Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125734
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.734, "Rost, Miguel Ángel contra UEPFP. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Dolores, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 171/191).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 211/221 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de origen, en lo que resulta de interés, desestimó la acción articulada por Miguel Ángel Rost contra la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP), en cuanto pretendía obtener el pago de las indemnizaciones derivadas del despido, haberes adeudados y multas de las leyes 24.013 y 25.323, entre otros rubros (v. sent., fs. 176/191).
Para así decidir, en el veredicto, estableció acreditada la justa causa de despido invocada por la empleadora, esto es, el abandono del puesto de trabajo por parte del trabajador. Ponderó, a esos fines, el expediente administrativo n° 5100-13140/16 adjuntado como prueba documental, del cual surgía -según sostuvo- la existencia de antecedentes disciplinarios en el legajo laboral del actor por análogos motivos.
Juzgó que la notificación del distracto se produjo el 30 de junio de 2015. Precisó que a pesar de que no obraba oficio del Correo Argentino tendiente a acreditar la recepción de la misiva oportunamente cursada por el principal (es decir, la enviada con anterioridad, el 18-VI-2015), mediante el rechazo de la pieza postal remitida luego por la accionada quedaba debidamente demostrado que el trabajador había sido anoticiado del incumplimiento laboral imputado para disponer la rescisión del vínculo de trabajo.
Refirió, asimismo, el reconocimiento por parte del señor Rost de haber abandonado su puesto de trabajo, si bien -indicó- brindó argumentos para excusar tal conducta. Y, por último, valoró que a fs. 50 de las actuaciones de marras se encontraba la ficha de infracciones y castigos, de la cual surgía que el actor había sido sancionado con una suspensión de veinte días (desde el 19-VI-2013 al 8-VII-2013) por haber incurrido en abandono de sus tareas antes de finalizar la jornada.
Además, citó la resolución 135/15 del Administrador General de la UEPFP, en la cual se decidió proceder al despido con justa causa por abandono de servicio del agente Miguel Ángel Rost, en los términos del art. 85 inc. 2 del Reglamento de Disciplina para el Personal Ferroviario. Indicó que para ello se tuvo en consideración el acta de constatación de fs. 57 del expediente administrativo, de la que se desprendía que el Jefe de Departamento de Logística y Transporte, señor Mario Fernando Tate, pudo comprobar la ausencia del accionante en su puesto de trabajo.
Ya en la etapa de sentencia, en lo que interesa, a tenor de lo que tuvo por demostrado en el veredicto, el tribunal de grado dispuso que el hecho imputado al trabajador -abandono del servicio- conformó un incumplimiento contractual gravísimo, apto para configurar injuria de suficiente entidad con miras a justificar el despido directo dispuesto por la empleadora e impedir la continuación de la relación laboral (v. sent., fs. 181/182.).
Consideró que la ausencia en el puesto de trabajo por parte del accionante provocó un peligro latente de vidas, dependiendo de su trabajo la seguridad de los habitantes de la ciudad de Lezama que debían cruzar las vías, como también los trenes y vehículos ferroviarios que transitaran por allí.
A su vez, tuvo en cuenta el antecedente disciplinario del año 2013, fundado en una suspensión por una situación similar, lo que -a su juicio- denotaba el conocimiento del trabajador sobre la gravedad de la falta.
Por último, entendió que el descargo efectuado por el dependiente, sustentado en la necesidad de ausentarse por media hora para ir a su casa en búsqueda de una medicación, no resultaba excusa para repeler el incumplimiento reprochado.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 17, 18, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 12, 15 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 63, 67, 242, 243, 246 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo; 34 inc. 4, 161 inc. 2, 163 inc. 6, 277 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial provincial, y de la doctrina legal que cita.
Comienza por señalar que, a partir de una absurda valoración de las pruebas producidas en el proceso, el a quo arribó a la errada conclusión de rechazar parcialmente la demanda, legitimando el despido con causa invocado por la empleadora, que -alega- carece de toda razonabilidad.
II.1. En primer lugar, se agravia de lo resuelto en la sentencia de grado en cuanto sostiene que la notificación fehaciente mediante la cual se habría anoticiado al trabajador la decisión rupturista nunca sucedió.
Expresa que, si bien el tribunal de grado analizó la comunicación de la desvinculación, reconoció que no se probó ese hecho, mas luego afirmó que la extinción con justa causa se hallaba notificada fehacientemente y acreditada.
Expone que arribó a la certeza sobre este punto mediante la valoración del telegrama en el cual el accionante negó el despido con causa, de modo que -enfatiza- interpretó que la comunicación llegó a la esfera de conocimiento del trabajador y así la consideró suficiente. Sin embargo, argumenta que toda vez que no se produjo prueba respecto de la recepción de aquella, debe tenerse por no acreditado ese extremo.
Refiere que el a quo recopiló datos e información proveniente de otros sucesos procesales para tener por cierto que el empleador notificó fehacientemente al trabajador acerca de su desvinculación.
Reitera que en la especie se verifica un claro y notorio apartamiento por parte de los jueces de grado de las constancias objetivas de la causa.
Concluye que la sentencia se basa en la errónea aplicación de la ley y de la doctrina legal vigente, puesto que no se demostró la existencia de la notificación necesaria para que prospere el despido con justa causa.
II.2. Denuncia la configuración del vicio de absurdo en la valoración del expediente administrativo acompañado por la demandada.
Alega que el órgano de origen ponderó dicha prueba como irrefutable a la hora de fundamentar la decisión vinculada con la comunicación de la extinción del contrato de trabajo, no obstante prescindió evaluar el descargo del trabajador que obra en aquel.
Afirma que allí el actor expuso con claridad los motivos que justificaron su actuar y, asimismo, acompañó a los autos el certificado médico tendiente a probar la situación de emergencia que motivó su conducta, circunstancia que no fue tenida en cuenta en el fallo en crisis.
Destaca que el absurdo se configura ni bien se repara en que la prueba fue analizada de modo parcial.
Advierte que si bien es cierto que en la sentencia impugnada se indicó que la causal de despido se hallaba fundada en el peligro que generó la ausencia del señor Rost en su puesto de trabajo, no lo es menos que no se consideró prueba clara y notoria que da cuenta que el trabajador, previo a retirarse de su lugar de trabajo, realizó una llamada al controlador para cerciorarse que no pasaría por allí ninguna formación de tren.
II.3. Por último, objeta el tipo de sanción aplicada.
Señala que la decisión de la empleadora de disponer la cesantía constituyó un uso desproporcionado e injusto de su potestad disciplinaria.
Cuestiona que el tribunal de origen, en oportunidad de valorar la injuria y considerar justificado el despido directo, no haya reparado en la afección grave que padecía el trabajador en su salud, lo que lo condujo a ausentarse de su puesto de trabajo.
Denuncia que el dependiente obró de buena fe, toda vez que narró la verdad de los hechos acontecidos y se puso a disposición de la empleadora, según predica el art. 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por otro lado, asevera que actuó con destacado profesionalismo, desde que llamó previamente al control para asegurarse que no pasaría ninguna formación de trenes.
Afirma, en definitiva, que el distracto dispuesto fue irrazonable y violatorio de los arts. 14 bis y 28 de la Constitución nacional, por lo que la sentencia debe revocarse y darse tratamiento al caso como un despido sin justa causa.
Sostiene que el tribunal de grado afirmó dogmáticamente que el art. 85 inc. 2 del Reglamento de Disciplina para el Personal Ferroviario determina la desvinculación laboral de quien incurra en "abandonar la barrera", agregando que el abandono del servicio "es un incumplimiento contractual gravísimo, que causa injuria suficiente para justificar el despido directo", soslayando que el trabajador tomó los recaudos pertinentes antes de retirarse.
Enfatiza que la sanción aplicada debe ser proporcional a la falta cometida, extremo que -argumenta- no se verificó en autos, puesto que -insiste- la precaución adoptada por el trabajador para ausentarse de su puesto de trabajo y sus motivos no se tornaba como impedimento para la continuación de la vinculación laboral.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En primer lugar, cabe advertir que no es de recibo la crítica orientada a desmerecer la conclusión con arreglo a la cual el sentenciante juzgó probado que el trabajador fue notificado de modo fehaciente del despido con causa el día 30 de junio de 2015.
Ello así por cuanto los argumentos del recurrente no resultan hábiles para evidenciar el absurdo que denuncia, pues -anticipo- no superan el registro de una mera disconformidad con la solución adoptada, inidónea a los fines pretendidos (causas L. 91.407, "Flores", sent. de 25-II-2009; L. 90.267, "Lazarte", sent. de 15-VI-2011; L. 119.786, "Gómez Jiménez", sent. de 27-VI-2018 y L. 124.992, "Segovia", sent. de 30-IX-2021).
III.1.b. De los antecedentes reseñados surge evidente que el tribunal de trabajo tuvo por acreditado que la demandada comunicó el despido con causa por medio de la carta-documento n° 679626722, de fecha 30 de junio de 2015, adjuntada por el propio trabajador y por la accionada.
Formó su convicción en ese sentido a pesar de la ausencia del informe del Correo Argentino, toda vez que en el telegrama laboral n° 640702051 obrante a fs. 5, el señor Rost hizo referencia a dicha carta documento, la contestó y negó haber sido desvinculado con justa causa, lo que evidenció -según el juzgador- que la recibió y se anotició del motivo de la cesantía.
Me permito señalar, sobre el particular, que la indicada misiva cursada por la empleadora y contestada por el trabajador, dice textualmente, en lo que interesa: "Según resolución N°135/15 de la Administración General Ud. fue desvinculado con justa causa por abandono de servicio incurrido en fecha 29/03/2015, en los términos del art. 85 - inc. 2 del Reglamento de Disciplina para el personal ferroviario, a partir del 30/04/2015, situación comunicada a través de CD 658062243 a domicilio por Ud. denunciado oportunamente..." (fs. 10).
III.1.c. En estas condiciones, cabe recordar que el vicio del absurdo exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa, ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 118.442, "Lama", sent. de 26-XII-2018; L. 120.395, "Laterza", sent. de 29-VI-2020 y L. 122.472, "Appendino", sent. de 20-XI-2020).
Desde esta perspectiva, ninguna de las falencias indicadas es puesta de manifiesto por el quejoso. Antes bien, a partir de la exposición de su desacuerdo con la solución dada, se ocupa de formular una serie de consideraciones que, por desentenderse de las argumentaciones dadas por el sentenciante para definir la contienda, no resultan atendibles.
III.2. Tampoco prospera el reproche tendiente a acreditar la configuración del absurdo en la valoración de las constancias obrantes en el expediente administrativo.
El embate se dirige a atacar la ponderación que hizo el órgano de origen respecto de dichas actuaciones, poniendo de relieve que no se le dio la debida valoración al descargo por él efectuado en dicho procedimiento y que, contrariamente a su pretensión, el tribunal de origen lo descartó por no resultar una excusa válida para neutralizar el grave incumplimiento atribuido. Máxime, según argumentó el sentenciante de origen, teniendo en consideración el peligro potencial para la seguridad de la comunidad que provocó la conducta del dependiente.
En este marco, observo que el interesado centra su crítica en el intento de disputarle al tribunal de la instancia de grado la facultad que le compete de modo privativo en la ponderación de las pruebas, lo que -sabido es- no resulta método eficaz para demostrar tal déficit.
Al respecto, conviene recordar que tiene dicho esta Suprema Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que solo exterioriza una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de la decisión que son privativos de la labor valorativa de los jueces de grado, apoyándose en una propia versión sobre los hechos y el modo en que debieron apreciarse las pruebas adunadas a la causa (causas L. 108.918, "Hernández", sent. de 4-VII-2012; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013; L. 116.866, "Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. y otra", sent. de 4-VI-2014 y L. 120.060, "Gonzalez", sent. de 17-VI-2020).
III.3. Por último, no merece recepción el reproche dirigido a cuestionar el tipo de medida adoptada por la empleadora y su alegada falta de proporcionalidad.
Conforme se desprende de los antecedentes relatados, el juzgador de origen formó su convicción acerca de la gravedad del incumplimiento en que incurrió el trabajador y, desde ese prisma, estableció justificada la decisión rupturista adoptada por la accionada, valorando -además- los antecedentes disciplinarios del operario.
Desde esta perspectiva, las alegaciones plasmadas en este tramo del recurso no son hábiles para desvirtuar las conclusiones esenciales del fallo que el recurrente pone bajo censura mediante planteos que, una vez más, traducen su falta de conformidad con la decisión, sin evidenciar el absurdo ni la ausencia de razonabilidad que invoca.
Debe recordarse que al recurrente que pretenda acreditar ese excepcional vicio no le ha de alcanzar con sostener que el hecho pudo ocurrir de otra manera, o que la prueba debió ser apreciada de una forma distinta, más probable o aceptable. En cambio, es indispensable dejar claramente demostrado que, de la manera en que se valoró en la sentencia, no pudo ser (causas L. 101.040, "Rosendo", sent. de 31-X-2012; L. 117.895, "Salvo", sent. de 17-VI-2015 y L. 120.742, "Giribuela", sent. de 21-XII-2020), lo que -conforme lo anticipado- no queda demostrado en el caso.
III.4. Corolario de todo lo expuesto es que la impugnación ensayada se revela carente de idoneidad a los fines de acreditar el grave yerro valorativo que se imputa al fallo de grado.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/02/2023 16:47:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/02/2023 16:36:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/02/2023 09:39:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/02/2023 10:17:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/02/2023 11:42:32 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/02/2023 12:11:58 hs. bajo el número RS-3-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia