Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127708
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, decretó la caducidad de la instancia en la acción entablada por Osvaldo Mastrangelo contra Juan Todino -cuya ausencia procesal motivó la designación del señor Defensor Oficial (v. fs. 87 y 89/90)- en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido (v. fs. 184/186).
Para así decidir, concluyó que en autos había transcurrido el plazo previsto en los arts. 12 de la ley 11.653 y 315 del Código Procesal Civil y Comercial, sin que la parte actora -oportunamente intimada- haya activado el procedimiento realizando actividad útil para la prosecución del trámite de la causa.
II. Contra lo así resuelto, la legitimada activa interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. fs. 187/192 vta. y 193/196), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 203/204 vta. Habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 29-IX-2022).
III.1. En primer lugar, corresponde expedirse en torno al remedio extraordinario de nulidad, en el que el interesado, con denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, afirma que el sentenciante de grado omitió tratar cuestiones esenciales. Alega vulnerado el principio del debido proceso y que la decisión adolece de fundamentación jurídica adecuada.
III.2. El recurso no prospera.
III.3.a. En principio corresponde recordar que, el remedio extraordinario de nulidad, sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.3.b. Sentado ello, en el sub lite , el embate articulado carece de andamiaje, desde que la simple lectura del libelo impugnativo da cuenta que la crítica se dirige -en lo esencial- a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el planteo a la imputación de presuntos errores in iudicando , cuyo tratamiento es ajeno al acotado ámbito de actuación del carril de nulidad intentado y propio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 121.156, "De La Fuente", resol. de 7-III-2018 y L. 124.839, "Cotado", resol. de 23-X-2020).
III.3.c. Del mismo modo tiene resuelto esta Corte que la violación de la garantía constitucional del debido proceso, no constituyen temas que puedan someterse a juzgamiento a través del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 120.345, "Barroso", resol. de 6-XII-2017; L. 121.156, "De La Fuente", resol. de 7-III-2018; L. 124.829, "Cotado", resol. de 23-X-2020 y L. 127.874, "Chelia", resol. de 1-IV-2022).
III.3.d. Por último, tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto lo que la referida norma sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021). En el caso, la simple lectura del fallo en crisis exhibe que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020 y L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021).
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el compareciente relata los antecedentes de la causa, cita las normas y la doctrina legal que considera vulneradas.
Considera que el tribunal de origen incurrió en una defectuosa aplicación de las normas referidas a la caducidad de instancia. Denuncia transgredidas las disposiciones de los arts. 313 inc. 3 y 315, CPCC; 12, ley 11.653; 14 bis y 18 de la Constitución nacional.
Asimismo, afirma que no corresponde declarar la perención de la instancia cuando, como en el caso, la carga procesal del impulso dependía del tribunal de grado.
IV.2. El recurso tampoco prospera.
IV.3. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado -representado por el importe reclamado en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal intentado. En consecuencia, el tratamiento de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, situación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
IV.4. En ese contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que la crítica contenida en el escrito recursivo remite a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de instancia- detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 115.015, "Acevedo", resol. de 10-VII-2013; L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020 y L. 127.957, "Tecera", resol. de 7-IV-2022).
IV.5. Finalmente, dable es recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015; L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018 y L. 127.788, "Sansiviero", resol. de 23-II-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes.
Sólo me permito aclarar que, respecto de lo manifestado en el punto IV.4., si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/10/2022 18:18:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2022 20:21:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/11/2022 09:22:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 10:00:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 11:03:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/11/2022 12:34:22 hs. bajo el número RR-1391-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia