Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125064
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.064, "Berardo, Daiana Noemi contra Rocha, Viviana Alejandra. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 187/198 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 6-VIII-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Daiana Noemi Berardo contra Viviana Alejandra Rocha y condenó a esta última al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por antigüedad, sustitutiva del preaviso e integración del mes de despido, haberes adeudados, vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales, como así también los resarcimientos contemplados en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto conf. ley 25.345) y el incremento previsto en el art. 53 ter de la ley 11.653. Asimismo, ordenó la entrega de los certificados contemplados en el citado art. 80 de la ley que regula al contrato laboral (v. sent., fs. 187/198 vta.).
Rechazó, en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual a la que hace alusión el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 195 y vta.).
Sobre este tema, al dar respuesta a la segunda cuestión planteada en el veredicto, el órgano de origen estableció que del anexo III del dictamen contable surgía que se realizaron pagos fuera de término de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de los meses de julio a noviembre de 2016, además, el acogimiento a un plan de pagos para los períodos subsiguientes; aclaró que esto último se encontraba avalado por el informe suministrado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 189 vta.). Luego, sostuvo en la sentencia que en tanto en la intimación cursada por el trabajador al principal no se especificó cuál sería el importe que el demandado debería ingresar a los organismos de la seguridad social, ni a cuál de estos correspondía, se encontraba incumplido lo preceptuado en el art. 1 del decreto 146/01, no observándose un requisito de procedencia de la sanción conminatoria. Así, desestimó la multa pretendida al amparo del mentado art. 132 bis de la ley laboral (v. fs. 195 y vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 17, 18, 19, 28, 31, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 10, 31, 51, 168 y 171 de la Constitución provincial; 57 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 del decreto 146/01; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 incs. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
Se agravia del rechazo de la sanción conminatoria mensual prevista en el citado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues entiende que la solución transgrede la doctrina legal elaborada en las causas L. 108.019, "Morell" (sent. de 16-V-2012); L. 107.254, "Alveira Garcilazo" (sent. de 5-VI-2013) y L. 117.623, "Alarcón Valenzuela" (sent. de 2-IX-2015).
A la par, afirma que el juzgador incurrió en violación y errónea interpretación -con apego a un excesivo rigor formal- del art. 1 del decreto 146/01 y de la norma legal precedentemente mencionada, pues estableció que la intimación debió realizarse precisando el monto exacto de los aportes no ingresados y el organismo de destino, cuando tales requisitos no están previstos en el texto de la disposición.
Por otra parte, manifiesta que el juzgador realizó una absurda valoración de las constancias probatorias, a saber: el telegrama obrante a fs. 7, los recibos de sueldo de fs. 13/18 y el informe realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos a fs. 143/152, ya que asevera que la compulsa de tales elementos revela nítido que en los períodos reclamados la empleadora procedió a la retención de los aportes de la seguridad social y sindicales sin ingresarlos al sistema.
III. El recurso no prospera.
III.1. Como se señala en un pasaje de la impugnación, no luce acertado lo expuesto por el tribunal de grado en cuanto juzgó que la intimación formulada por el trabajador no abasteció los recaudos impuestos por el art. 1 del decreto 146/01, puesto que, al así decidir, el juzgador exigió al actor el cumplimiento de dos requisitos que no reconocen sustento en la correcta exégesis del texto de la norma reglamentaria ni de aquella que reglamenta (causa L. 124.998, "Oviedo", sent. de 26-V-2021).
III.2. Sin embargo, ello no basta para acoger el remedio.
Es que, dejando a un lado los recaudos formales, puede observarse que en el pronunciamiento impugnado también se consideró acreditado que la accionada había realizado pagos fuera de término de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social desde el mes en que ingresó a trabajar la actora hasta noviembre de 2016, junto a ello, que se había acogido a un plan de pagos para los períodos subsiguientes.
Estas conclusiones, fruto de una labor por regla privativa de los magistrados de la instancia, no han sido objeto de un embate directo y eficaz, toda vez que el impugnante mediante un personal y subjetivo criterio se limita a exteriorizar su propio enfoque y a afirmar que de la prueba de autos surge que el empleador no cumplió con su deber de ingresar las sumas pertinentes a los organismos de la seguridad social. Hemos visto que también efectúa esa aseveración en relación con las sumas relativas a aportes sindicales, pero ni la prueba a la que alude evidencia su falta de ingreso, ni el tribunal de grado se ha referido a este tipo de montos.
En fin, cabe recordar que la competencia revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. En consecuencia, la suerte de la postulación recursiva depende de que se baste a sí misma, para que de su lectura puede advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal, y ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de los argumentos y conclusiones que dan fundamento al pronunciamiento de origen (causas L. 105.972, "R., M. G." y L. 110.505, "Torres", sents. de 3-X-2012). Tales extremos, que ilustrarían acerca de la suficiencia de la impugnación, no concurren en el caso.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/11/2022 12:13:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/11/2022 11:58:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/11/2022 09:35:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2022 10:55:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2022 14:55:54 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia