Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129489
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n°3 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar, parcialmente, a la demanda incoada por Miriam Agustina Machado y condenó al Centro Integral G.N.C. S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de indemnización por vacaciones no gozadas. Por el contrario, rechazó la acción en cuanto perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, otros rubros derivados del linaje laboral y la extensión de la responsabilidad respecto de Juan Ignacio Sarli y Antonio Sarli (v. pronunciamiento de fecha 24-VI-2022).
Para así decidir, en lo que resulta materia de agravio, juzgó que la actora no pudo demostrar la causa injuriante invocada al disolver el vínculo laboral que la unía con su empleadora, esto es, el desempeño de sus tareas en una jornada completa, por lo cual, el despido indirecto resultó injustificado.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-VI-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución electrónica de fecha 1-VII-2022).
En esencia, se agravia de la conclusión del fallo en cuanto tuvo por no acreditado que la actora laboraba en una jornada de ocho horas diarias. Dicha conclusión -afirma- es fruto de una absurda valoración de la prueba, en particular de la testimonial y pericial.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe recordar que evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto, y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
En cuanto a este vicio lógico, cabe recordar que para tenerlo por configurado debe acreditarse el error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020). No cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, alcanzan para tenerlo por verificado, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
III.2. La carga de evidenciar los extremos indicados no ha sido cumplimentada.
En el caso, como se indicó, el sentenciante, por mayoría de fundamentos, entendió que el despido dispuesto por la trabajadora resultó injustificado. Ello, toda vez que no probó el desempeño de sus labores durante una jornada completa, tal y como se denunció en su escrito de demanda, por lo que la injuria invocada careció de fundamento jurídico.
III.3. Tales conclusiones no logran ser descalificadas por la impugnante, toda vez que se limita a contraponer, a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado, una argumentación basada exclusivamente sobre su propio criterio, insuficiente -por lo tanto- para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y de prueba como las aquí ventiladas (causas L. 119.724, "Salvatierra", resol. de 1-II-2017; L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019; L. 122.373, "Yamanga", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-III-2020).
III.4. En particular, ante el reproche que gira en torno a la valoración de las declaraciones de los testigos, deviene necesario destacar que, en el proceso laboral, la ponderación de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.380, "Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020), que -como se dijo- no ha sido demostrado.
En definitiva, desde la perspectiva apuntada, se advierte que la argumentación de la quejosa se limita a discurrir, en rigor, en torno al modo como considera que el a quo debió ponderar la prueba rendida, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia.
III.5. Finalmente, en cuanto a la denunciada transgresión del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, y sin perjuicio de otras consideraciones, cabe señalar que esta Corte tiene dicho que no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 122.224, "Donadio", resol. de 10-IV-2019; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020; L. 124.761, "Travaglia", resol. de 13-X-2020 y L. 126.360, "Giacomini", resol. de 8-VI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2022 09:57:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2022 17:00:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/11/2022 17:13:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2022 17:08:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/12/2022 07:58:02 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/12/2022 10:50:28 hs. bajo el número RR-1540-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia