Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129642
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, decretó la caducidad de la instancia en la acción entablada por Rodolfo Oscar Palavecino contra Cencosud S.A., Ángela Lucrecia Rojas Magro, Nicolás Rioboo y Julio Enrique Rioboo, por la cual procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido (v. pronunciamiento de fecha 8-VIII-2022).
Para así resolver, entendió que las partes, debidamente intimadas, habían dejado transcurrir nuevamente el plazo establecido en el art. 12 de la ley 11.653 sin realizar actividad procesal útil para la prosecución del trámite de la causa (arts. 12 y 63 de la Ley 11.653 y art. 315, último párrafo del CPCC)
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 22-VIII-2022), el que fue concedido por el a quo , en el marco del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de 25-VIII-2022).
En su presentación denuncia arbitrariedad y violación de doctrina legal. Esencialmente se agravia de la decisión del sentenciante que declaró la caducidad de instancia.
Por otro lado, objeta la imposición de costas a su parte, solicitando que, en atención a la naturaleza de la cuestión, se fijen por su orden.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente se debe observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 122.325, "Canali", resol. de 19-XII-2018, L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020 y L. 128.443, "Sosa", resol. de 29-VI-2022).
III.3. Finalmente, respecto de la objeción destinada a cuestionar la imposición de costas, el recurrente omite denunciar doctrina legal vinculada con dicha temática, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 129.043, "Rubira", resol. de 19-IX-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:35:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 10:10:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 13:50:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2022 11:51:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2022 12:57:47 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/12/2022 15:00:34 hs. bajo el número RR-1620-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia