Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128893
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar parcialmente a la demanda iniciada por Ricardo Rubén Paz y, en consecuencia, condenó a Mario Daniel Morosini a abonar al actor la suma que estableció en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral. La rechazó, en cambio, respecto de los codemandados Mariana Jaquelina Génova, Reprocesos Industriales Argentinos S.R.L. y La Jabonera S.R.L. (v. pronunciamiento de fecha 1-VI-2021 y aclaratoria del 9-VI-2021).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, valorando las pruebas producidas en la causa, principalmente la testimonial ofrecida por ambas partes, juzgó acreditada la existencia de una relación de índole laboral entre el actor y el codemandado Morosini, con sus notas características de subordinación jurídica, económica y técnica.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado pasivo Morosini interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 21-VI-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 22-XII-2021).
En su presentación denuncia absurdo y la vulneración de las normas y la doctrina legal que cita.
En esencia, cuestiona que el sentenciante, con sustento en la declaración del testigo López, tuviera por acreditada la relación laboral invocada en autos. En este sentido, sostiene que el mencionado deponente tenía interés en el resultado del juicio.
Agrega que el fallo resulta arbitrario y debe ser anulado de oficio.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el importe en concepto de capital de condena- no excede el valor mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019 y L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020).
Luego, y a propósito de los argumentos desplegados por el interesado, es dable poner de resalto que el planteo contenido en el recurso no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice su conocimiento sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro", resol. 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021).
III.2. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019 y L. 127.741, "Ríos", resol. de 23-II-2022).
III.3. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la determinación de la existencia de una relación de linaje laboral entre las partes, y al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis, asuntos detraídos de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (L. 121.960, "Albornoz", resol. de 20-II-2019; L. 124.122, "Barrionuevo", resol. de 16-VI-2020 y L. 128.058, "Callegari", resol. de 23-V-2022).
Luego, importa recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019 y L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022).
Igual suerte adversa han de correr las citas jurisprudenciales relativas a la anulación de oficio de las sentencias judiciales, por cuanto no resultan hábiles en el estrecho carril excepcional bajo examen (causas L. 117.764, "Cabrera", resol. de 4-VI-2014; L. 118.298, "Lillo", resol. de 20-XI-2014; L. 119.835, "Barbosa", resol. de 29-VI-2016; L. 120.719, "Schmidt", resol. de 16-VIII-2017; L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021 y L. 128.386, "Muller", resol. de 7-VI-2022).
Para más, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 121.472, "Aguilar", resol. de 8-VIII-2018; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
Finalmente, también se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia ni de los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 123.333, "Silva", resol. de 15-VI-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/08/2022 21:07:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/08/2022 09:03:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2022 09:49:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 15:59:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 19:21:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2022 12:15:36 hs. bajo el número RR-1088-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia