Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128965
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en el punto III.2, no reúnen los requisitos esenciales, y el tratado en el III.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, hizo lugar a la demanda promovida por Guadalupe Estefanía Ruau Saubidet y condenó solidariamente a Aldo Orestes Metti y Helacor S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido, multas y otros rubros de linaje laboral (v. pronunciamiento de fecha 21-II-2022).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, juzgó que el despido indirecto dispuesto por la trabajadora resultó justificado. Además, tuvo por verificados los recaudos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente, y tras analizar detenidamente las circunstancias fácticas y probatorias de la causa, dispuso, con sustento en lo dispuesto en el art. 30 de la ley 20.744, condenar solidariamente a ambas codemandadas por el pago de los créditos reconocidos a la actora.
II. Frente a lo así resuelto, la codemandada Helacor S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 16-III-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 23-III-2022).
En lo esencial, dirige su embate a censurar la conclusión de grado que tuvo por configurado el supuesto previsto en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sostiene que dicha decisión resulta absurda toda vez que ambas accionadas se vincularon jurídicamente a través de un contrato de franquicia, el cual se encuentra regulado en los arts. 1.512 a 1.524 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Por otro lado, entiende que no se han configurado los presupuestos necesarios para la imposición de la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de trabajo.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso, particularmente en lo que respecta al valor del litigio.
Es menester destacar que en atención a que los cuestionamientos traídos por la recurrente versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas -la vinculada a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta de valor indeterminado (causas L. 117.450, "Etchegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.919, "Cabrera", sent. de 12-II-2020 y L.122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020).
III.2.a. A partir de tales premisas, en relación al primero de los agravios traídos, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, no supera el importe mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.764, "Mendes Neto", resol. de 16-XII-2020 y L. 125.463, "Maisonnave", resol. de 12-II-2021).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
III.2.b. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados se observa que, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las doctrinas traídas por la recurrente en apoyo de su pretensión remite, por un lado, al análisis de cuestiones de hecho y prueba -como son aquéllas vinculadas a la determinación de la existencia o no de los presupuestos de solidaridad contemplada en el art. 30 de la ley de Contrato de Trabajo-, situación detraída de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 107.496, "Kalcich", sent. de 29-V-2013; L. 118.759, "Fioravanti", resol. de 28-X-2015 y L. 122.289, "Córdoba", resol. de 10-IX-2019), y por otro, aluden a presupuestos fácticos disímiles a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, su invocación resulta también ineficaz para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el conducto excepcional antes citado (causas L. 120.862, "Amarilla", resol. de 27-XII-2017; L. 121.608, "Suárez", resol. de 10-IV-2019; L. 124.350, "Arana", resol. de 21-VIII-2020 y L. 125.633, "Molina", resol. de 29-III-2021).
III.2.c. Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 120.064, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 125.286, "Sánchez Pérez", resol. de 13-XI-2020 y L. 126.246, "Dieguez", resol. de 22-IX-2021).
III.3.a. Ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653) la impugnación vinculada al restante agravio traído, pues esta Corte tiene dicho que el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna el litigio, a los fines del recurso, de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653, causas L. 120.003, " Peralta", resol. de 14-IV-2019 y L. 123.845, "Contreras", resol. de 11-III-2020).
III.3.b. Sentado ello, es oportuno recordar que determinar -con arreglo a la prueba producida en la causa- si se verifican los requisitos a los que el citado art. 132 bis de la ley 20.744 subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo. Las conclusiones que al respecto se formulen en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no son susceptibles de revisión en casación, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 119.786, "Gómez Jiménez", sent. de 27-VI-2018; L. 121.936, “Ilzarbe”, sent. de 31-VIII-2020 y L. 121.376, "Aguirre", sent. del 14-XII-2020).
En el caso bajo estudio, la recurrente omite satisfacer dicho recaudo, toda vez que no invoca la configuración del mentado vicio, por lo que la réplica resulta insuficientemente fundada.
En efecto, sabido es que esta Corte reiteradamente ha señalado que resulta técnicamente defectuoso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la interpretación efectuada por el tribunal de la instancia ordinaria en función que le compete privativamente, omitiendo la invocación del mencionado yerro sentencial (art. 279, CPCC; causas L. 124.434, "Papa", resol. de 23-X-2020; L. 125.047, "Hastoy", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.157, "Dietrich", resol. de 22-II-2021).
III.3.c. Sin perjuicio de la marcada insuficiencia técnica que presenta la impugnación, cabe señalar que las escuetas manifestaciones que formula la interesada, transitan sobre meras apreciaciones personales, insuficientes para conmover lo resuelto en la instancia de origen, en tanto sólo exhibe su disconformidad con la solución alcanzada en el fallo.
En este sentido, reiteradamente ha declarado este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de origen por el propio, porque el vicio de absurdo sólo se configura ante el error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021)), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
Por lo demás, dable es recordar, que la selección, jerarquización y valoración del material probatorio constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo y las conclusiones que al respecto formule, no son susceptibles de revisión ante la instancia extraordinaria, salvo invocación y demostración del vicio de absurdo (causas L. 123.382, "Santin", resol. de 11-III-2020 y L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020) que, en el caso, como se anticipó, se omite denunciar.
La señora jueza doctora Kogan dijo:
A tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) -y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013); entre otras-, acompaño lo decidido por mis colegas preopinantes en los punto III.1 y III.2 de su propuesta.
Luego, también adhiero a lo expuesto en el punto III.2. del voto inaugural del Acuerdo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en el punto III.2, no reúnen los requisitos esenciales, y el tratado en el III.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/10/2022 20:10:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2022 15:56:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2022 11:01:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:10:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 12:33:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2022 13:57:42 hs. bajo el número RR-1329-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia