Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129327
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la incidentista (art. 292, CPCC; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20), el que, atento a encontrarse insuficientemente fundado, se rechaza (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar a la demanda promovida por Gerardo Ernesto Iriarte y, en consecuencia, condenó a Austral Motor S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. sentencia de 26-X-2021 y aclaratoria de 1-XI-2021).
II. Contra dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ocasión en que solicitó, con cita expresa de doctrina legal de esta Suprema Corte, la exención del depósito previo previsto en el art. 56 de la ley 11.653, en atención a la imposibilidad material de obtener liquidez para hacer frente a la mencionada carga, ofreciendo prueba de ello y, subsidiariamente, introdujo el planteo de inconstitucionalidad de la señalada norma ritual (v. escrito de 12-XI-2021).
El tribunal de grado, a su turno, rechazó el planteo de inconstitucionalidad articulado y , ordenó sustanciar el pedido de exención incoado, por vía incidental (v. resolución de 30-XII-2021).
Finalmente, desestimó la señalada incidencia (v. resolución de 13-VI-2022). Para así decidir, valorando la prueba colectada -en especial, el informe contable adunado a la causa-, juzgó que las alegaciones efectuadas respecto a la liquidez a corto plazo que sustentaron aquel pedido no resultan sustanciales a fin de acreditar la desproporcionada magnitud del monto con relación a su capacidad económica y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar el depósito previo; sin perjuicio de la situación financiera en que prima facie pudiera encontrarse, en relación a las obligaciones y la liquidez que la empresa detenta
III. Frente a dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 26-VI-2022), cuya denegatoria fundada en la falta de idoneidad del carril recursivo intentado para objetar la decisión que rechazó la exención solicitada (v. resol. de 5-VII-2022), motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación de 13-VII-2022).
En la vía de hecho ante esta sede, la recurrente alega que la interposición de la vía directa, tal como propugna el tribunal, no le permite cuestionar o impugnar la errónea y absurda valoración de la prueba en que incurrió el a quo para denegar la eximición del depósito, que conllevaría el incumplimiento del art. 56 de la ley procesal. En esa línea, sostiene que la denegatoria del pedido de eximición del depósito previo constituye sentencia definitiva o asimilable a tal, impugnable por vía del recurso extraordinario previsto en el art. 279 del CPCC.
III.1. La queja prospera.
III.2. Corresponde señalar que esta Corte ha entendido que el rechazo del incidente seguido por un empleador para ser eximido por el tribunal laboral de la erogación impuesta por el mentado art. 56 de la ley 11.653, cuya satisfacción adujo no poder afrontar, resulta ser un pronunciamiento equiparable a definitivo en los términos del citado art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pues le genera al impugnante un agravio de imposible reparación ulterior, cercenándole de modo definitivo el ejercicio de la vía recursiva inspiradora de aquella actuación, determinando -de suyo- la caída del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia definitiva (causas L. 108.616, "Sárate", resol. de 9-XII-2009; L. 100.310, "García", resol. de 28-V-2010; L. 123.123, "Sanatorio Chivilcoy S.R.L.", resol. de 16-X-2019 y L. 128.031, "Casamayor", resol. de 29-XII-2021).
En consecuencia, la decisión impugnada, en cuanto denegó la franquicia solicitada por el interesado, resulta asimilable a definitiva y, por ende, susceptible de ser atacada por la vía extraordinaria articulada por el escrito electrónico de fecha 26 de junio de 2022 por lo que, hallándose reunidos los demás requisitos formales, se declara mal denegado el recurso incoado y, haciéndose lugar a la queja traída, se lo concede (arts. 292, cit. y 63, ley 11.653; Acordada 1790 y Resol. 24/20).
IV.1. Ahora bien, ingresando en el estudio del recurso concedido, se debe anticipar que no prospera (art. 31 bis de la ley 5.827 y modif.).
IV.2. Liminarmente, es necesario señalar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 90.265, "Jouannys", sent. del 27-II-2008; L. 87.969, "Viejo", sent. del 8-VII-2008 y L. 93.703, "Conde", sent. del 18-II-2009). Desde esa perspectiva, la suerte de la postulación recursiva dependerá de que se baste a sí misma, esto es, que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o doctrina legal o la configuración del vicio del absurdo valorativo (causa L. 92.354, "Ortega", sent. del 23-VII-2008).
IV.3. El órgano judicial de la instancia de origen, tal como se anticipó, analizando los elementos de la prueba incidental producida -en especial, la pericia contable ofrecida por la interesada y producida sobre la documental agregada-, no juzgó acreditados los extremos exigidos por la doctrina legal señalada que establece, de modo excepcional y a los fines del cumplimiento de la carga procesal descripta en el mencionado art. 56 de la ley ritual, la demostración de la inculpable falta de capacidad económica del obligado para hacer frente a la erogación de la suma equivalente a la estimada en la sentencia de condena.
De esta manera, consideró que la incidentista no logró evidenciar, con el grado de certeza que se requiere en situaciones análogas a la presente, la desproporcionada magnitud del monto con relación a su capacidad económica y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar el depósito previo para recurrir. Ello, sin perjuicio de la difícil situación de liquidez financiera que a corto plazo alegó padecer, aclaró, según la documental que sustentó el pedido de la experticia contable, aportado por la propia recurrente.
IV.4. En este contexto, corresponde señalar que esta Corte tiene dicho que establecer si en un caso dado se configuran los requisitos para la procedencia del incidente de eximición de depósito previo constituye una facultad privativa de los jueces de grado, exenta de censura en sede extraordinaria, salvo el excepcional supuesto de absurdo (causas Ac. 77.382, "Ward de Vázquez", sent. del 3-VII-2002; C. 93.206, "Escala", sent. del 16-IV-2008; L. 114.062, "Vacca", resol. del 11-V-2011 y C. 102.786, "Mena", sent. del 24-V-2011).
Dicha anomalía sólo puede juzgarse configurada ante una demostración cabal de su existencia. Es evidente, pues, que no basta con invocarla, toda vez que resulta indispensable ponerla de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causa L. 109.129, "Galvanizados City Bell S.R.L.", resol. de 10-III-2010).
En definitiva, se advierte que la impugnante no logra descalificar la esencial motivación del fallo recurrido, sino que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el juzgador debió ponderar la prueba aportada al incidente, sobre el particular, el informe de la perito contadora en materia de interpretación de la documental adunada por la propia interesada.
A mayor abundamiento, cabe señalar, en virtud de las alegaciones traídas en lo relativo a la falta de liquidez comprobable de la recurrente, que la norma del art. 56 de la ley 11.653 permite solicitar autorización para sustituir el depósito en dinero por su equivalente en títulos o valores de la Nación o de la Provincia de Buenos Aires, franquicia que tampoco fue solicitada por la demandada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la incidentista (art. 292, CPCC; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20), el que, atento a encontrarse insuficientemente fundado, se rechaza (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/10/2022 18:18:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2022 20:21:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/11/2022 09:22:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 10:00:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 11:04:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/11/2022 12:39:41 hs. bajo el número RR-1408-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia