Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128050
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda iniciada por Santiago Carlos Mamani y, en consecuencia, condenó a Segar Seguridad S.A. y Forexcambio S.A. a abonar a la actora la suma que estableció en concepto de haberes adeudados, la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, aguinaldo proporcional primer semestre del año 2013, compensación en dinero correspondiente a la fracción del año trabajada del año 2013 y la sanción del art. 53 ter de la ley 11.653. Por el contrario, la desestimó en cuanto perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y oros rubros de naturaleza laboral. Asimismo, rechazó, en todas sus partes, la acción incoada contra Embassy Tours S.R.L. y Forexbursatil S.A (v. fs. 586/605).
Para así decidir, juzgó que el distracto dispuesto por la accionada resultó justificado, en tanto la conducta injuriosa que la empleadora le imputó al trabajador, resultó lo suficientemente grave para extinguir la relación laboral.
Por otro lado, consideró que el accionante no logró acreditar la relación laboral invocada con las restantes sociedades demandadas, como tampoco la categoría laboral denunciada.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 20-VIII-2019), el que fue concedido por el a quo , en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de 30-IX-2019).
En su escrito recursivo, alega absurdo en la valoración de las pruebas y se agravia de la conclusión a la que arribó el juzgador de origen con arreglo a la cual consideró justificado el despido directo del trabajador y desestimó la multa establecida en el art. 2 de la ley 25.323.
Asimismo, objeta el rechazo de la extensión de responsabilidad solidaria respecto de los restantes accionados de autos. Impugna la decisión del juzgador que tuvo por no demostrada la categoría laboral invocada.
Finalmente, se agravia de la imposición de costas a su parte.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se debe observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
III.2. Desde tal perspectiva, no se advierte configurado en la especie el supuesto habilitante, toda vez que los agravios referidos a la valoración de la injuria motivante del despido y al incremento indemnizatorio establecido en el art. 2 de la ley 25.323, no sólo remiten a cuestiones que importan el ejercicio de facultades reservadas a los magistrados de grado, y como tal detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto citado, sino que, además, la doctrina legal citada como infringida en el escrito recursivo ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento y, por lo tanto, su invocación es ineficaz para habilitar el examen del fallo de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 124.772, "González, resol. de 21-IX-2020; L. 125.234, Moccio, resol. de 9-XII-2020 y L. 126.436, "Cuello", resol. de 26-V-2021).
III.3. Respecto a las restantes objeciones, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de los agravios propuestos en la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
Para más, sabido es, que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021).
III.4. Finalmente, se impone recordar, que tampoco resultan hábiles para justificar el abordaje en esta instancia casatoria, en el acotado marco de revisión por el que transita el recurso, las citas de doctrina legal definitoria del vicio de absurdo (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019; L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020 y L. 127.212, "Acuña", resol. de 9-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/11/2022 20:00:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/11/2022 11:59:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/11/2022 09:35:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2022 10:54:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2022 15:26:50 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/11/2022 16:32:48 hs. bajo el número RR-1482-2022 por ALFANO DANIEL.
Fin de la sentencia