Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129288
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa destacar, -por mayoría- hizo lugar a la acción promovida por Facundo Eduardo Bravo y, en consecuencia, condenó a Arimex Importadora S.A. al pago de la suma que individualizó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento a fs. 514/535).
En lo que resulta de interés, por ser materia de agravios, adicionó intereses a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el 18 de agosto de 2008 y, con posterioridad a esa fecha, a la tasa que paga dicha entidad bancaria en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia "BIP".
Asimismo, desestimó el planteo por el que se cuestionaba la validez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y modificatorias conforme ley 25.561.
Finalmente, rechazó la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21-VI-2019), el cual fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de 2-VIII-2019).
En su presentación, cita las normas y la doctrina legal que considera conculcadas. Esencialmente, se agravia de la tasa de interés que el sentenciante aplicó al capital de condena. Asimismo, cuestiona el rechazo de la multa prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.1. En primer lugar, objeta las restricciones a la admisibilidad del remedio traído, sostiene que cuando se cuestiona la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, el Tribunal Superior de Provincia debe intervenir para agotar la instancia local, sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales. En este camino, afirma que los fallos y precedentes de la Corte Suprema deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario.
II.2. Luego, en lo que interesa destacar, señala que, como consecuencia del proceso inflacionario, la aplicación de las tasas de interés inferiores a la inflación afecta gravemente el poder adquisitivo del trabajador, violándose de tal modo su derecho de propiedad tanto en materia de capital como de intereses (art. 17 de la Constitución nacional).
Seguidamente, con el fin de acreditar el perjuicio sufrido por el trabajador, cuantifica el crédito de autos aplicando un "...coef. ajuste por depreciación monetaria (2.163,60%)" e intereses al 15% anual como los que se aplicaban en épocas de estabilidad plena, siendo esta una de las posibilidades que expone para evitar la confiscación de los créditos alimentarios del acreedor laboral.
Así, enumera como métodos para sortear ese desapoderamiento: la declaración de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación de los créditos de dinero; la aplicación de intereses bancarios a la tasa activa con capitalización periódica de los intereses (art. 770, Cód. Civ. y Com.); o bien que se determine un capital indemnizatorio con arreglo al "ingreso actual" del trabajador conforme el criterio delineado por la Suprema Corte en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018).
II.3. Para el supuesto de acogerse la impugnación, plantea que la regulación de honorarios que corresponde percibir al letrado apoderado de la parte actora, se adecue al nuevo monto de condena que resulte de conformidad con lo explicitado.
II.4. Por lo demás, sostiene que el tribunal de origen omitió aplicar la capitalización de intereses prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.
II.5. Para terminar, en relación al restante agravio, manifiesta -en rigor- que el a quo vulneró el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, entre otras normas que cita. Alega absurdo en la valoración de la prueba.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe indicar que la competencia revisora de este Tribunal está circunscripta al contenido de la sentencia de grado y a la concreta impugnación contra ella formulada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; L. 125.100, "Aguirre", sent. de 29-XI-2022; e.o.), por lo que no corresponde ingresar a analizar los planteos formulados por el impugnante en el punto III del recurso bajo la denominación "solicitudes especiales".
III.2. Aclarado ello, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, por juzgar el sentenciante insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.3.a. En ese contexto, no prospera la crítica mediante la cual se cuestiona la parcela del pronunciamiento que, a fin de calcular los acrecidos, utilizó, desde que cada obligación se hizo exigible hasta el día 18 de agosto de 2008, la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días y desde el día 19 de agosto de 2008, la que abona la misma entidad bancaria a través del sistema denominado "Banca Internet Provincia".
III.3.b. En efecto, en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016) -y las que siguieron su línea directriz- (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), esta Corte declaró que los intereses moratorios aplicados sobre el importe reconocido en la sentencia por el mencionado rubro deben liquidarse mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa, desde la fecha del evento dañoso hasta el efectivo pago (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Siendo así, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado se ajusta -en el contexto de las circunstancias reseñadas durante el período de su aplicación- a la doctrina legal de esta Corte, por lo que corresponde desestimar la réplica en este tramo.
III.4. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis de los cuestionamientos vinculados a los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, ello así, en tanto lo resuelto por el sentenciante guarda armonía con el criterio plasmado en reiterados pronunciamientos de esta Corte en los que se ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012; e.o.).
III.5. A su turno, el planteo vinculado a la capitalización de los intereses previsto en el art. 770 del Código Civil y Comercial también debe ser desestimado, desde que no se verifica la concurrencia de aquel supuesto de excepción previsto en el art. 55, primer párrafo in fine , de la citada norma adjetiva, toda vez que las doctrinas que se denuncian como vulneradas han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017; L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.141, "Amarilla", resol. de 2-XI-2020 y L. 129.024, "Ali", resol. de 17-X-2022).
III.6. Por otro lado, sabido es, que en el marco de la referida hipótesis de excepción, no es idónea la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que la verificación de la existencia o no de un comportamiento en los términos del precepto citado importa la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra excluido del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 117.682, "Avalos", resol. de 22-X-2014; L. 118.505, "Maestu", resol. de 8-IV-2015 y L. 122.561, "Lucuman", resol. de 29-V-2019).
III.7. Finalmente, lo dicho es suficiente para dar respuesta a la impugnación traída, lo que nos exime de ingresar en el análisis de los restantes cuestionamientos traídos.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto de los distinguidos colegas que me preceden en la votación.
Solo he de agregar, para despejar cualquier equívoco, que la doctrina legal cuya aplicación propicia el quejoso para el caso examinado (v. punto II.2. parte final del voto que antecede) ha sido elaborada sobre la base de presupuestos distintos de los que aquí se han configurado, luciendo por ello ineficaz (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015 y L. 121.611, "Falcon", sent. de 27-XI-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/02/2023 13:09:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/02/2023 10:13:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2023 17:20:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2023 13:21:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2023 13:40:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/02/2023 14:34:32 hs. bajo el número RR-43-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia