Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128046
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por Miriam Gabriela Hernández contra María de los Milagros Luna por la que se perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros laborales (v. pronunciamiento de fecha 21-IX-2021).
Para así decidir, juzgó no probada por la actora la relación laboral descripta en el libelo de inicio.
II. Frente a lo así decidido, la legitimada activa deduce recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 27-IX-2021), los que fueron concedidos por el tribunal de grado (v. resoluciones del 3-VI-2022 y 30-IX-2021, respectivamente), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 12-X-2022).
III. En el recurso extraordinario de nulidad la interesada invoca arbitrariedad y la transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
En lo esencial, sostiene que el tribunal de origen omitió expedirse acerca de asuntos que hubieran resultado esenciales para la correcta solución del pleito, en particular, de las pruebas ofrecidas que menciona y de la conducta procesal adoptada por la contraparte.
Por otro lado, denuncia que el fallo en crisis no posee la debida fundamentación, lo que -en su opinión- conduce a su nulidad.
III.2. Conforme lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.3.a. De modo liminar, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.3.b. En ese contexto, se observa que el embate articulado carece de andamiaje, desde que la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
III.3.c. Cabe agregar a ello que las alegaciones referidas a la apreciación y valoración del material probatorio, como a su deficiente examen por el tribunal de grado, no pueden ser canalizadas mediante la vía extraordinaria de nulidad intentada (causas L. 124.188, "Moreda", resol. de 17-VI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
III.3.d. Finalmente, deviene inatendible la invocada violación del art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020 y L. 126.646, "Verdugo", resol. de 17-VIII-2021), hipótesis que no concurre en la especie.
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la interesada alega arbitrariedad manifiesta. Cita las normas, garantías constitucionales y principios que estima vulnerados.
Afirma que el tribunal de origen realizó una valoración sesgada de la declaración de los testigos propuestos por su parte. Además, asegura que en el fallo se prescindió de resolver cuestiones esenciales para la suerte de la litis, entendiendo por tales, la prueba informativa, el intercambio telegráfico, la falta de responde de la acción, así como la omisa consideración de las presunciones que surgen de los arts. 9 y 57 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653.
Asimismo, refiere que el juzgador, apartándose de las reglas de la sana crítica, dictó un fallo dogmático y carente de adecuada fundamentación.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.3. Sabido es que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, y en general la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones reservadas -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resultan susceptibles de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 121.938, "Martin", resol. de 21-VIII-2019; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.856, "González", resol. de 8-VI-2021 y L. 129.480, "Legal", resol. de 29-XI-2022).
Ello exige la acreditación de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
IV.4.a. En el caso bajo estudio, la recurrente omite satisfacer dicho recaudo, toda vez que, en su escrito recursivo, no invoca la configuración del mentado vicio. De suyo, ello determina el rechazo de la crítica.
En efecto, sabido es que esta Corte reiteradamente ha señalado que resulta técnicamente defectuoso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la interpretación efectuada por el tribunal de la instancia ordinaria en función que le compete privativamente, omitiendo la invocación del mencionado yerro sentencial (art. 279, CPCC y su doctrina; causas L. 125.157, "Dietrich", resol. de 22-II-2021 y L. 124.769, "Gravante", resol. de 2-III-2021).
Asimismo, es sabido que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 94.302, "Occhiuzzi", sent. de 18-II-2009; L. 100.121, "Carrizo", sent. de 26-V-2010 y L. 120.695, "Garbuglia", sent. de 8-III-2021).
IV.4.b. Para más, la impugnación transita sobre meras apreciaciones personales de la recurrente, las que no resultan idóneas para conmover lo decidido en la instancia de origen, en tanto sólo exhibe su disconformidad con la solución alcanzada por el juzgador, para quien la actora no demostró -como era su carga- la relación laboral invocada.
En este sentido, reiteradamente ha declarado este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de origen por el propio (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
IV.5. Otra muestra de lo expuesto, resultan ser las alegaciones que formula la interesada en torno a las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa, desde que, sabido es, la valoración de la prueba oral queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.148, "Gnecco", resol. de 27-V-2020; L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020 y L. 122.704, "Ríos", resol. de 6-XI-2020).
Vale añadir que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en donde rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. "d", ley 11.653; causas L. 122.880, "Maidana", resol. de 6-XI-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.648, Cañete", resol. de 23-VIII-2021).
IV.6. Por otro lado, corresponde recordar que no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 121.554, "Pique", resol. de 26-IX-2018 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020).
Tampoco se configura en el caso la vulneración de los arts. 39 de la ley 11.653 y art. 57 de la ley 20.744, habida cuenta que constituye condición previa e indispensable para su aplicación que se demuestre la existencia de una relación laboral entre las partes, careciendo de validez tales dispositivos para acreditar el vínculo contractual (causas L. 117.840, "Antúnez", resol. del 22-X-2014; L. 118.123, "Musci", resol. del 30-IX-2014; L. 119.964, "Calderón", resol. de 7-IX-2016; L. 120.142, "Casabella", resol. de 8-II-2017; L. 120.842, "Gramigna", resol. de 29-VIII-2017 y L. 125.423, "Maldonado", resol. de 12-IV-2021).
IV.7. Finalmente, y a propósito de lo argumentado por la recurrente, se impone señalar que la eventual omisión en el tratamiento de una cuestión esencial resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propia del de nulidad (causas L. 118.051, "Rossi", sent. de 19-IX-2018; L. 119.347, "Bernardi", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.699, "Caputo", sent. de 6-XI-2019 y L. 126.529, "Herrera", resol. de 6-VIII-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/02/2023 16:40:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/02/2023 16:34:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/02/2023 09:40:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/02/2023 10:18:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/02/2023 11:41:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/02/2023 13:42:15 hs. bajo el número RR-4-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia