Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123856
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, atento que los agravios tratados en los puntos III.1., III.2., III.4. y III.6. han sido insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), y el cuestionamiento abordado en el punto III.5. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Kogan, Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa destacar, rechazó la acción promovida por Vanesa Itatí Maidana y Elba Itatí Maidana contra Coto C.I.C.S.A. y Clitec S.A. en cuanto reclamaban el pago de las indemnizaciones derivadas del despido. Por el contrario, la acogió respecto de los salarios por los días trabajados del mes de julio de 2006, la sanción del art. 53 ter de la ley 11.653, sueldo anual complementario proporcional del 2006, vacaciones no gozadas y la multa establecida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, condenando a ambas coaccionadas a su pago, con más intereses a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en su versión digital (v. fs. 543/573).
Para así decidir, en primer lugar, juzgó no probados, en el caso, ninguno de los extremos indicados en la demanda referentes a la existencia de una relación laboral directa entre las accionantes y la firma Coto C.I.C.S.A., como así tampoco la presencia de una intermediación fraudulenta en los términos del art. 14 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por el contrario, la prueba obrante en autos dio cuenta que las actoras prestaron servicio para la accionada Clitec S.A. desde el mes de enero de 2002 y hasta julio de 2006, fecha en la cual, aquellas se consideraron despedidas invocando negativa de tareas.
Sin embargo, para el juzgador las legitimadas activas no han producido prueba alguna a fin de demostrar la presunta negativa de tareas que ambas invocaron como causal del distracto.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 602/639), el que fue concedido por el a quo (v. fs. 646/647).
II.1. En primer lugar, las interesadas objetan que, a diferencia de lo resuelto por el sentenciante, se encuentran verificados en autos los presupuestos para juzgar a la codemandada Coto C.I.C.S.A. como empleadora directa de las accionantes.
Al respecto, aducen que era la firma mencionada quien debía acreditar, y no lo hizo, que la empresa Clitec S.A. era verdaderamente una organización dedicada a prestar servicios integrales de limpieza, y no, simplemente, una empresa que proveía personal para realizar esas tareas.
II.2. En segundo lugar, impugnan que el a quo no hubiera tenido por acreditadas las injurias invocadas como causales de los distractos.
II.3. Luego, cuestionan la tasa de interés que fijó el juzgador sobre los rubros que prosperaron.
Alegan, con apoyo en fallos y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la configuración de gravedad institucional y la existencia de cuestión federal para habilitar la instancia extraordinaria local.
Luego, en lo que interesa destacar, aducen que, como consecuencia del proceso inflacionario, la tasa pasiva aplicada en el fallo afecta gravemente el poder adquisitivo de las trabajadoras y, en ese orden, estiman la alícuota que considera de aplicación variable al caso.
Con el fin de acreditar el perjuicio sufrido por la trabajadora, la recurrente practica tres liquidaciones: la primera, a través del método de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561). La segunda, la aplicación de la tasa activa de "operaciones restantes" con capitalización mensual de intereses. La tercera, aplica la doctrina de las deudas de valor.
II.4. Finalmente, solicita la aplicación inmediata del art. 770 "inc. b" del Código Civil y Comercial de la Nación.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. De modo liminar, cabe destacar que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en su interpretación y violación al principio de congruencia (causas L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017; L. 120.800, "Fleita", sent. de 13-XI-2019 y L. 121.594, "Veiga", sent. de 25-VIII-2021).
Asimismo, ha expresado este Tribunal que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, y en general, valorar las pruebas producidas, también constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre el referido vicio (causas L. 121.905, "Herrera", resol. de 7-III-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020 y L. 128.180, "Crouzat", resol. de 15-VI-2022).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
III.1.b. En el caso, valorando los distintos elementos probatorios adunados a la causa, el juzgador de grado concluyó que no pudo comprobarse que entre las accionantes y Coto C.I.C.S.A. hubiera existido una relación de trabajo directa, en los términos del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ello así, en tanto ninguna prueba idónea se aportó a la causa a fin de verificar que las actoras habían sido contratadas por el departamento de selección de personal de Coto C.I.C.S.A., sino que, por el contrario, aquellas únicamente prestaron servicios para Clitec S.A., empresa que había sido contratada por la codemandada Coto para que cumpla el servicio de limpieza de sus supermercados.
III.1.c. Las esenciales conclusiones del fallo que fueron reseñadas supra no logran ser conmovida por las recurrentes mediante la eficaz demostración del absurdo que invocan.
Las críticas ensayadas transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que consideran que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020; L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020 y L. 127.987, "Pérez", resol. de 5-V-2022). Una formulación de este tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.030, "Vieyra", resol. de 21-VIII-2020 y L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020).
En efecto, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación en conciencia que llevó a los magistrados a la solución expuesta en el pronunciamiento, sólo exponen su oposición a tales conclusiones, a través de un razonamiento paralelo, efectuando un nuevo análisis de los elementos probatorios que indican, según su propio y particular criterio valorativo, sistema impropio para patentizar el grave vicio invalidante mencionado (causas L. 109.399, "Gentili", sent. de 4-VII-2012; L. 117.069, "Tango", sent. de 26-VIII-2015; L. 118.219, "Pozzo", sent. de 4-V-2016 y L. 127.317, "Contreras", resol. de 7-VI-2022).
Por su parte, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas de la carga de la prueba, las interesadas no evidencian que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 121.408, "Lizaso", resol. de 29-VIII-2018 y L. 127.873, "Gómez", resol. de 1-IV-2022), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
III.2.a. Luego, en lo que atañe al reproche dirigido a cuestionar la no acreditación de las causales invocadas para tener por configurado el distracto, dable es recordar, ante todo, que evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de la causal invocada para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020 y L. 127.399, "Zaldua", resol. de 23-XI-2021).
En tal sentido, es del caso destacar que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019 y L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020).
III.2.b. En el caso, el a quo evaluó los elementos probatorios aportados a la causa en orden a establecer las circunstancias en que se produjo la extinción del vínculo laboral, y consideró no verificada la negativa de tareas invocada por las trabajadoras. Igualmente, añadió que tampoco habían efectuado el apercibimiento previo requerido para tener por configurado el despido indirecto de manera legal. Lo hizo, considerando no sólo los escritos constitutivos del proceso, sino también el intercambio telegráfico. De esta manera, entendió que, por el contrario, las actoras habían procurado siempre, en sus comunicaciones, la continuación del vínculo laboral.
Estas conclusiones del órgano judicial de grado tampoco logran ser descalificadas por las recurrentes, en tanto los argumentos que porta la impugnación, basados en premisas desencontradas con la definición medular del fallo, se muestran carentes de idoneidad para conmover la decisión atacada (causas L. 124.085, "Fuente", resol. de 8-V-2020; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.465, "Falcón", resol. de 11-II-2022).
III.3. Por otro lado, se advierte una errada lectura por parte de la interesada de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que individualiza en su presentación, toda vez que, en ellos, en modo alguno el alto Tribunal hubo de pronunciarse por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma; lo dicho por la recurrente -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse, en verdad, en los votos en disidencia que no conformaron la postura mayoritaria del Máximo Tribunal de la Nación.
III.4. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis del agravio que gira en torno a la constitucionalidad de los arts. 7 y 8 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el mismo fue traído como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012 y L. 127.202 "Navone", resol. de 29-XI-2021).
III.5. En orden al agravio dirigido a cuestionar la tasa de interés aplicada en el fallo, se impone señalar que esta Suprema Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), por mayoría, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016) y L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016).
Siendo así, en el contexto de las circunstancias de autos, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
III.6. El agravio relativo a la presunta omisión de aplicar la capitalización que prevé el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación en que habría incurrido el tribunal sentenciante resulta notoriamente inviable, por cuanto se dirigen a evidenciar la supuesta preterición en el tratamiento de cuestiones esenciales que, tal como lo ha dicho en reiteradas ocasiones esta Corte, es materia propia del recurso extraordinario de nulidad y ajena, por ende, al de inaplicabilidad de ley (causas L. 103.565, "Bugatti", sent. de 12-X-2011; L. 108.439, "Careri", sent. de 4-VII-2012; L. 111.692, "Tersiese", sent. de 6-III-2013; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 107.358, "Lopez", sent. de 15-VII-2015; L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016 y L. 125.868, "Monzón", resol. de 4-III-2021).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al sufragio de los ministros que me preceden en la votación, solo he de señalar, que, en relación a lo resuelto en el punto III.5., lo hago con las consideraciones que tuve oportunidad de señalar en los precedentes C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), que doy por reproducida merced a razones de economía y celeridad procesal.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, atento que los agravios tratados en los puntos III.1., III.2., III.4. y III.6. han sido insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), y el cuestionamiento abordado en el punto III.5. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2022 19:01:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 11:03:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/08/2022 10:26:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/08/2022 18:58:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2022 08:03:17 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/08/2022 13:19:41 hs. bajo el número RR-1028-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia