Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125637
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.637, "Barragán, Elba Susana contra UATRE y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 673/686).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 28-X-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó la demanda promovida por la señora Elba Susana Barragán contra la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), por la que procuraba el cobro de diferencias salariales, sueldo anual complementario y vacaciones; así como la percepción de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido; las penalidades previstas por los arts. 80 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y 8 y 15 de la ley 24.013; el incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323; la sanción procesal del art. 53 ter de la ley 11.653 y la conminatoria mensual establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, ordenó a la entidad sindical accionada la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la ley 20.744 por el período 1999-2004 (v. sent., fs. 673/686).
Para así decidir, juzgó acreditado que entre la actora y la UATRE existió una relación laboral -sin registración- desde el día 10 de junio de 1999 hasta el 1 de diciembre de 2004, fecha esta última en la que el aludido vínculo se extinguió por voluntad concurrente de las partes (art. 241, LCT), en virtud de la designación de la trabajadora como "colaboradora gremial" (v. sent., fs. 681 vta.).
En ese orden de ideas, estableció que la vinculación entablada luego de ese período inicial y hasta el 15 de julio de 2014, obedeció a aquella función gremial que ejercía la accionante. A su vez, desestimó la existencia de hechos cometidos en fraude a la ley laboral por parte de la Unión codemandada, que evidenciaran que la prestación de la actora exorbitara ese cargo que ejerció y resultaran demostrativos de una relación jurídica que pudiera caracterizarse como laboral (v. sent., fs. cit.).
Precisó que, si bien la prestación de servicios verificada en los autos guardaba aparente similitud con las condiciones fijadas en el contrato de trabajo, ambas diferían en cuanto a su causa. Así, en lo relativo a la primera, estableció que se trataba de "la cooperación con la entidad para el cumplimiento de los fines propios, generadas en la motivación que lleva el representante gremial, pero que excluye una relación de trabajo y es funcional". Siguiendo esa línea, juzgó que, en la especie, medió un acto formal de designación como "colaboradora gremial" respecto de la actora, el cual ejerció durante un lapso prolongado de tiempo (v. sent., fs. 681 vta. y 682).
En ese entendimiento, no abonado el carácter de dependiente de la actora en los períodos demandados y, no habiendo requerido -en todo caso- la reincorporación a las tareas que alegó haber estado realizando (art. 48, ley 23.551) ni siendo emplazada a ello; consideró que el vínculo culminó por decisión del Secretario nacional de UATRE de dejar sin efecto la designación de la actora, de manera tal que consideró irrelevante e infundada la situación de despido indirecto en la que se colocó la accionante (v. sent., fs. 682 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 28-X-2019), en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 1 inc. "b", 7, 12, 14, 21, 22 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 inc. "d" de la ley 11.653; 163 inc. 6 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que identifica.
Inicialmente, aduce que la decisión en crisis resulta violatoria de la doctrina legal establecida por este Tribunal, en cuanto a que, admitido el hecho de la prestación de servicios por la accionada pero negada su naturaleza laboral, incumbe a esta última la prueba de la particular vinculación alegada en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y, en consecuencia, pesa sobre ella la carga de demostrar que la prestación reconocida obedeció a una causa ajena a un contrato de trabajo. A su vez que, en el supuesto de no hacerlo, rige la presunción de que los trabajos fueron realizados en relación de dependencia (art. 23, LCT).
Sostiene que el pronunciamiento resulta absurdo, no sólo por la irrazonable interpretación o valoración de la prueba, sino -sobre todo- por la "errada calificación de los hechos probados".
En tal sentido, argumenta que al haberse acreditado que la accionante prestó servicios para la demandada desde el año 1999 hasta el año 2014, el sentenciante absurdamente enmarcó el caso en la figura de "colaboradora gremial", la cual -dice- "nada tiene que ver con las tareas desarrolladas por la actora", siendo que esta se desempeñaba exclusivamente como empleada administrativa desde el comienzo de la relación laboral.
Agrega que no cabe analizar globalmente la situación de quienes, en calidad de "colaboradores" de un sindicato, perciben viáticos y gastos, ya que -alega- previamente debe considerarse cada supuesto en particular.
Explica que el art. 58 inc. "j" del Estatuto de la UATRE faculta a su órgano directivo para designar -entre otros- a los colaboradores gremiales para cometidos sindicales que estime necesarios para el normal funcionamiento de la organización, incluso en lo correspondiente a las tareas de bocas de expendio de la propia obra social.
En este marco -expone- el día 16 de junio de 2004, la demandada celebró un convenio con la Obra Social OSPRERA, por el cual esta encomendó a la UATRE la administración y atención de aquellas y, el sindicato -a su vez-, se comprometió a llevar a cabo este servicio a través de sus dirigentes gremiales (cumpliendo con su cometido sindical). Asimismo, mencionó que la Unión se obligó a liquidar a los encargados de esas tareas la compensación económica que en cada caso correspondiera, al pasar a hacer uso de licencia gremial automática en los términos del art. 48 de la ley 23.551, motivo de la suspensión de los efectos de sus contratos de trabajo con sus empleadores.
Afirma que, con aparente apoyo en estas cláusulas, la accionada dictó la resolución 293/04, mediante la cual designó -a partir del día 1 de diciembre de 2004- a la señora Barragán como colaboradora gremial de la Seccional de Coronel Pringles. Añade que en la misma se le hizo saber que debía comunicar a su empleador que dejaría de prestar servicios y pasaría a gozar de licencia automática sin goce de haberes.
En esa línea, expresa que -tal como se señala en el veredicto-, a fs. 141 obra la carta documento mediante la cual la actora puso en conocimiento de la UATRE "que ha procedido a notificar a su empleadora de la designación para desempeñar el cometido sindical" asignado, pero sin identificar quién revestía el carácter de empleador a esa fecha. Subraya que ello se debió a que la actora no tuvo ningún otro empleador que no fuera la mencionada Unión; a la par que -alega- tampoco medió licencia gremial alguna.
Entiende que las declaraciones de los testigos -Mauri, Casabone, Pedernera y Soto-, respaldaban la versión alegada por la trabajadora, en cuanto a las funciones administrativas que desempañaba en la boca de expendio de aquella localidad desde el mes de julio de 1.999 (manejo de documentación y atención de los afiliados de la obra social, otorgar bonos de consulta, entre otras), es decir -asevera- con anterioridad a su designación formal como colaboradora gremial en el año 2004.
En suma, sostiene que la prueba rendida logró demostrar que, a esa época, "la trabajadora no tenía otro empleador que el mismo sindicato, para quien ya venía trabajando, en las mismas tareas (típicamente administrativas), desde mucho tiempo antes de aquella designación".
Por otra parte, manifiesta que, más allá de no haber cumplido realmente labores gremiales, tampoco pertenecía al gremio rural, dado que en ningún momento trabajó en esa rama de actividad, por lo cual no era afiliada de la UATRE.
Afirma que -por las tareas administrativas que cumplía- la relación que la unía con la demandada era de naturaleza laboral. Plantea que la misma se mantuvo en forma clandestina desde el año 1999 hasta el momento en el que la accionada decidió fraudulentamente designarla en el mencionado cargo gremial (en el mes de diciembre de 2004), a fin de -dice- "blanquear" de algún modo la vinculación.
Aduce que el hecho de que el sindicato efectuara ese nombramiento no obstaba a la aplicación de la normativa laboral, en tanto el demandado -entiende- no probó que la función desempeñada por la trabajadora fuera gremial. En ese orden, refiere que tampoco tiene incidencia en el resultado del caso que la accionante tuviera conocimiento del Estatuto o se hubiera notificado de su designación, pues -alega- las disposiciones internas del sindicato no pueden prevalecer en perjuicio del trabajador, sobre las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo cuando "...-como en el caso de autos- el actor no era ni un delegado ni un representante gremial (Barragán recién fue elegida para desempeñar un cargo gremial en 2007, vale decir ocho años después del inicio de la prestación de servicios)".
Asegura que las mismas conclusiones se aplican respecto al convenio suscripto por la UATRE con OSPRERA en tanto -sostiene- la naturaleza del vínculo se determina en función de la realidad de los hechos y no de la denominación utilizada para disimular la existencia del contrato de trabajo bajo una figura distinta, a fin de evadir la aplicación de las normas imperativas.
Con todo, denuncia que la conclusión del juzgador de grado se encuentra apartada de las circunstancias fácticas alegadas y de la prueba rendida en autos.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tras analizar las manifestaciones de las partes en sus respectivos escritos constitutivos, el tribunal de grado puso de manifiesto la existencia de controversia en torno al vínculo que unió a las partes.
Indicó que mientras la parte actora invocó en su demanda que la relación en todo momento fue de linaje laboral (desde el año 1999, encuadrando a su entender las tareas desarrolladas en la categoría "administrativa primera" del Convenio Colectivo 462/06), exponiendo que se la incorporó fraudulentamente en un cargo gremial desde el año 2004 hasta el 2014 y, resaltando que la naturaleza de las labores fueron en todo momento las mismas; por su parte la demandada UATRE afirmó que el único vínculo habido con la accionante tuvo inicio en 2004 y lo fue ejerciendo el cargo de colaboradora gremial para la entidad; por otro lado, respecto a la accionada OSPRERA, señaló que esta negó que las ligara una relación de dependencia (v. vered., fs. 673 y vta.).
Sobre esa base, puesto a dilucidar la contienda, se abocó a analizar el material probatorio aportado en la causa (v. vered., fs. 673/677).
A tal fin, valoró que, en virtud del convenio suscripto entre ambas demandadas, se resolvió designar a la accionante -en su calidad de afiliada a la Unión-, desde el día 1 de diciembre de 2004, en el cargo de "colaboradora gremial", para la atención de las bocas de expendio de la obra social accionada -de la seccional n° 257- con sede en la localidad de Coronel Pringles, con el alcance previsto en el art. 48 de la ley 23.551 y concordantes.
Mencionó que en esa resolución se estableció que "dicha función sería desempeñada hasta la oportunidad en que el Secretario Nacional considere cumplido el cometido", a la vez que se hizo saber a la designada que debía comunicar a su empleador que dejaría de prestar servicios, pasando a gozar de licencia automática sin percibir haberes (no pudiendo ser despedida dentro del año posterior a la cesantía del mandato), debiendo acreditar la antedicha notificación a fin de solicitar la liquidación de la compensación económica correspondiente.
Precisó el juzgador que la actora puso en conocimiento de la UATRE que dicha comunicación había sido cursada a su empleador, sin especificar quién revestía esa calidad (v. vered., fs. 673 vta.y 674).
Seguidamente, con sustento en la prueba informativa obrante en el expediente, expresó que el informe emitido por la Unión demandada daba cuenta de los actos eleccionarios en los cuales, tras su postulación, había sido electa legítimamente la actora en los cargos de vocal segunda (el 6-X-2007), tercera (3-X-2009) y primera (1-X-2011), en todos los casos con el objeto de integrar las Comisiones Administrativas y de Delegados Congresales de las Seccionales locales (v. vered., fs. 674 y vta.).
Añadió que de la pericia contable surgía -teniendo en cuenta el libro de sueldo y jornales de la UATRE- como fecha de ingreso de la accionante, el día 1 de diciembre de 2004, siendo calificada como colaboradora gremial (art. 48, ley 23.551); mientras que en los de OSPRERA, no surgía registración de la actora. De igual manera, señaló que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que la primera de las nombradas cumplió con los aportes y contribuciones durante los períodos de diciembre de 2004 a julio de 2014 (v. vered., fs. 674 vta. y 675 y 565/568 vta.).
Respecto a las posiciones absueltas por la actora, indicó que esta admitió haber integrado la Comisión Directiva gremial, como vocal, en los períodos 2007, 2009 y 2011; siendo dada de baja de su ejercicio en el año 2014, mediante la debida comunicación (v. vered., fs. 675).
Asimismo, a fin de desentrañar el desempeño de la señora Barragán dentro de la entidad gremial, consideró relevante la prueba documental adunada a los autos. En ese cometido, destacó que la misma reveló la actividad sindical que efectuó la actora dentro de aquella, entre las que mencionó: solicitar licencia gremial, someterse a elecciones, ejercer su cargo, encontrarse registrada como tal, haber percibido compensación económica y consentir durante todo el transcurso del vínculo -sin objeciones-, con probadas conductas de relevancia en cuanto al contenido gremial y colectivo de sus acciones y empleado al cumplimiento de normas estatutarias para acceder a un cargo mayor dentro de los previstos en la constitución de la entidad gremial (arts. 375, CPCC; 48 y concs., ley 23.551 y 21, 22 y 23, LCT; v. vered., fs. 675 y vta. y 677).
A su vez, con sustento en las declaraciones testimoniales de la causa, juzgó acreditado que -previo a la celebración del convenio entre ambas accionadas-, desde el día 10 de julio de 1999 hasta el 1 de diciembre de 2004, entre la señora Barragán y la UATRE medió una relación laboral dependiente (la cual no fue registrada conforme las previsiones legales en los libros de su empleadora), en la que la trabajadora efectuó tareas de atención al público en relación a la documentación emitida por la obra social (v. vered., fs. 676 y vta. y 677 vta.).
En este marco, aclaró que, a pesar de que la actora cumplió las funciones de colaboradora gremial en forma similar o igual a las que realizaba un trabajador (percibía una suma de dinero, cumplía horarios, entre otras), ambas figuras deferían. Meritó que, mediante las primeras, la realización se efectuaba "en el marco de una organización en defensa de los intereses de los trabajadores, lo que no permite considerarlo dependiente dado el carácter institucional que los vincula", para más, agregó que, en la especie, se encontraba incumplida la carga procesal de la accionante de demostrar la existencia de fraude. Añadió a ello, que tampoco logró corroborarse "la falta de correspondencia entre la voluntad real de la trabajadora y lo declarado en actos o actuado en el desenvolvimiento de la relación, ni abdicación de derechos irrenunciables, o que finalmente le quiten el carácter voluntario a los actos cumplidos durante diez años" (vered., fs. 676 vta.).
En este contexto, concluyó que el cargo gremial al que accedió la trabajadora en tres ocasiones (integrando la lista de candidatos), así como también la conducta que asumió durante el ejercicio de aquel (durante diez años), no traslucieron un accionar de relación laboral entre las partes, en fraude a la ley, sino más bien un status que ubicaba a la accionante en el desempeño de la función que se le encomendara dentro de la entidad sindical. Esclareció también que, si bien las tareas o funciones encomendadas fueron las mismas en forma continuada, las pruebas demostraron la actividad gremial que desplegaba ejerciendo su cargo (v. vered., fs. 677).
Agregó -además- que ninguna prueba producida conducía a admitir la existencia de una relación dependiente, con sus componentes técnico, jurídicos y económico (v. vered., fs. 677 vta.).
Bajo estas circunstancias fácticas, tras juzgar acreditada que la vinculación culminó con la decisión gremial de dejar sin efecto la designación de la actora y, ante la exigencia de la señora Barragán de registrarla como dependiente durante el periodo de 1999 hasta 2014, consideró no justificado el despido indirecto dispuesto por esta en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo y desestimó la demanda promovida.
III.2. Los argumentos expuestos por la recurrente no logran conmover lo resuelto por el órgano judicial de origen.
III.2.a. Conviene recordar que determinar la existencia de una relación de dependencia o subordinación laboral, así como la calificación del vínculo existente entre las partes, constituyen cuestiones -en principio- reservadas a los magistrados de trabajo y, por lo tanto, no susceptibles de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 95.725, "Arias", sent. de 28-X-2009; L. 118.836, "Chiniellato", resol. de 21-VI-2017; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 122.177, "Maccari", sent. de 12-II-2021; e.o.).
También es sabido que no cualquier crítica autoriza a tener por acreditado el mentado vicio. Su existencia supone la comprobación de circunstancias que bien pueden calificarse de extremas por exceder el marco del mero disentimiento o la discrepancia de criterio personal, porque se requiere algo más: el error grave, el desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una grosera desinterpretación material de la prueba producida que conduzca a resultados inconciliables con las constancias que se desprenden de la causa (causas L. 122.223, "Góngora", sent. de 22-XII-2020; L. 125.849, "Saúl", sent. de 23-II-2022; e.o.).
III.2.b. El desarrollo que exhibe la impugnación, enderezado a enervar el pronunciamiento de origen por conducto de la intención de poner en evidencia la presencia de dicho vicio invalidante en el razonamiento del juzgador, no logra su cometido.
Ello así, toda vez que la recurrente se ha desentendido de la línea reflexiva del fallo y de las motivaciones que lo sustentan, limitándose a reiterar conceptos ya vertidos en el curso del proceso que fueron expresamente considerados y descartados en la sentencia. En otras palabras, ha construido su crítica a partir del modo como ella interpreta que debieron ser analizados los hechos y pruebas rendidos en autos, desatendiendo la tarea que específicamente le atañe, si lo pretendido es desplazar la conclusión del juzgador: me ref
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