Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123184
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.184, "Quiriconi, Fabiana contra Colegio de Arquitectos Distrito V -Mercedes- y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción deducida, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 664/669).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 683/700).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 707/709), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo desestimó la demanda de Fabiana Quiriconi contra el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires distrito V -Mercedes- y el Colegio de Arquitectos de La Provincia de Buenos Aires, en cuanto procuraba el pago de haberes adeudados, las indemnizaciones derivadas del despido y los agravamientos normados en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 664/669).
Para así resolver, luego de acoger -con fundamento en los arts. 25 y 27 de la ley 10.405- la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Colegio profesional distrital (v. fs. 668), abordó la cuestión de fondo.
En esta tarea, juzgó no demostrada la existencia de la relación laboral dependiente invocada en sustento de la acción (v. fs. 666, 668 y vta.).
II. La actora interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación del art. 171 de la Constitución provincial.
II.1. Alega que se omitió dilucidar cuestiones esenciales, ya que no individualizó los elementos de juicio bajo los que descartó la existencia de una relación laboral dependiente entre las partes (v. fs. 688 vta.).
Aduce que el juzgador no ponderó la negativa y el desconocimiento explícito que formuló la actora respecto de las constancias documentales acompañadas por la contraria, a lo que agrega que esta última no demostró que quienes prestan servicios en el Colegio de Arquitectos se encuentran excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 688 vta. y 689).
Añade que la reclamada tampoco acreditó que llevara documentación laboral, fiscal y de la seguridad social en debida forma (v. fs. 689 y vta.).
Afirma verificadas las notas típicas de una relación de empleo subordinada, y que el art. 2 de la ley citada no excluye de su ámbito de aplicación al personal de las entidades profesionales (v. fs. 690).
En razón de ello, refuta el fallo por resolver que la relación debatida en autos se encontraba regida por la ley provincial 10.405 (v. fs. 690 y vta.).
Puntualiza que la demandada no demostró que otro tipo de ligamen la unió con Quiriconi y que no se acompañaron libros de contabilidad, ni recibos de haberes (v. fs. 690 vta.).
II.2. Asevera que el fallo contraría el deber de fundamentación adecuada del art. 171 de la Constitución local (v. fs. cit.).
Refiere que el juzgador omitió valorar la habitualidad de las labores desarrolladas por la reclamante, así como los poderes de dirección, organización y disciplinarios que las demandadas ejercían a su respecto (v. fs. cit.).
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 707/709), considero que el recurso extraordinario de nulidad no prospera.
III.1. El recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; L. 124.430, "Puentes de integración", sent. de 23-II-2021; e.o.).
III.2. La impugnante no formula reproches abordables en el marco de las señaladas causales, desde que los embates que nutren su crítica, lejos de vincularse con alguno de los supuestos enunciados -únicos que delimitan el campo de actuación del remedio procesal bajo análisis-, se dirigen a objetar la valoración de las constancias probatorias obrantes en el expediente y el modo en que el tribunal trató y resolvió la cuestión esencial a dirimir, esto es, la naturaleza jurídica de la relación habida entre las partes.
Desde esta perspectiva, el planteo traído, refiere -en rigor- a la imputación de presuntos errores de juzgamiento, cuyo tratamiento es extraño al ámbito del medio de impugnación intentado, siendo materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 114.451, "Fate S.A.I.C.I.", sent. de 20-XII-2017; L. 120.325, "Pérez", sent. de 29-V-2019 y L. 121.816, "Acosta", sent. de 28-IV-2021).
Cabe agregar que la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad del fallo es la que se configura por descuido o inadvertencia del juzgador, situación que no acontece si -como en el caso- el tópico que se invoca preterido fue expresamente abordado y resuelto en la sentencia de grado, aunque -claro está- en forma adversa a las pretensiones de la impugnante, resultando ajeno al ámbito del remedio procesal intentado el acierto jurídico de esa decisión (causas L. 96.748, "Callejo", sent. de 25-VIII-2010; L. 100.492, "Pérez", sent. de 10-III-2011; L. 106.682, "Vilchez", sent. de 8-VIII-2012; e.o.).
III.3. Por último, resta aclarar que -contrariamente a lo expuesto por la recurrente- el fallo se encuentra fundado en ley (v. sent., fs. 668 vta. y 669; art. 171, Const. cit.), sin que corresponda analizar -en el marco de la presente vía- su eventual incorrecta o deficiente fundamentación jurídica (causas L. 116.963, "Lloret", sent. de 15-VII-2015; L. 119.636, "Medina", sent. de 28-II-2018 y L. 124.355, "Bogao", sent. de 23-II-2021).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia absurdo, violación de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 4, 12, 21, 22, 23 y 29 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita.
I.1. Impugna -en lo medular- la decisión de grado en cuanto resolvió que la relación que unió a las partes no era de naturaleza laboral dependiente (v. fs. 691 y vta.).
Se agravia del modo en que el juzgador distribuyó las cargas probatorias toda vez que -aduce- habiendo reconocido la accionada la prestación de servicios, le incumbía acreditar que no fueron ejecutados en relación de dependencia, extremo que -alega- no satisfizo (v. fs. 691).
Refuta se concluyera que la ley provincial 10.405 es la norma aplicable para dirimir la controversia, dato a partir del cual descartó la existencia de un vínculo laboral subordinado entre los litigantes. Afirma que tal definición es absurda y opuesta a las constancias probatorias obrantes en la causa (v. fs. 691 vta.).
Destaca que la condición de profesional de la reclamante no obstaculiza la configuración de un contrato de trabajo (v. fs. cit.).
Entiende quebrantado el principio de congruencia (v. fs. 691 vta. y 692).
Alega que el tribunal incurrió en absurdo toda vez que -en su criterio- desinterpretó las constancias probatorias obrantes en el expediente, para lo que remite a los argumentos que expuso en el capítulo V apartado 4 del recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 692).
Cita fallos de la Corte federal relativos a la doctrina de la arbitrariedad (v. fs. 692 y vta.).
Manifiesta que el juzgador no tuvo en cuenta la prueba documental agregada por la contraria (v. fs. 585/649), de la que surge el cúmulo de tareas desempeñadas por la actora; como tampoco la "injusta" sanción disciplinaria que se le impuso por supuestos incumplimientos que le endilgó la demandada (v. fs. 693).
Postula aplicable -en el caso- la presunción que los trabajos se efectuaron en relación de dependencia. Cita las causas L. 50.658, "Swida", sentencia de 10-XII-1992; L. 75.821, "Benedetti", sentencia de 18-XII-2002; L. 72.996, "Rosales", sentencia de 20-VI-2001; L. 73.699, "Tenuta", sentencia de 19-II-2002 y L. 79.303, "Gil", sentencia de 29-XII-2003 (v. fs. 693 y vta.).
Añade que la índole del vínculo que las partes hayan querido o creído establecer, no puede desnaturalizar ni modificar la verdadera modalidad que se infiere de las condiciones en que se desenvolvió dicha vinculación contractual -cita, en este punto la causa L. 47.477, "Bambill", sentencia de 3-IX-1991-, y que son los jueces a quienes corresponde determinar la calificación jurídica de la relación habida entre las partes, conforme al material probatorio acumulado, el que debe evaluarse en su integridad y no de manera aislada. Identifica, en este punto, los precedentes L. 80.616, "Franchino", sentencia de 27-IV-2004; L. 74.675, "Fernández", sentencia de 2-X-2002 y L. 47.294, "Foppiano", sentencia de 5-XI-1991 (v. fs. 693 vta.).
Señala que conforme la doctrina legal de esta Corte la prestación de servicios que torna operativa la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo es la de aquellos desarrollados en relación de dependencia. En este orden, individualiza los fallos L. 34.473, "Muñoz", sentencia de 26-III-1985; L. 39.519, "García", sentencia de 25-X-1988; L. 48.193, "Gómez", sentencia de 8-IX-1992; L. 58.626, "Viola", sentencia de 7-VII-1996; L. 60.351, "Beraud", sentencia de 11-III-1997; L. 87.444, "Amado", sentencia de 6-VIII-2003 y L. 82.046, "Tolosa", sentencia de 1-IX-2004 (v. fs. 693 vta. y 694).
Expone que la referida regla no puede interpretarse aisladamente de aquella otra en virtud de la cual, admitida la prestación de servicios por la demandada, pero negada su naturaleza laboral, le incumbe a esta última la prueba de la particular vinculación alegada en virtud del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, y no habiéndolo, rige la presunción de que los trabajos fueron realizados en relación de dependencia. Menciona los precedentes registrados como L. 32.808, "Colombo", sentencia de 29-V-1984 y L. 80.713, "Avila", sentencia de 11-VIII-2004 (v. fs. 694).
I.2. Destaca que la sentencia fue dictada en ausencia de fundamentos, lo cual la descalifica como acto jurisdiccional válido (v. fs. 694 vta. y 695). A la vez, denuncia ausencia de tratamiento de cuestión esencial y violación del principio de congruencia (v. fs. 695 y vta.).
I.3. Se agravia del acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el colegio distrital. Afirma que -contrariamente a lo resuelto por el juzgador- de la ley 10.405 no se desprende que dicha entidad carezca de personería o no pueda ser sujeto de derechos (v. fs. 695 vta./698). Entiende que tal conclusión del tribunal queda acabadamente desvirtuada con documentación agregada por el excepcionante que individualiza (v. fs. 697).
II. El recurso no puede prosperar.
II.1. El remedio extraordinario puesto bajo examen fue concedido por el tribunal de origen en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (v. fs. 701 y vta.), porque -en efecto- el valor del litigio -representado por la suma reclamada en la demanda cuyo rechazo se cuestiona- no supera el monto mínimo para recurrir previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
Así las cosas, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 95.658, "Duarte", sent. de 20-V-2009; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010; L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; e.o.).
II.2.a. Desde esa perspectiva, el agravio destinado a cuestionar la conclusión esencial relativa a la naturaleza no laboral de la relación que unió a las partes, no puede examinarse en el acotado marco de revisión indicado, desde que los planteos de la interesada remiten al análisis de cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya definición es privativa de los magistrados de origen y -por ende- están excluidas del ámbito de la casación por la vía transitada.
Expresamente ha declarado esta Corte que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el marco de la excepción prevista por el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, pretende la revisión de cuestiones de hecho y de prueba (causas L. 103.470, "Juárez", sent. de 30-XI-2011; L. 104.461, "Montenegro", sent. de 30-V-2012; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; e.o.).
Me afirmo en esta premisa porque al análisis de tales extremos fácticos refiere la cita de doctrina forjada en torno al art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.2.b. Por otro lado, aquella que se menciona vinculada a la distribución de las cargas probatorias, en tanto ha sido elaborada sobre la base de una norma de naturaleza procesal, resulta ajena a la revisión por el estrecho carril intentado (causas L. 111.950, "Ramundo", sent. de 24-X-2012; L. 120.258, "Caiguara", sent. de 17-X-2018; e.o.).
II.2.c. Para más, no es ocioso recordar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los de otros tribunales de justicia no constituyen la doctrina legal a la que hace alusión el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (v. rec., págs. cits.; causas L. 120.083, "Sanquigni", sent. de 14-II-2018; L. 121.443, "Rasgido", sent. de 31-VIII-2020; e.o.).
II.3.a. Tampoco son revisables los embates que se sustentan en que la sentencia fue dictada sin fundamentos y habiendo omitido el juzgador el tratamiento de una cuestión esencial (v. fs. 695 y vta.), ya que las denuncias vinculadas a dichos supuestos, resultan ajenas al recurso de inaplicabilidad de ley y propias del de nulidad (causas L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 118.589, "Sosa", sent. de 6-IV-2016; L. 119.623, "Pisarello", sent. de 22-II-2017; e.o.).
II.3.b. Por lo demás, advierto que los precedentes que se citan en esta parcela del recurso invocan a un supuesto de nulidad de oficio (v. Ac. 33.657, "Martínez Díaz de Fiore", sent. 23-IV-1985) y al acogimiento de un recurso extraordinario de nulidad por inobservancia del art. 171 de la Constitución provincial (v. Ac. 55.645, "E.G.B.A.S.A.", sent. de 5-IX-1995).
II.4. Tampoco es atendible el reproche dirigido a poner en evidencia el supuesto quebranto del principio de congruencia, por no mediar denuncia de violación de doctrina legal alguna, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la excepcional hipótesis habilitante prevista en el mencionado precepto de la ley ritual (causas L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016; L. 121.448, "Soria", sent. de 2-VI-2020 y L. 124.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020).
Si bien lo dicho abastece la respuesta al agravio, de cara a las condiciones en que se lo examina, se recuerda -tal como dije en el punto II.2.b.- que no resulta idónea la doctrina legal elaborada en torno a preceptos de orden procesal para lograr la apertura de la vía excepcional revisora prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
II.5. Finalmente, por idénticas razones a las desarrolladas en el segundo párrafo del acápite anterior, no resulta eficaz la crítica dirigida a impugnar el acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el colegio distrital.
III. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Cabe destacar que, en el veredicto, valorando fundamentalmente la prueba documental, el tribunal de grado sostuvo que conforme el reglamento propio de la accionada, a partir de su designación y hasta su suspensión, la demandante, elegida por sus pares, fue miembro del colegio profesional que representaba, con la finalidad de cumplir los designios en la jurisdicción correspondiente a la Delegación de Pilar. Bajo esa plataforma fáctica, concluyó señalando "...que el vínculo de la actora con la demandada no encuadra dentro de las previsiones del art. 21 y ccs. de la LCT, es decir no existió entre las partes una relación laboral de dependencia regida por la citada normativa... ".
Frente a esa definición, de suyo, crucial en la estructura del pronunciamiento que culminó rechazando la demanda, el recurrente trae cuestionamientos de orden fácticos y probatorios, ajenos al estrecho carril por el que transita el recurso y por ello irrevisables en esta sede extraordinaria, tal como agudamente lo afirma el colega ponente.
Lo anterior, evidencia la suerte adversa de la impugnación. Es que, queda huérfana de fundamento la aseveración del impugnante en la que asegura que carecen de valor los elementos considerados por el órgano jurisdiccional de la instancia para desvirtuar la presunción contemplada en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, y con ello, la invocación de la doctrina legal emparentada con dicho precepto legal.
I.2. Bajo las consideraciones expuestas, adhiero al sufragio emitido por el doctor Torres.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
Sin embargo, con relación a ciertos argumentos expuestos por mi distinguido colega en los apartados II.2.b. y II.4 -segundo párrafo- de su propuesta, no puedo dejar de señalar que participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes).
La decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), reitero mi adhesión a la propuesta que inaugura el acuerdo.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.