Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125054
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.054, "Hiur, Pedro Ariel contra Meinzer Pedro Alejandro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 145/153 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24-X-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Pedro Ariel Hiur y condenó al señor Pedro Alejandro Meinzer al pago de la suma que estableció en concepto de indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva del preaviso, vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales, haberes adeudados, la penalidad prevista en el art. 15 de la ley 24.013, así como a la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, la desestimó en cuanto pretendía el resarcimiento contemplado en el art. 8 de la Ley Nacional de Empleo antes citada (v. fs. 145/153 vta.).
Por otro lado -en lo que interesa destacar por ser materia de agravio-, rechazó la acción por la que reclamó el resarcimiento de las secuelas incapacitantes provocadas por el accidente de trabajo que denunció haber padecido con fecha 20 de enero de 2018. Para así decidir, consideró no probada la ocurrencia del infortunio mientras el dependiente prestaba tareas, tal como fue invocado por el accionante en abono de su pretensión. Al respecto, sostuvo el juzgador de grado que el siniestro aconteció un día sábado, cuando el trabajador laboraba de lunes a viernes (v. sent., fs. 151 vta.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 24-X-2019).
II.1. Bajo la invocación del vicio de absurdo en la valoración de las pruebas, cuestiona el razonamiento que condujo al a quo a rechazar la demanda vinculada con el accidente denunciado.
Sostiene que -contrariamente a lo determinado- en las misivas enviadas al accionado y en el escrito introductorio postuló que su jornada laboral era cumplida de lunes a viernes, con la realización de eventuales horas extras.
En este orden, objeta que el sentenciante considerara no probada la realización de labores por fuera del horario habitual señalado, y -por ende- desestimara la acción por el infortunio padecido.
Dice que la declaración testimonial brindada por el señor Núñez demostró que el actor eventualmente efectuaba sus tareas -operando la máquina de guillotina- los días sábados; a la par que refirió en su declaración que el accidente laboral invocado fue un hecho conocido dentro del ámbito del taller; objeta en tal sentido, que en la sentencia no se efectuaran las transcripciones textuales del declarante.
Complementariamente, formula como interrogante si no es deber de los magistrados "requerir" medidas para mejor proveer como pudo haber sido la de fijar una nueva audiencia para oír a los testigos propuestos por su parte que no asistieron a la audiencia de vista de la causa.
Asimismo, advierte que el resolutorio de grado tampoco mencionó las conclusiones volcadas por el perito médico en su informe, según las cuales expuso que las lesiones sufridas por el trabajador resultaban concordantes con lo relatado en la demanda.
A su vez, arguye que el a quo prescindió valorar la historia clínica acompañada junto con el escrito de demanda, la cual -alega- evidenciaba que en la planilla de ingreso al nosocomio el día del siniestro, el señor Huir denunció haber sufrido un accidente laboral.
En suma, concluye que el tribunal debió efectuar una consideración integral de los elementos colectados en la causa y evaluar el material probatorio de manera conjunta e interrelacionada tal como lo establece la doctrina que invoca.
II.2. Finalmente, controvierte por absurdo el criterio empleado por el sentenciante al efectuar la distribución de las costas.
Postula que, a la vista del principio de gratuidad, el juzgador debió disponer su aplicación en el orden causado, máxime teniendo en consideración la especial situación de desempleo en la que se encuentra el trabajador.
III.1. No resultan atendibles los cuestionamientos referidos al rechazo de la demanda vinculada con el siniestro denunciado.
III.1.a. Es sabido que establecer si el trabajador acreditó o no con la prueba aportada el acaecimiento del accidente de trabajo invocado constituye una típica cuestión de hecho, privativa de los tribunales de trabajo y ajena como tal al examen de esta sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 117.129, "Vázquez", sent. de 11-III-2015 y L. 120.636, "López", sent. de 18-VIII-2020). También, que es inherente a la labor axiológica de los jueces que integran dichos órganos jurisdiccionales determinar las circunstancias fácticas de la litis -en el caso, la duración de la jornada de trabajo, y el desempeño, o no, en horas extraordinarias- (causas L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014; L. 116.868, "García", sent. de 27-V-2015 y L. 119.160, "Candia", sent. de 12-VII-2017), aspecto que, en principio, no admite revisión en esta instancia, salvo que se verifique el mencionado yerro invalidante.
Puede adelantarse que los argumentos del impugnante carecen de idoneidad para evidenciar en el caso la configuración del excepcional vicio del absurdo.
III.1.b. Vale remarcar, que con sustento en el juramento prestado por el trabajador en los términos del art. 39 de la ley 11.653 frente a la falta de inscripción del accionante en los libros y registros laborales y la declaración del testigo Núñez, en su veredicto el tribunal de grado juzgó probado que el actor cumplió tareas en favor del demandado desde el día 3 de marzo de 2014, en la categoría laboral de maquinista, percibiendo una remuneración mensual y habitual de $23.500 y que su jornada laboral se extendía de lunes a viernes de 06:00 a 15:30 hs. En ese contexto, se encargó de precisar, que no había resultado acreditada la prestación de servicios en horario extraordinario.
Luego, ponderando la historia clínica del actor agregada al expediente y la pericia médica presentada, si bien consideró acreditado que el señor Hiur sufrió la amputación traumática de cuatro dedos de su mano izquierda, entendió que frente al desconocimiento formulado por el demandado, el accionante no cumplió con la carga de demostrar que el desafortunado suceso hubiera tenido lugar mientras realizaba sus labores para su empleador, a criterio del juzgador, no aportó prueba en tal sentido. Con apoyo en las conclusiones antes descriptas del veredicto, sostuvo que el infortunio había sido denunciado como ocurrido un día sábado, cuando el trabajador efectuaba sus labores sólo de lunes a viernes.
Ya en la sentencia, frente a la inexistencia del presupuesto fáctico imprescindible para evaluar la procedencia de esta acción reparatoria, desestimó la demanda en este aspecto e impuso las costas a la parte actora vencida.
III.1.c. El impugnante centra sus esfuerzos en afirmar que el accidente relatado en la demanda habría acontecido en el lugar de trabajo del dependiente y también en su jornada laboral, aunque ya realizando horas extraordinarias, algo que a su entender se hallaría acreditado.
De un lado, el hecho de que la parte actora haya denunciado que la jornada laboral del demandante fuera de "...lunes a viernes de 6 hs a 15.30 hs y eventuales horas extras" no conduce necesaria y forzosamente a interpretar con la claridad que se pregona en el recurso que en el diagrama volcado en el escrito de inicio aquel trabajo extraordinario habría de ser realizado los días sábados.
Sin perjuicio de ello, en lo fundamental, lo cierto es que en su examen el tribunal no ingresó en dichos detalles, pues directamente consideró no acreditada "...la prestación de servicios en horario extraordinario" (se entiende, en ningún día de la semana), y frente a esa definición, y aquella otra que en esa lógica consideró que el infortunio invocado por el accionante se situaba un sábado -fuera de los días de trabajo-, el impugnante no despliega un embate hábil.
Formula una versión acerca de la declaración del testigo Núñez que a tenor de lo que surge de la audiencia de vista (donde no se dejaron menciones de su contenido) solo permanece en el plano de su subjetiva opinión, discordante, claro, con la valoración que al respecto desplegaron los jueces del trabajo, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 112.843, "De Renzo", sent. de 29-V-2013; L. 107.358, "López", sent. de 15-VII-2015 y L. 120.081, "Mercuri", sent. de 25-IV-2018; e.o.).
De suyo que el interrogante que se plantea el quejoso -rasgo que ya da muestra de un deficiente método- referido a la eventual adopción de medidas para mejor proveer, a la par que busca remontarse a actos firmes anteriores a la sentencia, soslaya el desistimiento de toda la prueba pendiente de producción efectuado por la propia parte actora en el acto de recepción de la prueba oral. Todavía, podría agregarse aquí que la facultad de ordenar las referidas medidas no configura una obligación legal que deba observar o imponerse al juzgador, ni de sus potestades instructorias o de investigación puede inferirse que las partes estén relevadas de demostrar los extremos en que fundan sus pretensiones, ya que son ellas quienes tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés (causas L. 92.508, "Montenegro", sent. de 7-IX-2005 y L. 95.306, "Berra", sent. de 22-XII-2008).
No habiendo aportado razones sólidas que neutralicen la definición de grado, las conclusiones que pueda destacar el impugnante del dictamen pericial médico no tienen el vigor -no son aptas para ello- para evidenciar la ocurrencia del accidente de trabajo relatado como sustento de la pretensión indemnizatoria, menos aún, los propios dichos del demandante frente a las autoridades sanitaras a los que se refiere el recurrente.
En este contexto, el embate ensayado no resulta eficaz, desde que este se limita a oponer a las conclusiones sentadas por el órgano de origen su propia interpretación -naturalmente, favorable a sus intereses- sobre los hechos y las pruebas de la causa, ignorando que la mera exhibición de un criterio discrepante, o la crítica basada solo en razones de preferencia o conveniencia personal distan, en mucho, de constituir una técnica idónea para demostrar el absurdo (causas L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016 y L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021).
Tampoco debe olvidarse que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar el absurdo, pues este hace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica en el razonamiento efectuado por el juzgador, o una grosera desinterpretación material de la prueba (causas L. 94.368, "Casella", sent. de 18-VIII-2010; L. 117.599, "Escobar", sent. de 27-V-2015 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017), extremos que, al cabo, no han sido acreditados.
Entonces, ha de permanecer inconmovible la conclusión afincada en la valoración de los hechos y de las pruebas efectuada en la instancia de grado y que fuera motivo de agravio.
III.2. También debe desestimarse el reproche que contiene el recurso relativo a la aplicación de las costas del proceso.
III.2.a. En una materia, por regla, privativa de los jueces de grado, como es la imposición y distribución de dicho concepto (causas L. 122.020, "Sosa", sent. de 10-VIII-2020 y L. 123.922, "Fernández", sent. de 7-III-2022; e.o.), el apelante aduce que las costas debieron imponerse por su orden, y, asimismo, que -en su caso- debió atenderse el principio de gratuidad. Ha de entenderse que cuestiona lo resuelto respecto de la demanda rechazada en el marco del accidente no acreditado, pues es en este tramo del fallo que se le imponen al demandante los gastos causídicos.
III.2.b. Dable es memorar que el fundamento de la condena en costas reside en el hecho objetivo de la derrota, por lo que no puede la parte que resultó incuestionablemente vencida agraviarse sobre su imposición (causas L. 123.937, "Giangrande", sent. de 14-XII-2020 y L. 120.742, "Giribuela", sent. de 21-XII-2020; e.o.), circunstancia que denota -sin más- la suerte adversa del planteo.
Para más, en lo tocante al pedido de aplicación del principio de gratuidad, conviene precisar que opera de pleno derecho como una eximente de pago hasta que el trabajador mejore de fortuna, mas no impide su imposición al vencido (causas L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
IV. Por todo lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/10/2022 18:18:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2022 20:23:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/11/2022 09:22:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 10:01:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 11:05:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/11/2022 11:31:48 hs. bajo el número RS-88-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia