Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125602
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.602, "Mosca, Fernando Gustavo contra Metalúrgica San Patricio Sociedad de Hecho y Otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción instaurada e impuso las costas a la parte actora (v. sent., fs. 294/307).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 309/319 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó la demanda promovida por Fernando Gustavo Mosca contra Metalúrgica San Patricio Sociedad de Hecho, Héctor Sparks y Ricardo Sparks, mediante la cual perseguía el cobro de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, la integración del mes de despido, vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales, vacaciones no gozadas, los resarcimientos previstos en los arts. 8 y 15 de la Ley Nacional de Empleo; 2 de la ley 25.323; 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; 14 de la ley 14.546; diferencias por comisiones, el agravamiento de la ley 25.561 y la entrega de la documentación normada en el art. 80 de la ley 20.744 (t.o.), texto según ley 25.345 (v. fs. 294/307 vta.).
Para así resolver, en el veredicto, luego de ponderar las pruebas allí detalladas, estableció no acreditadas las notas tipificantes de la relación laboral entre las partes ni que el actor se hubiera desempeñado como viajante de comercio para la demandada (v. fs. 84/96).
En la etapa de sentencia, tras reiterar que no resultó demostrado el vínculo de trabajo denunciado en el escrito inaugural del proceso (arts. 354 y 375, CPCC), hacer referencia al principio de la primacía de la realidad y -finalmente- reparar en la doctrina legal elaborada en torno a la no operatividad de la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando a juicio del tribunal la prueba producida es demostrativa de que las labores no fueron prestadas en relación de subordinación, desestimó la acción intentada.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el legitimado activo denuncia la transgresión de los arts. 39 de la Constitución provincial; 1, 2, 7, 10, 11, 14 y concordantes de la ley 14.546; 23, 55, 242, 243, 245 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, y de la doctrina legal que cita.
En esencia, objeta la conclusión del juzgador de grado en cuanto declaró la inexistencia de una relación de trabajo entre las partes.
II.1. Se agravia porque afirma que en la sentencia de grado no se aplicó la inversión de la carga de la prueba que emerge de la doctrina legal de esta Suprema Corte, en virtud de la cual -expone el quejoso- admitida por la demandada el hecho de la prestación de servicios del actor, pero negada su naturaleza laboral, incumbe a aquella -en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial- la prueba de la particular vinculación alegada y no habiéndolo hecho, rige la presunción de que los trabajos fueron realizados en relación de dependencia. Individualiza a fs. 313 los precedentes L. 114.166, "Giordano" (sent. de 15-VII-2015) y L. 117.549, "Spoerle" (sent. de 6-IV-2016).
Destaca que en el conteste los accionados reconocieron expresamente la prestación de servicios por parte del actor (cita las págs. 5 y 8 del mencionado libelo; v. fs. 119 y 120 vta.), a lo que aduna la ausencia de negativa por parte de aquellos respecto de la documentación acompañada junto con el escrito de demanda (menciona un supuesto plano de zonas asignadas, cartas-documento y folletos de productos; v. fs. 313 y vta.).
En suma, opina que de las probanzas producidas en la causa y de los reconocimientos efectuados por los accionados en el responde surge que la relación existente entre las partes fue de naturaleza laboral dependiente (v. fs. 314).
A todo evento, entiende que el órgano de grado debió aplicar al caso el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.2. Cuestiona el desplazamiento que -afirma- efectuó el juzgador respecto del juramento prestado por el promotor del pleito en los términos del art. 39 de la ley 11.653. En este sentido manifiesta que correspondía su consideración no sólo a los efectos estimatorios, sino también, a los fines de tener por acreditada la relación laboral debatida en autos (v. fs. 314 vta. y 315).
II.3. Arguye que el tribunal de mérito efectuó una valoración absurda de la prueba producida en el expediente.
Respecto de la testimonial, señala que la deponente Adriana Bastida, en razón de ser empleada de la accionada, se encuentra comprendida en las generales de ley, por lo que sus dichos debieron ser evaluados con mayor estrictez por el juzgador. Entiende que de su declaración -y la de los otros testigos que depusieron en la audiencia de vista de la causa- se desprende que el señor Mosca realizaba de manera habitual y personal la tarea de viajante de comercio en favor de la demandada.
Específicamente, respecto de la declaración prestada por el señor Bringeri, quien -reseña el impugnante- declaró conocer al actor por su actividad de viajante de comercio para otras marcas diversas a la demandada, señala que el tribunal no tuvo cuenta que dicha labor puede ser ejecutada para varios empleadores de manera simultánea (v. fs. 315 vta. y 316).
Alega que el juzgador de grado minimizó la prueba pericial informática, de la que se desprende -asegura- un vasto intercambio de correos electrónicos que da cuenta de la existencia de diversas instrucciones de venta, lista de precios y detalles de cobranzas. Destaca que del e-mail de fecha 10 de julio de 2013 surge que la señora Bastida se dirigió al señor Mosca y a otras personas como "vendedores" (v. fs. 316).
Refuta lo manifestado por el tribunal de grado en el sentido que las facturas acompañadas por el actor junto con el libelo de inicio (v. fs. 6/7) son demostrativas de que no trabajaba para los demandados. Apunta que tal afirmación es absurda por contradecir -advierte- la estipulación del art. 1 de la ley 14.546 que autoriza al viajante de comercio a realizar su tarea en forma simultánea para varios empleadores (v. fs. 316 vta.).
II.4. Alega que, no obstante la conclusión arribada en el fallo respecto a la inexistencia de la relación laboral debatida en autos, el juzgador se expidió de manera innecesaria y errónea respecto del modo en que se habría extinguido el vínculo, al afirmar en el veredicto que el actor no retiró del correo los telegramas que le habían remitido los demandados "al domicilio correcto" en respuesta a su requisitoria; no obstante el aviso de visita que se le dejara, para luego considerase en situación de despido indirecto por un silencio que no existió, evidenciando ello -juzgó- un obrar negligente (v. fs. 297 vta. y 298)
Contrapone a tal razonamiento que, en razón de la actividad del actor, es razonable que se ausente por días continuos de su domicilio. Añade que conforme la doctrina legal de esta Suprema Corte que individualiza, la declaración de cesantía dispuesta por el empleador, como la del trabajador cuando se considera despedido, revisten carácter de recepticias, por lo que su eficacia extintiva opera al ser recibida por el destinatario, es decir, cuando ingresa la esfera jurídica de su conocimiento (v. fs. 317 y vta.)
II.5. En virtud de las consideraciones vertidas, solicita que se haga lugar al remedio traído y se revoque la sentencia atacada en cuanto dispuso el rechazo de la demanda impetrada.
III. El recurso no prospera.
Por cuestiones metodológicas habré de alterar el orden en que los agravios fueron planteados por el impugnante, empezando por abordar aquellos dirigidos a controvertir la valoración de la prueba efectuada en la instancia de origen.
III.1. De la lectura del veredicto surge que el tribunal de grado ponderó -en ejercicio de facultades privativas- lo alegado por cada una de las partes en sus respectivos escritos constitutivos del proceso (v. fs. 294/295 vta.).
Luego, tras analizar las declaraciones testimoniales vertidas en la audiencia de vista de la causa, puntualizó que el único supuesto "cliente" denunciado por el actor a fs. 86 del escrito de demanda, el señor Bringeri, declaró que desde hace más de veinte años le compraba mercadería directamente a los accionados, negando expresamente haberlo hecho por intermedio del promotor del pleito (v. vered., fs. 297 vta./298 vta.).
Respecto de los restantes testigos, aseveró el juzgador que no pudieron dar certeza de sus dichos y que admitieron conocer los hechos que expusieron a partir de las manifestaciones del propio actor (v. vered., fs. cit.).
En lo tocante a las facturas acompañadas junto con el escrito de demanda (n° 283 de fecha 14 de octubre de 2014 y n° 7 de fecha 1 de abril de 2015; v. fs. 6/7), luego de señalar que resultaron desconocidas por la accionada (v. fs. 118), sostuvo que tampoco demostraban que el actor hubiera laborado para los accionados (v. vered., fs. 298).
Añadió -con sustento en la pericia informática glosada a fs. 211 y vta.- que de los e-mails cotejados por la experta podía desprenderse que los mismos salieron de la casilla de correo del accionante (v. vered., fs. 295 vta.), que la empresa remitía listados de precios y promociones y que el actor le formuló pedidos o notas de pedidos. Empero, subrayó el juzgador, ello no era demostrativo de que las ventas que dijo realizar el actor se hicieran por "encargue" y bajo la dirección de los demandados (v. fs. 298).
En suma, consideró que en el caso no se configuraron las notas tipificantes de la relación de trabajo, ni del viajante de comercio, por lo que dispuso el rechazo de la demanda intentada (v. fs. 300/307 vta.).
III.2. Los argumentos expuestos por el recurrente no logran conmover lo resuelto por el órgano de origen.
III.2.a. Sabido es que determinar la existencia de una relación de dependencia o subordinación laboral, así como la calificación del vínculo existente entre las partes, constituyen cuestiones -en principio- reservadas a los magistrados de trabajo y, por lo tanto, no susceptibles de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 95.725, "Arias", sent. de 28-X-2009; L. 118.836, "Chiniellato", resol. de 21-VI-2017; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 122.177, "Maccari", sent. de 12-II-2021; e.o.).
III.2.b. El desarrollo que exhibe la impugnación, enderezado a enervar el pronunciamiento de origen por conducto de la intención de poner en evidencia la presencia de dicho vicio invalidante en el razonamiento del juzgador, no logra su cometido.
En efecto, las disquisiciones que formula el quejoso en derredor de la valoración de los escritos constitutivos del proceso y las probanzas acompañadas y producidas en la causa -específicamente las facturas de fs. 6/7, los correos electrónicos adjuntados con el escrito de demanda, la pericia informática de fs. 211 y la prueba oral producida en la audiencia de vista de la causa- se basan en meras opiniones o interpretaciones personales contrapuestas con las conclusiones del tribunal de origen. Vale decir, resultan simples apreciaciones discrepantes que -conforme reiteradamente se ha declarado por esta Suprema Corte- constituyen una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del aludido déficit invalidante (causas L. 81.455, "Joglar", sent. de 6-IX-2006; L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016 y L. 122.177, "Maccari", sent. de 12-II-2021).
Corresponde destacar aquí que aun cuando el análisis efectuado por el tribunal sobre cuestiones de hecho y de prueba pueda resultar opinable o discutible, esa sola circunstancia no es suficiente para tener por demostrada aquella anomalía, habida cuenta que lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento. Antes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo, desvío que no aprecio configurado en el caso (causas L. 119.380, "Servián", sent. de 8-XI-2017; L. 120.443, "Mascotena", sent. de 6-XI-2019 y L. 121.798, "Simón", sent. de 10-VIII-2020).
Con relación al embate por conducto del cual se refuta la valoración de la prueba testimonial efectuada en la instancia de origen, es dable recordar que en virtud del sistema de oralidad imperante en el fuero laboral, su apreciación queda reservada a los jueces de la causa, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 112.843, "De Renzo", sent. de 29-V-2013; L. 107.358, "López", sent. de 15-VII-2015; L. 120.081, "Mercuri", sent. de 25-IV-2018; e.o.).
Sin mengua de lo dicho, cabe advertir que contrariamente a la versión actoral -aspecto que fue valorado especialmente por el juzgador- el único testigo denunciado por el promotor del pleito como supuesto "cliente" en el libelo de inicio (v. fs. 86, señor Bringeri) declaró que siempre le compró mercadería directamente a los demandados, negando haberlo hecho a través del accionante (v. vered., fs. 296 vta., 298 y vta.).
III.2.c. En este contexto, como adelanté, las motivaciones que definen el contenido de la crítica se reducen a la exposición de un simple enfoque subjetivo contrario a la decisión adoptada, y tal formulación, tiene dicho esta Corte, no es base idónea para demostrar el error grave y manifiesto que constituye el absurdo (causas L. 90.265, "Jouannys", sent. de 27-II-2008; L. 117.659, "Coria", sent. de 26-VIII-2015 y L. 120.646, "Maldonado", sent. de 10-VIII-2020), por lo que este tramo de la impugnación debe ser desestimado.
III.3. Idéntica suerte adversa ha de correr el cuestionamiento por conducto del cual el compareciente aduce que el tribunal no aplicó la inversión de la carga de la prueba que emerge -según dice- de la doctrina legal de esta Corte que se ocupa de referir (v. fs. 313).
Tal como surge de la reseña del pronunciamiento precedentemente efectuada, en el veredicto, el tribunal de grado formó su convicción sobre la inexistencia de un vínculo de trabajo dependiente entre las partes -más allá de las consideraciones que hubo de formular respeto de las incumbencias probatorias en orden a los hechos materia de controversia en la etapa de sentencia- haciendo mérito de la prueba documental, informática y testimonial ofrecidas -incluso- por la propia parte actora en el proceso.
Tan es así que, desde la lectura del fallo de los hechos, se desprende que el tribunal de mérito expresó que "...no se dan las notas tipificantes de la relación de trabajo, ni del viajante de comercio. Las pruebas adjuntadas son insuficientes a tal fin..." (fs. 298 in fine ).
De suyo, más allá de las disquisiciones efectuadas en la sentencia con relación a las cargas probatorias y las normas aplicables (arts. 23, LCT y 375, CPCC), lo cierto es que, a partir de lo concluido en el veredicto, el tribunal desplegó su labor axiológica amparado en la evaluación de toda la prueba rendida.
En razón de ello, conviene recordar que ninguna transgresión a las reglas de las cargas probatorias puede tener cabida cuando, por natural derivación del principio de adquisición procesal, al juez le resulta indiferente establecer a cuál de los litigantes correspondía probar porque, en definitiva -tal y como sucedió en la especie-, los hechos esenciales de la causa que llevaron al juzgador a resolver del modo en que lo hizo, resultaron acreditados (causas L. 90.172, "Just", sent. de 19-III-2008; L. 107.318, "Espíndola", sent. de 13-VI-2012 y L. 119.705, "Molinaro", sent. de 10-X-2018).
En estas condiciones, resta agregar que no cabe ingresar en el análisis de la denuncia de violación de la doctrina legal que cita el quejoso a propósito de la réplica orientada a cuestionar las incumbencias probatorias.
III.4. Igualmente ineficaz resulta la mención al principio in dubio pro operario , contemplado en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo -texto según ley 26.428-, cuya aplicación pretende el quejoso en su pieza recursiva (v. fs. 314), desde que la duda a la que alude dicho precepto es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juzgador al tiempo de dictar sentencia; por lo que no es dable acudir al mismo si -como en el caso- los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 117.403, "Tibaudin Aguer", sent. de 9-IX-2015; L. 118.933, "Sáenz", sent. de 5-X-2016; L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017 y L. 122.586, "Jurao", sent. de 30-XII-2021).
III.5. En orden al reproche por el que se aduce que el órgano de grado debió valerse del juramento prestado por el trabajador en los términos del art. 39 de la ley ritual del fuero para tener por acreditada la existencia de la vinculación de naturaleza dependiente debatida, su improcedencia se impone manifiesta ni bien se repara en que, conforme lo ha resuelto esta Suprema Corte, la disposición citada sólo resulta operativa cuando previamente se ha acreditado la relación laboral, presupuesto no verificado en la especie. Dicho en otros términos, la actuación de dicha norma carece de eficacia para demostrar el vínculo de trabajo (causas L. 97.308, "Riesco", sent. de 14-IV-2010; L. 103.923, "Palavecino", sent. de 15-XII-2010 y L. 125.423, "Maldonado", resol. de 12-IV-2021).
III.6. Con todo, debiendo permanecer firme la conclusión plasmada en el fallo relativa a la inexistencia de la relación laboral dependiente debatida en autos, resulta inoficioso que me expida respecto de la crítica que gira en torno a la supuesta inobservancia de la doctrina legal relativa al carácter recepticio de las comunicaciones cursadas entre las partes y su eficacia extintiva.
IV. Por todo lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Bajo la siguiente reflexión, centrada en el agravio fundado en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, habré de adherir al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Torres.
Como lo destacó el ponente, el tribunal de grado en el veredicto, luego de analizar las pruebas, afirmó que no se daban en autos "las notas tipificantes de la relación de trabajo, ni del viajante de comercio", a la par, ya en la sentencia, puntualmente citó la doctrina legal que emana de la causa L. 94.899, "Botelli" (sent. de 22-XII-2008), expresando que "...Si la prueba producida demostró -a juicio del tribunal- que las labores prestadas por el actor no lo fueron en relación de subordinación con el demandado no se configura el presupuesto condicionante al que el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo subordina la operatividad de la presunción iuris tantum que ella contiene..." (fs. 350).
Luego, más allá de las disquisiciones que desplegó en orden a las cargas probatorias y a los alcances que pareció otorgarle a la herramienta pergeñada por el legislador en el mentado art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo cierto es que lo argumentado por el recurrente con sustento en la presunción legal, no se hace cargo de aquellas fundamentales aseveraciones que integran la estructura argumental del pronunciamiento impugnado, revelando la inhabilidad de la crítica.
II. El recurso debe desestimarse conforme se resuelve en la opinión que inaugura este acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
A l
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