Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128730
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Gabriel Germán González -en su carácter de heredero de Mario Orlando González (v. fs. 33/36 y fs. 51)-, y, en consecuencia, condenó a los demandados Brasas del Plata S.A. y Tomás Mason a pagar la suma que indicó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral, con más intereses en la forma que especificó (v. fs. 375/403).
Para así decidir, con fundamento en las probanzas aportadas a la causa, juzgó justificado el despido en que se colocó el trabajador, porque entendió acreditado que se encontraba defectuosamente registrado en cuanto a la fecha de ingreso, y, asimismo, estableció probado que no se le habían abonado correctamente las remuneraciones devengadas durante el período comprendido entre los meses de marzo a junio de 2011.
II. Frente a lo así resuelto, los legitimados pasivos Brasas del Plata S.A. y Tomás Mason interponen sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 7-VIII-2018). El incoado por el primero de los nombrados fue declarado desierto, y el restante concedido por el a quo , en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de fecha 11-II-2022 y fs. 458 y vta., respectivamente).
En el único remedio sobre el que corresponde a esta Corte expedirse, el codemandado Mason individualiza las normas y la doctrina legal que considera conculcadas. En lo esencial, denuncia absurdo en la apreciación de las pruebas, especialmente la testimonial. Cuestiona la decisión del tribunal de grado en torno al despido dispuesto por el trabajador, impugnando la definición del fallo por la que se tuvo por acreditada la deficiente registración del vínculo.
Por otro lado, objeta que el a quo , con fundamento en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, dispusiera la acumulación de intereses al capital de condena.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.181, "Comezaña", resol. de 6-XII-2021).
III.2.a. Respecto del primero de los reproches enunciados, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones de índole fáctica y probatoria -como lo es, en la especie, el establecimiento de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo y las vinculadas a la determinación de la fecha de ingreso- asuntos detraídos de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (causas L. 123.868, "Salazar", resol. de 11-III-2020; L. 126.502, "Escobar", resol. de 28-V-2021; L. 126.878, "Strosio", resol. de 17-VIII-2021 y L. 118.595, "Machado", resol. de 9-IX-2021).
Igual suerte ha de correr la denuncia de precedentes referidos al vicio de absurdo, en tanto no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional carril que prevé el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.023, "Albide", resol. de 30-VI-2020; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020 y L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021).
Además, cabe destacar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 117.861, "Ale", sent. de 10-VI-2015; L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021 y L. 122.900, "Mancini", resol. de 7-III-2022).
III.2.b. Por otro lado, con relación al cuestionamiento destinado a desvirtuar el pronunciamiento en cuanto dispuso la capitalización de intereses, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que la doctrina legal traída ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017; L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.141, "Amarilla", resol. de 2-XI-2020; L. 126.111, "Llanos", resol. de 19-IV-2021 y L. 128.633, "González", resol. de 7-VI-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2022 14:05:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2022 15:48:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2022 20:17:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 09:16:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 09:31:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/07/2022 10:52:43 hs. bajo el número RR-973-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia