Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125955
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.955, "Claramunt, Eduardo Daniel contra Cooperativa Agrícola Ganadera de Saladillo Ltda. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la acción instaurada e impuso las costas a la parte actora (v. sent., fs. 99/110 vta.).
Se dedujeron, por el letrado apoderado de la parte demandada y por la parte actora, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 14-V-2020 y 19-V-2020, respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del interpuesto por el letrado de la parte demandada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente desestimó la demanda promovida por Eduardo Daniel Claramunt contra la Cooperativa Agrícola Ganadera de Saladillo Ltda., mediante la cual perseguía el cobro de diferencias salariales, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso, la integración del mes de despido; los resarcimientos previstos en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, con más la entrega de la documentación contemplada en la última disposición legal citada (v. fs. 99/110 vta.).
Resolvió de tal manera por juzgar -por mayoría- no acreditada la existencia de la relación laboral invocada por el accionante como sustento de su pretensión.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la legitimada activa denuncia absurdo y transgresión de los arts. 14 y 17 de la Constitución nacional; 27 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 23 de la Ley de Contrato de Trabajo; 3 del Código Civil y Comercial de la Nación; 34 inc. 4 y 163 inc. 6, 375 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita.
En esencia, objeta la conclusión del juzgador de grado en cuanto declaró la inexistencia de relación de trabajo entre las partes.
II.1. En ese orden, califica de absurda la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de origen, cuestionando fundamentalmente el análisis llevado a cabo por los jueces que conformaron la mayoría de opiniones sobre la testimonial recibida en la audiencia de vista de la causa (v. rec., págs. 3/4 vta.).
Afirma que de tales declaraciones se desprende en forma unívoca que el señor Claramunt prestó servicios para la demandada en tareas de mantenimiento desde la fecha indicada en el escrito de inicio (10-XI-2006); que esta última no contaba con área, sector ni empleados asignados a dichas labores, que impartía al actor directivas específicas para la ejecución de las mismas y realizaba su pago a través de una cuenta bancarizada (v. rec. electrónico, pág. 3 vta.).
Respecto de las copias simples de presupuestos acompañados por la accionada junto con el conteste, enfatiza que fueron desconocidos por su parte, por lo que carecen de valor probatorio (v. rec., pág. cit.). Añade a ello que el actor no es monotributista ni responsable inscripto, razón por la cual no podía emitir factura alguna (v. rec., pág. cit.).
En este marco, apunta que lo decidido por el sentenciante en orden a que la demandada logró acreditar de manera exitosa la existencia de una vinculación civil con la parte actora, sin que esta última hubiera aportado prueba eficaz para enervar tal conclusión, resulta -a criterio del quejoso- una afirmación dogmática y sin respaldo en los elementos de juicio que emergen de la causa (v. rec., pág. cit.).
II.2. Se agravia del fallo de grado porque considera que no aplicó la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. rec., págs. 4 vta./5 vta.).
Alega que, conforme surge del dispositivo citado, "...acreditada la existencia de la relación laboral se presume la existencia del contrato de trabajo...", salvo que de las circunstancias, relaciones o causas que la motiven se demostrase lo contrario (v. rec., pág. 5).
Sostiene que la presunción antes referenciada operó en la especie, a lo que añade que las probanzas producidas en la causa no superan un mínimo estándar que habilite a desvirtuarla (v. rec., pág. cit.).
Cita doctrina autoral y precedentes jurisprudenciales en los que -entiende- la situación bajo análisis y la prueba producida eran similares a la del caso de autos, no obstante lo cual se arribó a una solución opuesta a la impugnada (v. rec., pág. 5 vta.).
II.3. Arguye que la decisión en crisis no aplicó la doctrina legal elaborada en torno a la disposición legal referenciada en el párrafo anterior (v. rec., fs. 5 vta. y 6).
Destaca que, conforme ha resuelto esta Corte, si la demandada admitió el hecho de la prestación de servicios pero negó la existencia de una relación laboral argumentando una de distinta naturaleza -en el caso, locación de servicios- a ella le incumbe la carga de probar la alegada vinculación en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, y que -de no satisfacer ese imperativo de su propio interés- rige la presunción de que los servicios por ella admitidos fueron prestados en relación de dependencia en virtud de lo que prescribe el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. rec., pág. cit.).
Con pie en lo antedicho, afirma que la accionada debió demostrar la inexistencia de las notas tipificantes del contrato de trabajo, y que, no habiéndolo hecho, cobra plena vigencia la presunción antes referenciada.
II.4. En virtud de las consideraciones vertidas, solicita que se haga lugar al recurso traído y se revoque la sentencia impugnada en cuanto dispuso el rechazo de la demanda impetrada.
III. El recurso no prospera.
III.1. De la lectura del veredicto dictado por el tribunal de origen surge que el magistrado cuyo voto concitó la mayoría, evaluó lo alegado por cada una de las partes en sus respectivos escritos constitutivos del proceso.
Puntualizó que habiendo admitido la accionada el hecho de la prestación de servicios, pero negando la existencia de una relación laboral dependiente y argumentando una de naturaleza diversa -en el caso locación de servicios/obra- correspondía a ella acreditar la alegada vinculación (no subordinada), con sustento en lo dispuesto en el art. 375 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 100).
Luego, tras analizar las declaraciones brindadas por los testigos Luis Eduardo Álvarez, Ricardo Santos Savone, Jorge Omar Tonelli y Néstor Oscar Gorriz, consideró que la reclamada pudo demostrar con éxito la existencia de una relación no dependiente a través de sucesivos contratos de locación de servicios y/o de obra. A ello adunó que la parte actora no logró aportar ninguna prueba para enervar tal conclusión (v. fs. cit.).
En consecuencia, concluyó que la demanda debía ser desestimada en todas sus partes, con costas al reclamante, aunque con el beneficio de gratuidad contemplado en los arts. 1 de la ley 12.200 y 39 apartado 3 de la Constitución provincial "...aplicable al caso por la mera condición de trabajador que reviste el señor Claramunt..." (fs. 107 vta. y 108).
III.2. Los argumentos expuestos por el recurrente no logran conmover lo resuelto por el órgano judicial de origen.
III.2.a. No es de recibo el agravio por conducto del cual el compareciente cuestiona la valoración de la prueba efectuada en el fallo de grado, con la intención de poner en evidencia la configuración de absurdo en dicho quehacer.
Ello así, toda vez que el recurrente se limita a oponer a las conclusiones sentadas por el sentenciante su propia interpretación naturalmente, favorable a sus intereses- sobre los hechos y las pruebas de la causa -esencialmente la testimonial-, ignorando que la mera exhibición de un criterio discrepante o la crítica basada sólo en razones de preferencia o conveniencia personal (causas L. 98.181, "Duarte", sent. de 28-V-2010; L. 113.301, "O., V. A.", sent. de 3-VII-2013; L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016 y L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021), distan, en mucho, de constituir una vía idónea para demostrar el absurdo.
En otras palabras, la crítica en análisis carece de la solvencia necesaria para respaldar la denuncia del vicio extremo que formula, máxime cuando estructura la pretensión revisora -como anticipé- en torno al desarrollo de una nueva valoración de las declaraciones testimoniales, olvidando que, en virtud del sistema de oralidad imperante en el fuero laboral queda reservada a los jueces de la causa, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 112.843, "De Renzo", sent. de 29-V-2013; L. 107.358, "López", sent. de 15-VII-2015 y L. 120.081, "Mercuri", sent. de 25-IV-2018; e.o.).
Cabe agregar, en conceptos plenamente aplicables al caso, lo declarado por esta Corte en las causas L. 119.644, "Salas" (sent. de 6-II-2019) y L. 120.553, "Maldonado" (sent. de 24-VIII-2020) -aunque no intervine en ellas-, en el sentido que las reglas indicadas en el párrafo anterior no resultan sustancialmente alteradas por la utilización de la técnica de videograbación de la audiencia de vista de la causa que aquí ha implementado el tribunal de trabajo -notificando de ello a las partes- con arreglo a lo dispuesto por esta Suprema Corte en las resoluciones 3.683/12 y 3.120/14 (v. fs. 98 y vta.); siendo que la aludida herramienta tecnológica orientada a facilitar el examen material de lo actuado en aquel trascendental acto permitiendo su reproducción, revisión y conservación, no desplaza el referido método de evaluación de la prueba, centrado en la inmediación valorativa de los magistrados de la instancia.
En definitiva, insisto, las motivaciones que definen el contenido de la crítica se reducen a la exposición de un simple enfoque subjetivo contrario a la decisión adoptada, y tal formulación, tiene dicho esta Corte, no es base idónea para demostrar el error grave y manifiesto que constituye el absurdo (causas L. 90.265, "Jouannys", sent. de 27-II-2008; L. 117.659, "Coria", sent. de 26-VIII-2015 y L. 120.646, "Maldonado", sent. de 10-VIII-2020).
Corresponde recordar que, pese a que la apreciación del juzgador pueda resultar opinable, discutible u objetable, o dar lugar a otras interpretaciones, ninguno de esos extremos alcanza para configurar el referido vicio invalidante (causas L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016; L. 120.589, "F., A. E.", sent. de 13-XI-2019 y L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020).
III.2.b. En orden a las demás consideraciones que formula el compareciente en esta parcela de la crítica, habré de agregar que los jueces del trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que propongan las partes a su consideración, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el fallo pues, al prevalecer la apreciación en conciencia, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros, sin que su opinión pueda revisarse en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 118.202, "B., T. E.", sent. de 8-II-2017; L. 121.154, "Sosa", sent. de 6-VII-2020; L. 120.468, "Ferreyro", sent. de 18-VIII-2020; L. 119.860, "Rodríguez", sent. de 30-XI-2020 y L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021).
Queda resaltado, entonces, que el quejoso no logra poner de manifiesto el absurdo invocado, debiendo permanecer inconmovible la conclusión afincada en la valoración de los hechos y de las pruebas efectuada en la instancia de grado.
III.3.a. Idéntica suerte adversa ha de correr el cuestionamiento vinculado a la supuesta transgresión del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, y de la doctrina legal de esta Corte elaborada en torno a sus alcances (v. rec., págs. 4 vta. y 6).
III.3.b. Acierta el quejoso en cuanto afirma que constituye doctrina legal aquella citada en el recurso que establece que si la demandada admitió el hecho de la prestación de servicios pero negó la existencia de una relación laboral, argumentando una de distinta naturaleza -en el caso, locación de servicios/obra- a ella le incumbe la carga de probar la alegada vinculación en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, y que, de no satisfacer ese imperativo de su propio interés, rige la presunción de la citada norma, debiendo considerarse acreditada la existencia del vínculo laboral invocado en el escrito (v. causas citadas L. 32.808, "Colombo", sent. de 29-V-1984; L. 33.119, "Traverso", sent. de 10-VIII-1984; L. 41.849, "Kemerer", sent. de 28-XI-1989; L. 50.658, "Swida", sent. de 10-XII-1992; L. 80.713, "Avila", sent. de 11-VIII-2004; L. 98.663, "Barragán", sent. de 5-VI-2013 y L. 117.626, "Celestino", sent. de 14-XII-2016).
III.3.c. De los antecedentes reseñados, surge que -precisamente- el tribunal de grado aplicó la doctrina legal referenciada en el párrafo anterior -citó específicamente la causa L. 50.658, "Swida" (sent. de 10-XII-1992)-, toda vez que, reitero, ante el reconocimiento que formuló la accionada en el responde (v. fs. 56/64 vta.), en el sentido de haberse vinculado con el actor mediante una relación de naturaleza diversa al vínculo de dependencia laboral, atribuyó a aquella la carga de acreditar tal particular ligamen -locación de servicios/obra- tarea que juzgó -a la luz de las constancias probatorias obrantes en la causa, cuya valoración, conforme lo antes expuesto ha devenido firme- satisfecha por el interesado.
En consecuencia, la operatividad de la presunción prevista en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo ha quedado -en la especie- neutralizada, lo que me exime de formular consideraciones adicionales en orden al agravio en tratamiento.
III.4. En suma, no habiendo la quejosa logrado demostrar la configuración del vicio del absurdo, ni la violación de la normativa y doctrina legal que pretende conculcadas, la decisión impugnada debe permanecer incólume.
IV. Por todo lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Como bien lo sostiene mi distinguido colega doctor Torres, el recurrente no evidencia la configuración del absurdo en la valoración de la prueba desplegada por el tribunal de trabajo.
Luego, ha de permanecer firme la conclusión plasmada en el pronunciamiento que indica que la accionada logró probar la existencia de una vinculación comercial con el reclamante a través de "sucesivos contratos de locación de servicios y/o de obra" sin dependencia, y que la parte actora no pudo aportar prueba eficaz que permita alterar tal definición.
I.2. Lo anterior, conduce a desestimar el agravio fundado en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y su doctrina, en tanto la presunción contenida en aquella norma ha sido desvirtuada según el razonamiento expuesto por el tribunal de la instancia inferior.
II. Bajo estas breves reflexiones, adhiero a la solución propuesta en el sufragio emitido por el colega ponente.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con denuncia de absurdo y de violación de la doctrina legal sentada en los diversos precedentes que individualiza -a saber: causas L. 119.012, "Gutiérrez Rellan" (sent. de 16-V-2018); L. 104.646, "Jorquera" (sent. de 17-VIII-2011) y L. 87.742, "Bordoy" (sent. de 29-VIII-2007), entre otras-, el letrado apoderado de la demandada -Fernando Lucio Fosco-, por derecho propio, se agravia del fallo de grado que concedió (no obstante expedirse respecto de la inexistencia de la relación laboral debatida en autos), el beneficio de gratuidad en favor del promotor del pleito, sin que exista norma legal alguna -aduce el quejoso- que avale tal decisión del órgano de grado (v. presentación electrónica de fecha 14-V-2020).
Alega que resulta absurdo el otorgamiento del beneficio en cuestión por una supuesta condición de "trabajador" del actor, circunstancia esta última que -manifiesta- además de inexistente, no surge acreditada por ninguna constancia probatoria obrante en la causa.
Añade que de haberse verificado una vinculación dependiente con un tercero, en nada modificaría la solución que propicia el impugnante, toda vez que ello implicaría otorgar un " bill " de indemnidad para realizar reclamos e iniciar acciones judiciales contra eventuales terceros ajenos.
Expone que la definición plasmada en el fallo de grado le causa un serio perjuicio, toda vez que le impide exigir y percibir los honorarios regulados en su favor respecto del actor condenado en costas (v. pág. 3 de la impugnación).
II. El recurso no prospera.
II.1. De modo liminar, corresponde señalar que, en la especie, conforme señaló el juzgador en el auto de concesión (v. proveído de fecha 3-VII-2020), el valor de lo cuestionado ante esta sede extraordinaria -representado por el monto de los honorarios regulados al letrado recurrente- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Así, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 104.305, "Instituto Nuestra Señora del Huerto", sent. de 20-III-2013; L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 122.310, "Camerino", sent. de 15-III-2021).
II.2. Bajo estos lindes, no se verifica la presencia en autos del mentado presupuesto de excepción.
II.2.a. Ello así, desde que las directrices jurisprudenciales que el impugnante pretende infringidas, lejos de hallarse referidas a la interpretación de normas que, eventualmente, pudieron haber regido la relación sustancial del caso, versan sobre una cuestión ajena, de naturaleza procesal, como es aquella elaborada en derredor del art. 22 de la ley 11.653. Siendo ello así, su invocación no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el estrecho conducto que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 93.561, "Aguirre", sent. de 6-VI-2011; L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 118.971, "Acri", sent. de 14-IX-2016 y L. 121.770, "Salgado", sent. de 21-IX-2020).
II.2.b. Finalmente, cabe señalar que tampoco resulta apta para configurar la hipótesis excepcional antes referida la doctrina legal vinculada a la definición del vicio de absurdo (causas L. 119.125, "Hernández", resol. de 2
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