Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123296
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces, doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, con nueva integración de conformidad con lo ordenado por esta Corte (v. fs. 1.287/1.288 vta.), hizo lugar -parcialmente- a la demanda promovida por Nimia Elizabeth González y, en consecuencia, condenó a A.M. Seguridad Empresaria S.R.L. a pagar la suma que especificó en concepto de haberes impagos, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales y la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, adicionando intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a plazo fijo a 180 días desde que cada obligación se hizo exigible y hasta el 18 de agosto del 2008 y, con posterioridad a esa fecha, a la tasa que paga dicha entidad bancaria en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia "BIP".
Por el contrario, desestimó la acción respecto de la coaccionada Alba S.A. y en cuanto perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, las multas previstas en los arts. 275 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y otros rubros de linaje laboral.
Finalmente, desestimó el planteo por el que se cuestionaba la validez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y modificatorias conforme ley 25.561 (v. pronunciamiento de fecha 15-XII-2021).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-II-2022), el cual fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. providencia del 21-III-2022).
II.1. En su presentación relata los antecedentes de la causa, cita las normas, los principios de derecho del trabajo y la doctrina legal que denuncia conculcada.
En primer lugar, entiende que, a diferencia de lo resuelto por el sentenciante, se encuentran verificados en autos los presupuestos para condenar a la codemandada Alba S.A.(actual Akzo Nobel Argentina S.A.) como empleadora en los términos del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.2. Luego, señala que, como consecuencia del proceso inflacionario, la aplicación de las tasas de interés inferiores a la inflación afecta gravemente el poder adquisitivo del trabajador, violándose de tal modo su derecho de propiedad tanto en materia de capital como de intereses (art. 17 de la Constitución nacional).
Seguidamente, con el fin de acreditar el perjuicio sufrido por el trabajador, cuantifica el crédito de autos aplicando un coeficiente de ajuste por depreciación monetaria (8.619 %) e intereses al 15% anual como los que se aplicaban en épocas de estabilidad plena, siendo esta una de las posibilidades que expone para evitar la confiscación de los créditos alimentarios del acreedor laboral.
Así, enumera como métodos para sortear ese desapoderamiento: la declaración de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación de los créditos de dinero; la aplicación de intereses bancarios a la tasa activa con capitalización periódica de los intereses (art. 770, Cód. Civ. y Com.); o bien que se determine un capital indemnizatorio con arreglo al "ingreso actual" del trabajador conforme el criterio delineado por esta Suprema Corte en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018).
II.3. Asimismo, objeta el rechazo de la multa del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.4. Para el caso de que se hiciese lugar a la acción contra la accionada Alba S.A. reclama la aplicación del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.5. Finalmente, plantea que, de acogerse la impugnación, la regulación de honorarios que corresponde percibir al letrado apoderado de la parte actora, se adecue al nuevo monto de condena que resulte, de conformidad con lo explicitado.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, por juzgar el sentenciante insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.2.a. En ese contexto, respecto del primer agravio referenciado, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, por cuanto los precedentes que se denuncian como conculcados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se vinculan a cuestiones fácticas o probatorias, -como lo son, en la especie, la definición en torno a la naturaleza de la relación entre las partes y la existencia o no de fraude- las cuales se encuentran detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo en el que el recurso fue concedido (causas L. 120.492, "Olmos", resol. de 21-VI-2017; L. 121.347, "Burgos", resol. de 6-VI-2018 y L. 125.068, "Del Pup", resol. de 12-II-2021).
III.2.b. Asimismo, tiene resuelto esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art.55 de la ley ritual (causas L. 118.068, "Gudiño", resol. de 20-XI-2014; L. 118.239, "González", resol. de 19-II-2015 y L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021).
III.2.c. Tampoco se verifica el indicado excepcional supuesto cuando la doctrina legal que se acusa transgredida se relaciona con la interpretación de preceptos de carácter adjetivo (como lo atingente a las normas que regulan la atribución de la carga de la prueba; causas L. 119.693, "Tapia", resol. de 15-VI-2016; L. 121.347, "Burgos", resol. de 6-VI-2018: L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020 y L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021).
III.3. De igual modo, no prospera la crítica mediante la cual se cuestiona la parcela del pronunciamiento que, a fin de calcular los acrecidos, dispuso aplicar la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a plazo fijo a 180 días desde que cada obligación se hizo exigible y hasta el 18 de agosto del 2008 y desde allí a la tasa de operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días hasta su efectivo pago.
En efecto, en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016) -y las que siguieron su línea directriz- (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), esta Corte declaró que los intereses moratorios aplicados sobre el importe reconocido en la sentencia por el mencionado rubro deben liquidarse mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa, desde la fecha del evento dañoso hasta el efectivo pago (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Siendo así, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado se ajusta -en el contexto de las circunstancias reseñadas durante el período de su aplicación- a la doctrina legal de esta Corte, por lo que corresponde desestimar la réplica en este tramo.
III.4. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis de los cuestionamientos vinculados a los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, ello así, en tanto lo resuelto por el sentenciante guarda armonía con el criterio plasmado en reiterados pronunciamientos de esta Corte en los que se ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012; e.o.).
III.5. Luego, en relación al tercer agravio individualizado, tampoco se advierte configurado el señalado supuesto habilitante previsto en el citado art. 55 de la ley 11.653, desde que la definición relativa a la concurrencia -o no- de los presupuestos a los que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo subordina la aplicación de la sanción conminatoria allí prevista, constituye un asunto detraído de revisión en el acotado marco cognitivo en el que el recurso fue concedido (causas L. 108.019. "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 115.021 "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 118976, "Veroisa", resol. de 28-II-2018 y L. 127.202, Navone, resol. de 29-XI-2021).
III.6. Finalmente, lo dicho es suficiente para dar respuesta a la impugnación traída, lo que nos exime de ingresar en el análisis de los restantes cuestionamientos traídos.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto de los distinguidos colegas que me preceden en la votación, con las siguientes consideraciones.
En primer lugar, y para despejar cualquier equívoco, me permito aclarar que la doctrina legal cuya aplicación propicia el quejoso para el caso examinado (v. punto II.2. parte final del voto que antecede) ha sido elaborada sobre la base de presupuestos distintos de los que aquí se han configurado, luciendo por ello ineficaz (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015 y L. 121.611, "Falcon", sent. de 27-XI-2019).
Luego, en lo concerniente a lo manifestado en el punto III.2.c., debe señalar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-21 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/02/2023 13:09:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/02/2023 10:13:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2023 17:20:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2023 13:21:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2023 13:39:55 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/02/2023 14:33:54 hs. bajo el número RR-32-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia