámbito de la ley 24.557 y que por ello no podía ser condenada.
En este orden, conviene señalar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la formulación de su crítica se reduce -en rigor- a una simple divergencia de opinión con las motivaciones sentenciales que inspiran el fallo (causas L. 117.754, "Caballero", resol. de 12-III-2014; L. 118.799, "Giménez", resol. de 14-X-2015; L. 120.878, "Velázquez", resol. de 6-XII-2017 y L. 123.838, "Baldibia", resol. de 19-II-2020).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes.
Sólo me permito aclarar, en relación a lo indicado en el punto III.2.a. que, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) -y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013); entre otras-, acompaño lo decidido por los doctores preopinantes en el punto III.2.a. de su propuesta.
Luego, en lo tocante a lo resuelto en punto III.2.d. -segundo párrafo-, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021 y L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por Merco Bus S.A., en atención a que los planteos en él introducidos no reúnen los requisitos esenciales y desestimar la vía extraordinaria incoada por Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en tanto ha sido insuficientemente fundada (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2022 10:01:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/07/2022 11:30:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2022 16:43:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:44:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:48:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/07/2022 14:39:22 hs. bajo el número RR-940-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia