Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128644
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la demanda interpuesta por Leonel Mariano Shteinberg contra Clínica Privada Monte Grande S.A., en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y demás rubros de linaje laboral (v. pronunciamiento de fecha 15-XII-2021).
Para así decidir, tras evaluar las posturas asumidas por las partes en los escritos constitutivos de la litis y el material probatorio aportado al proceso, en especial la testimonial, juzgó que la naturaleza de la prestación de tareas de la actora como profesional médico en favor de la demandada respondió a una relación de subordinación de dependencia laboral.
En este sentido, afirmó que la clínica accionada no logró probar -como era su carga- su versión de que el vínculo que unió a las partes era un contrato asociativo, tornando así operativa la presunción contenida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Contra lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 2-II-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 8-II-2022).
En su presentación denuncia la violación de las normas y la doctrina legal que cita. En sustancia afirma que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la valoración de las probanzas de la causa, en cuanto juzgó demostrada la existencia de una relación de linaje laboral entre las partes.
Además, cuestiona la aplicación del convenio colectivo 172/75.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Cabe recordar -ante todo- que determinar si entre las partes medió un contrato de trabajo, dependiente o no, constituye una típica cuestión que no resulta revisable en la instancia extraordinaria, salvo que se alegue y además se demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurda valoración de la prueba (causas L. 122.989, "Mogavero", resol. de 13-XI-2019; L. 123.148, "Grecco", resol. de 27-V-2020 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
Asimismo, tiene dicho esta Corte que para resolver la situación jurídica del profesional médico que presta servicios en un establecimiento, es imprescindible tener en cuenta los elementos de hecho presentes en cada caso, toda vez que vinculaciones de esta índole atraviesan zonas intermedias en las que resulta necesario desbrozar y despejar con nitidez los perfiles que definen la configuración del vínculo jurídico existente entre las partes (causas L. 103.302, "Di Santo", sent. de 7-IX-2011; L. 117.236, "Cassini", sent. de 29-IV-2015; L. 109.467, "Chiappalone", sent. de 24-VI-2015 y L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020).
Bajo tales lineamientos, también ha reiterado este Tribunal, que le corresponde al órgano judicial de grado, en una labor que es privativa, verificar las circunstancias que concurren en cada controversia a los fines de establecer la eventual existencia de las notas que caracterizan a la relación laboral, y su decisión no puede ser revisada en casación salvo que se demuestre la existencia del referido vicio invalidante (causas L. 122.040, "Severo Frers", resol. de 28-XI-2018; L. 122.166, "Marconcini", resol. de 8-V-2019 y L. 124.345, "Greco", cit.).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
III.2.a. En el caso, tal como se anticipó, el sentenciante de grado -con apoyo en los elementos de juicio obrantes en la causa (escritos constitutivos de la litis y pruebas testimonial, documental e informativa)- declaró que el actor logró acreditar la relación laboral invocada, y que, por el contrario, la clínica demandada no consiguió hacer lo propio respecto del alegado vínculo civil, puesto que ninguna probanza eficaz arrimó a la causa a fin de avalar sus dichos respecto de un supuesto contrato asociativo de prestaciones y prácticas médicas.
En efecto, a criterio del juzgador, se probó en autos que el actor atendía los pacientes que se presentaban en la guardia del establecimiento médico demandado, según un listado que confeccionaba la misma empleadora. En sentido inverso, no hay prueba de que el sr. Shteinberg abonase un canon fijo por el uso del consultorio que ocupaba, o que las partes se repartieran dividendos asociativos, pues, por el contrario, la prueba oral dio cuenta que al accionante se le liquidaban las sumas a percibir en relación a la cantidad de pacientes que atendía.
III.2.b. Esta esencial conclusión no logra ser desvirtuada por la impugnante, a partir de una crítica que sólo transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 123.148, "Grecco", resol. de 27-V-2020 y L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020).
En efecto, se advierte que la recurrente se limita a efectuar una propia y diferente valoración de las declaraciones testimoniales y de los elementos de juicio evaluados por el tribunal de mérito, lo que no es idóneo a los fines de acreditar que la sentencia está viciada por absurdo. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionar al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 104.642, "Morgante", sent. de 15-VIII-2012; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 123.382, "Santin", resol. de 11-III-2020 y L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020).
III.2.c. En este aspecto, en lo que atañe a la prueba oral, cabe recordar que su valoración queda reservada a los jueces de grado, que gozan amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.148, "Gnecco", resol. de 27-V-2020; L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020 y L. 122.704, "Ríos", resol. de 6-XI-2020), que -como se anticipó- no logra ser puesto en evidencia en el caso.
III.3. Recuérdese, además, que los jueces de trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que proponen las partes a su consideración, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el pronunciamiento, pues al prevalecer la apreciación en conciencia de las probanzas aportadas, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios (causas L. 117.047, "Olivera", sent. de 10-VII-2013; L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020 y L. 127.012, "Gorjon", resol. de 22-IX-2021).
III.4. En otro orden, cabe indicar que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, si la demandada admitió el hecho de la prestación de servicios, pero negó la existencia de una relación laboral argumentando una de distinta naturaleza, a ella incumbe la prueba de la alegada vinculación en virtud de lo señalado en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y, en el supuesto de no demostrarlo, rige la presunción de que los trabajos se efectuaron en relación de dependencia (causas L. 121.071, "Yughos", resol. de 30-V-2018; L.123.977, "Galzagorri", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020).
En el caso, a tenor de lo hasta aquí señalado, el accionado no logró neutralizar la presunción que surge del citado art. 23, pues, del material probatorio aportado en autos, el sentenciante de grado concluyó que aquel no logró demostrar la vinculación alegada, sino que, por el contrario, las tareas prestadas por el actor lo fueron en relación de dependencia, conclusión que -a tenor de lo dicho- subsiste incólume.
III.5. Igualmente, estéril resulta el cuestionamiento dirigido a objetar el encuadre convencional, pues, sabido es, que el análisis del material probatorio y la apreciación de los hechos que determinen el convenio colectivo aplicable a una específica relación laboral, constituyen cuestiones privativas reservadas a la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración del absurdo (causas L. 97.961, "Pérez", sent. de 27-IV-2011; L. 98.481, "Pagano", sent. de 14-III-2012 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014), extremo que no se verifica en la especie.
En su impugnación solo realiza un breve desarrollo sobre el particular (v. pto. b, pág. 9) expresando en forma genérica su rechazo a la decisión de grado, aunque, omitiendo rebatir los argumentos brindados por el a quo al respecto.
En este sentido, tiene dicho esta Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficientemente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 120.881, "Berger", resol. de 27-XII-2017; L. 123.154, "Argüello", resol. de 11-XII-2019; L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020 y L. 120.792, "Guarepi", resol. de 7-III-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/08/2022 14:52:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/08/2022 09:16:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2022 19:20:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 16:01:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 19:23:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2022 12:17:15 hs. bajo el número RR-1119-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia