Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129092
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, en lo que interesa destacar, rechazó la demanda promovida por Mario Jonathan Mink contra Bahía Tuning Empresa de Servicios S.A. y Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda, mediante la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y demás rubros de naturaleza laboral (v. veredicto y sentencia de fecha 11-IV-2022).
Para así decidir, valorando en conciencia las pruebas producidas en la causa, juzgó, en primer lugar, que la relación con Bahía Tuning Empresa de Servicios S.A. había finalizado por renuncia del accionante el día 1 de octubre de 2011 y que desde esa fecha el vínculo continuo exclusivamente con la Cooperativa codemandada.
En cuanto a las causales invocadas para considerarse despedido, estimó que el único incumplimiento que había sido acreditado (falta de pago de sumas no remunerativas en los meses de septiembre y octubre de 2017), de todas las inobservancias imputadas a su empleadora, no resultaba de magnitud tal que justifique la injuria invocada, ni la resolución del vínculo laboral.
II. Frente a lo así resuelto se alza el legitimado activo con recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 20-IV-2022), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución de fecha 22-IV-2022).
III.1. En la primera de las vías interpuestas denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, así como de los distintos principios constitucionales y del derecho laboral que cita.
En lo sustancial, considera que el tribunal de grado no se pronunció sobre la fecha real en que el actor ingresó a trabajar a órdenes de la codemandada Bahía Tuning Empresa de Servicios S.A. y tampoco analizó las pruebas, a fin de decidir sobre la responsabilidad de su empleadora originaria.
Manifiesta que la omisión de tratamiento y consideración de una cuestión esencial como la referida, limita la solución del conflicto.
III.2. De modo liminar, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.2.a. En consecuencia, el embate articulado carece de andamiaje, desde que, de la simple lectura del pronunciamiento impugnado surge que, en la especie, no media violación del art. 168 de la Carta local, pues el reproche formulado en torno a la supuesta falta de determinación de la fecha de ingreso que se invoca preterida, mereció consideración en el fallo, en el que los juzgadores concluyeron que no se había acreditado la fecha de inicio de la relación denunciada en la demanda (v. vered., 1ra. cuestión in fine ).
III.2.b. Por lo demás, se observa que -en rigor- la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el planteo a la imputación de presuntos errores in iudicando , cuyo tratamiento es ajeno al acotado ámbito de actuación del carril de nulidad intentado y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.118, "Eliseiri", resol. de 27-V-2022).
III.3. Finalmente, tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto lo que la referida norma sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021). En el caso, la simple lectura del fallo en crisis exhibe que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020 y L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021).
IV.1. En su recurso de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y arbitrariedad en la apreciación de las pruebas y las distintas constancias de la causa, así como la vulneración de las normas y la doctrina legal que cita.
En primer lugar, cuestiona la decisión de grado en cuanto tuvo no acreditado que al actor se le adeuden los gastos de traslados a la ciudad de Bahía Blanca, al ser convocado por el médico de la Cooperativa accionada.
Por otro lado, alega que -contrariamente a lo que afirma el juzgador- la falta de pago de las sumas no remunerativas de los meses de septiembre y octubre de 2017, constituyó injuria lo suficientemente grave para considerarse despedido.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.3.a. En primer lugar, el agravio dirigido objetar la decisión de grado de juzgar no acreditada la falta de pago de los gastos de traslado, no es de recibo.
Sabido es, que esta Corte tiene dicho que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 119.706, "Azcona", sent. de 6-II-2019; L. 120.588, "Sosa", sent. de 4-IX-2019; L. 120.771, "Derra", sent. de 19-IX-2019 y L. 127.214, "Coronel", resol. de 17-XI-2021).
IV.3.b. En el caso, el a quo consideró que el actor no pudo demostrar haber incurrido en gastos por la suma de $5.500 con el fin de trasladarse de la ciudad de Tres Arroyos hasta Bahía Blanca, con motivo de haber sido convocado por el médico de la Cooperativa.
En el punto, lejos de controvertir frontal y eficazmente tal conclusión a la que arribó el tribunal de origen sobre la base de la valoración de los elementos de juicio adquiridos en el proceso, el recurrente se limita a analizar el asunto desde otra perspectiva, apoyándose en su propia versión sobre como debieron apreciarse los hechos y las pruebas agregadas a la causa, pero sin evidenciar que el razonamiento del a quo se encuentre errado.
En definitiva, el compareciente prescinde aportar elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que -como tal- no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017 y L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019).
En este orden, resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, apartándose de la línea argumental del fallo -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada, dejando sin réplica las conclusiones esenciales de la decisión (causas L. 123.336, "Velazque", resol. de 13-XI-2019; L. 127.448, "Marconato", resol. 29-XI-2021 y L. 127.534, "Benitez", resol. 13-XII-2021).
IV.4.a. Tampoco puede prosperar, el agravio dirigido a cuestionar la decisión con arreglo a la cual se tuvo por no acreditado el despido indirecto.
En este aspecto, sabido es, que evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de la causal invocada para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020 y L. 127.399, "Zaldua", resol. de 23-XI-2021).
En tal sentido, es del caso destacar que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019; L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020 y L. 123.856, "Maidana", resol. de 18-VIII-2022).
IV.4.b. En el caso, el a quo evaluó los elementos probatorios aportados a la causa en orden a establecer las circunstancias en que se produjo la extinción del vínculo laboral, y consideró -como se señaló supra - que el único incumplimiento acreditado, de todos los imputados a la empleadora para justificar el distracto, no resultaba de magnitud suficiente como para considerar configurada la injuria invocada.
Esta conclusión del órgano judicial de grado no logran ser descalificadas por el recurrente, por cuanto las alegaciones que formula no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre cómo debieron apreciarse los hechos y las probanzas agregadas a la causa, lo cual -conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 124.085, "Fuente", resol. de 8-V-2020; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.465, "Falcón", resol. de 11-II-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/09/2022 09:32:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2022 08:15:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2022 13:08:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/10/2022 16:04:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2022 07:50:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/10/2022 09:50:35 hs. bajo el número RR-1255-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia