Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128276
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, valorando las pruebas producidas en la causa, tuvo por probado que la accionada despidió al trabajador de manera injustificada. Además, juzgó probado que la relación laboral se encontraba registrada de manera deficiente respecto de su fecha de inicio y jornada laboral cumplida por la trabajadora.
II. Frente a lo así resuelto, la codemandada Baguette del Sol S.R.L. interpone recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y -subsidiariamente- de nulidad (v. escrito electrónico de fecha 28-X-2021), los que fueron concedidos por el a quo , el primero en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución del 1-XI-2021) habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen en archivo adjunto de la presentación de fecha 29-IX-2022).
III.1. En lo que respecta a la vía extraordinaria de nulidad interpuesta, con sustento en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la recurrente denuncia que el tribunal de grado no se pronunció sobre una cuestión que -a su criterio- resultaba esencial, vinculada a la eximición de abonar el incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323 o, en su caso, reducir su importe, tal y como lo faculta expresamente la citada norma.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.3. De manera liminar, cabe dejar sentado que es doctrina de esta Suprema Corte que, si bien resulta inadmisible la interposición subsidiaria de los recursos extraordinarios, en la medida que éstos posean fundamentos propios y no promiscuos, corresponde su tratamiento (causas L. 99.701, "Lucero", sent. de 11-III-2013; L. 117.905, "Sindicato", sent. de 15-IV-2015 y L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019).
III.4. Aclarado ello, cabe recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
En el caso, el tribunal de origen declaró la procedencia del incremento dispuesto en el art. 2 de la ley 25.323 tras tener por demostrado que la empleadora no abonó, estando debidamente intimada por la actora, las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la ley 20.744, decisión que conduce a colegir que no se verifica la transgresión del precepto constitucional denunciado, en tanto la cuestión que se dice preterida recibió implícito tratamiento en el pronunciamiento atacado, si bien en forma negativa a las pretensiones de la recurrente.
En este contexto, debe recordarse que esta Corte ha expresado en reiteradas oportunidades que la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales con virtualidad para generar la invalidez del fallo no es aquella en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o tácitamente, pues lo que se sanciona con la nulidad del pronunciamiento en el art. 168 de la Constitución provincial es la preterición de una cuestión esencial, y no la forma en que ésta fuere resuelta (causas L. 118.794, "Blasi", resol. de 11-IV-2018; L.119.990, "Andrini", sent. del 6-XI-2019 y L. 123.058, "Michelena", sent. de 5-X-2020).
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la codemandada cita las normas y la doctrina legal que estima vulneradas. Plantea absurdo y alega que se encuentra afectado el principio de congruencia.
En este sentido, sostiene que el sentenciante para determinar la fecha de ingreso y la jornada laboral de la trabajadora, fundó su decisión exclusivamente en la declaración de dos testigos que -considera- es desacreditada por otros medios probatorios.
Asimismo, denuncia que el tribunal incurrió en absurdo al valorar la prueba producida, respecto de los rubros diferencias de haberes y vacaciones proporcionales. También objeta la mejor remuneración mensual, normal y habitual fijada en el fallo.
Finalmente, cuestiona la imposición de la multa del art. 1 de la ley 25.323, la forma en que ha sido liquidada la indemnización por antigüedad y la condena a entregar la certificación de servicios y remuneraciones previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.2.a. Inicialmente se impone destacar que el tribunal de origen concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el marco de la excepción que contempla la norma del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, teniendo en cuenta la magnitud económica de lo cuestionado ante esta instancia y la invocación de quebranto de doctrina legal que se formula en la pieza impugnativa (v. resolución del 1-XI-2021); sin que tal decisión mereciera objeciones (v. notificación electrónica de fecha 3-XI-2021).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
IV.2.b. En ese contexto, y en relación a la impugnación vinculada a la registración de la trabajadora, la exclusión de la hipótesis contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la doctrina legal que emerge de las causas que cita la recurrente, referidas al vicio de absurdo, no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018 y L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020).
IV.2.c. Respecto del agravio dirigido a objetar el progreso del rubro diferencia de salariales, tampoco se advierte configurado el señalado supuesto habilitante previsto en el citado art. 55 de la ley 11.653, toda vez que las doctrinas legales que la impugnante denuncia transgredidas remiten el análisis de cuestiones de hecho y prueba, detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 121.828, "Giménez", resol. de 17-X-2018; L. 121.595, "Maidana", resol. de 7-XI-2018; L. 124.770, "Castaño", resol. de 2-X-2020 y L. 124.436, "Guerra", resol. de 9-XI-2020).
IV.2.d. Luego, en orden a los restantes planteos, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de los agravios propuestos en la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
IV.3. Igualmente, inhábil resulta la doctrina legal que se denuncia vulnerada referida al principio de congruencia, cuyo examen, como reiteradamente ha señalado esta Corte, se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del mencionado art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 enunciada (L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021 y L. 128.564, "Ponce", resol. de 29-VI-2022).
IV.4. Por último, cabe mencionar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en apartado IV.3. que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/11/2022 14:24:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/11/2022 12:19:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2022 12:35:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2022 17:14:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2022 08:30:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/11/2022 11:34:53 hs. bajo el número RR-1499-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia