Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128338
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2Declarar, de conformidad con los dictaminado por el señor Procurador General, abstracto el recurso extraordinario de inconstitucionalidad incoado por la legitimada pasiva; rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la demanda iniciada por Mauricio Germán Oficialdegui y, en consecuencia, condenó a Gabriel Martín Fuente a pagar la suma que estableció en concepto de seguro "La Estrella", sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales y las indemnizaciones derivadas del despido y la prevista en el art. 2 de la ley 25.323. La rechazó, en cambio, respecto de las multas previstas en los arts. 80 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y 9 de la ley 25.013 (v. pronunciamiento de fecha 28-V-2020).
Para así decidir, valorando las pruebas producidas en la causa, tuvo por probado que la accionada despidió al trabajador de manera injustificada. Además, y en lo que resulta destacar por ser materia de agravio, juzgo que habiéndose producido la extinción del contrato el 28 de febrero de 2018 y confeccionado el certificado previsto en el art. 80 de la ley 20.744 con fecha 1 de marzo de 2018, sin que el accionante hubiera formulado reserva alguna, ni invocado o acreditado perjuicio alguno, no resultaba procedente la multa prevista en la citada norma por la sola circunstancia de que la firma del empleador no se encuentre certificada.
Asimismo, entendió que, al admitirse la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, no resultaba procedente la sanción prevista en el art. 9 de la ley 25.013, pues ambas no son acumulables, de lo contrario, -concluyó- existiría una duplicación de sanciones frente al mismo incumplimiento.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-VI-2020); en tanto el demandado dedujo recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, inaplicabilidad de ley y -subsidiariamente- de nulidad (v. escritos electrónicos de fecha 10-VI-2020), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución del 28-X-2021) habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen en archivo adjunto de la presentación de fecha 12-X-2022).
III.1. En la vía incoada por la parte actora, y con cita de las normas y la doctrina legal que considera vulneradas, el interesado alega absurdo en la valoración de la prueba, cuestionando el rechazo de las multas previstas en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 9 de la ley 25.013.
III.3. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por los rubros reclamados en la demanda que no prosperaron, y de cuyo rechazo se agravia- no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, (causas L. 115.569, "Bergna", resol. de 28-XII-2011; L. 117.738, "Steimberg", resol. de 27-V-2015 y L. 124.713, "Juarez", resol. de 21-X-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.578, "Duarte", resol. de 21-VI-2012; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que los planteos que porta el recurso vinculados a la valoración del material probatorio para determinar la configuración o no de los presupuestos para la procedencia de la multa prevista en el art. 80 de la ley 20.744 importa la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra excluido del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 117.753, "Vidal", sent. de 14-X-2015; L. 122.151, "Codini", resol. de 29-V-2019 y L. 125.158, "Sangorrín", resol. de 4-III-2021).
III.4. Respecto a las restantes objeciones, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de los agravios propuestos en la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
IV.1. Por su parte, el demandado, al deducir el recurso extraordinario previsto en el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, cuestiona la constitucionalidad del art. 56 de la ley 11.653 en cuanto dispone como requisito para la concesión de los recursos extraordinarios el depósito previo del capital, intereses y costas de condena.
Luego, en su recurso de inaplicabilidad de ley, el compareciente cita las normas y la doctrina legal que considera vulneradas, denunciando absurdo en la apreciación de la prueba en torno a la procedencia del rubro "seguro la estrella".
Subsidiariamente, en la vía extraordinaria de nulidad, alega violación de los arts. 168 y 171 de la Carta Magna provincial y de la regla procesal de congruencia, denunciando que el tribunal interviniente modificó los términos en que quedó trabada la litis.
IV.2. De manera preliminar, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde señalar, sin perjuicio de otras consideraciones, que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad deviene abstracto, en virtud de que el tribunal interviniente concedió los remedios incoados por parte demandada tras otorgarle al interesado la exención la carga prevista en el art. 56 de la ley 11.653, conforme surge del expediente acumulado "Fuente Gabriel Martín s/ materia a categorizar-beneficio de litigar sin gastos" (v. resolución de fecha 30-IX-2021).
IV.3.a. Luego, respecto al recurso extraordinario de nulidad también deducido, cabe dejar sentado que es doctrina de esta Suprema Corte que, si bien resulta inadmisible la interposición subsidiaria de los recursos extraordinarios, en la medida que éstos posean fundamentos propios y no promiscuos, corresponde su tratamiento (causas L. 99.701, "Lucero", sent. de 11-III-2013; L. 117.905, "Sindicato", sent. de 15-IV-2015 y L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019).
IV.3.b. Aclarado ello, sabido es, que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
IV.3.c. Así, en el caso, y tal como lo destaca el Representante del Ministerio Público, el embate deducido deviene improcedente, pues los agravios traídos por el recurrente, relacionados a la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, la correlativa denuncia de afectación del principio de congruencia, la existencia del vicio de absurdo y arbitrariedad, se orientan a objetar el modo en que el tribunal resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento, materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y ajena al aquí examinado (causas L. 122.541, "Bravo", resol. de 5-VI-2019; L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 126.550, "Correa", resol. de 17-V-2021).
IV.3.d. Finalmente, no se verifica la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución local, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 122.785, "Barreiro", resol. de 30-X-2019 y L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020), hipótesis que no concurre en el fallo atacado, en el cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
IV.4. En relación, al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que articuló el acionado, resulta prioritario destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141. Siendo así, la admisibilidad de este carril impugnativo, como se señaló al resolver el remedio incoado por el actor- sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
IV.4.a. Bajo las señaladas premisas, la exclusión de la hipótesis contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la doctrina legal que emerge de las causas que cita el recurrente, referidas al vicio de absurdo, no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018 y L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020).
IV.4.b. Asimismo, dable es recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.711, "Zapata", resol. de 11-II-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2. Declarar, de conformidad con los dictaminado por el señor Procurador General, abstracto el recurso extraordinario de inconstitucionalidad incoado por la legitimada pasiva; rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:34:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 10:10:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 13:50:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2022 11:51:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2022 12:57:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/12/2022 14:59:44 hs. bajo el número RR-1599-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia