Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129645
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (art. 292 del CPCC; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20; art. 63, ley 11.653).
2Rechazar los recursos extraordinarios traídos, el de nulidad en virtud de que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y el de inaplicabilidad de ley en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el caso, el Presidente del Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Chacabuco, perteneciente al Departamento Judicial de Junín, en el marco de una acción deducida por Evangelina Rosana Duarte contra Asociación Mutual Amigos del Club Atlético Roberts (A.M.A.C.A.R.) tuvo por no contestada la demanda por esta última y la declaró rebelde (v. proveído de 21-VI-2022).
Ante dicho pronunciamiento, la Asociación demandada planteó nulidad de la notificación del traslado de la demanda, así como de todos los actos procesales subsiguientes, alegando que el oficial de justicia que llevó adelante el diligenciamiento del señalado acto de anoticiamiento, no hubo de cumplir regularmente con el procedimiento legal instituido a tal fin (8-VII-2022).
A su turno, el tribunal en pleno rechazó la nulidad argüida (v. resol. de 17-VIII-2022). Para así resolver, por un lado, sostuvo que la cédula de notificación es un instrumento público donde el Oficial notificador da fe de las circunstancias y observaciones acaecidas en su presencia, por lo que su ataque debió haber sido incoado por la vía pertinente, a su criterio, por el canal de la redargución de falsedad. Por otro, no advirtió, destacó, la configuración de un estado de anormalidad del acto procesal que justificara el decreto de nulidad.
II. Contra dicha decisión, la aquí demandada interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escritos de 25-VIII-2022), los que fueron denegados por el a quo en virtud de la ausencia de definitividad del pronunciamiento impugnado (v. resol. de 12-IX-2022), lo que motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación electrónica de 21-IX-2022).
En la vía directa alega que el rechazo del planteo de nulidad de la notificación de la acción entablada cierra la puerta a que pueda contestar la demanda y ofrecer la prueba, constituyendo actos procesales trascendentales para un cabal ejercicio del derecho de defensa.
III. La queja no prospera.
III.1. Al respecto, corresponde poner de resalto que esta Corte tiene dicho que los remedios extraordinarios sólo son viables con relación a las sentencias definitivas, entendiéndose por tales a aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, ponen fin al pleito condenando o absolviendo al demandado o, aun refiriéndose a un artículo, producen el efecto de finalizar al mismo, haciendo imposible su continuación (arts. 278, 296 y 297, C.P.C.C.; causas L. 113.289, "Olivello", resol. de 28-XII-2010; L. 113.643, "Usandizaga", resol. de 6-IV-2011 y L. 125.773, "Bustamante", resol. de 17-XI-2021).
III.2. Además, también ha señalado, como principio, que las decisiones adoptadas sobre nulidad de actuaciones anteriores a la sentencia del mérito de la causa no revisten carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 55, ley 11.653; causas Ac. 84.893, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 23-XI-2005; L. 120.465, "Ratto", resol. de 14-VI-2017 y L. 125.773, cit.).
En tal sentido me he manifestado, adhiriendo a la postura sostenida en la causa L. 97.875, "Illobre" (resol. de 26-X-2010) por nuestro distinguido ex colega doctor Pettigiani, que guarda similitud con el presente.
Así, en el caso, el pronunciamiento dictado por el tribunal laboral que rechazó el incidente de nulidad de notificación opuesto, no reviste el carácter de definitivo, ni deviene equiparable a tal (causas Ac. 96.210, "Tropea", resol. de 6-IX-2006 y L.118.656, resol. de 15-VII-2015), sin que se observen motivos excepcionales que permitan apartarse del indicado principio.
IV. De tal modo, considero que corresponde desestimar la queja aquí traída (arts. 292, C.P.C.C.; 63, ley 11.653; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20).
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. Disiento con la solución propiciada por mi colega preopinante.
II.1.a. En efecto, en numerosos precedentes esta Corte ha entendido que los pronunciamientos que tienen por no contestada la demanda y declaran perdido el derecho a hacerlo no constituyen -en principio- sentencia definitiva o equiparable a tal en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que tales decisiones no ponen fin al pleito ni impiden su continuación (causas Ac. 84.846, "Soveny", resol. de 05-VI-2002 y Ac. 87.467, "C., L.I.", resol. de 11-VI-2003; e.o.). Mas no lo es menos, que tal criterio ha de ceder cuando -como en el sub iudice - tal decisión traiga aparejado un perjuicio de insusceptible reparación ulterior, no pudiendo soslayarse la particular significación que reviste la falta de contestación de demanda en tanto puede incidir en el resultado final del pleito.
Es ésta, por otra parte, la tesis que en supuestos análogos al presente siguiera la Corte Suprema de la Nación al ingresar al conocimiento del recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de la Cámara que revocó el pronunciamiento de grado que había desestimado la revocatoria contra el auto que tuvo al letrado por presentado, parte y por interpuestas las excepciones, y ordenó el desglose del escrito presentado por aquél. En dicho precedente, sostuvo el Alto Tribunal que la decisión atacada puede ser equiparada a definitiva si concurre un supuesto de privación de justicia que afecta en forma directa al derecho de defensa en juicio, ocasionándole al demandado un perjuicio de imposible reparación ulterior, pues éste carecerá de otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos (cfr. C.S.J.N., causa C.1649.XXXVI, in re "Carosella", sent. de 20-III-2003, Fallos 326:697).
En la especie, la interesada sostiene que lo resuelto deja indebidamente en estado de indefensión a su parte. Aduce que, más allá de no resolver el fondo, proyecta sus efectos en la estructura del proceso e impide, en tal sentido, ejercer el acto procesal de mayor trascendencia cual es contestar la demanda y ofrecer prueba, lo cual sin lugar a dudas influirá en el resultado del litigio. Sobre tales conceptos, alega que el pronunciamiento puesto en tela de juicio le genera un irreparable perjuicio, no existiendo otra oportunidad idónea para hacer valer sus derechos.
De allí que en el caso debe equipararse a una sentencia definitiva en los términos de los arts. 278 -último párrafo- y 281 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.653) lo resuelto el día 17 de agosto de 2022.
II.1.b. En consecuencia, se hace lugar a la queja traída y se declara mal denegados los recursos de nulidad y de inaplicabilidad de ley deducidos, los que en estos términos se conceden (art. 292, CPCC, art. 63, ley 11.653; Acuerdo 4068/2022).
III.1. Ingresando en el análisis del recurso extraordinario de nulidad interpuesto, cabe anticipar que es improcedente.
La recurrente intenta invalidar el fallo, en razón de que a su modo de ver el Tribunal del Trabajo habría incurrido en un defecto formal por la inobservancia de las reglas correspondientes al dictado del veredicto y a la exigencia del acuerdo con voto individual de los jueces.
En primer lugar, ocupa recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que el hecho de que la sentencia recurrida haya sido considerada definitiva a los fines de la admisibilidad del recurso intentado no implica necesariamente que ella debió ser dictada con la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces, ya que lo que interesa a tales efectos es verificar si la misma resuelve cuestiones esenciales (art. 168, Const. cit.; causas C. 96.563, "Y.P.F. S.A.", sent. de 30-III-2010; C. 106.655, "Coop. Viv. Consumo y Servicio", sent. de 22-XII-2015 y L. 117.688, "Rodríguez", sent. de 2-III-2016).
La forma de acuerdo y voto individual sólo es exigida para las sentencias a las que se refiere el art. 163 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 164 primera parte, 266 y 267, Cód. cit.) y no para las interlocutorias, que deben reunir únicamente los requisitos del art. 160 y los que agrega el art. 161 del Código ritual citado, ello, excepto si la resolución se pronuncia respecto de cuestiones esenciales, en los términos y alcances del art. 168 de la Constitución provincial (causa Ac. 79.343, "Carro", sent. de 10-IX-2003).
III.2. En la resolución recurrida en autos el tribunal de grado se circunscribió a desestimar la pretensión incidental que procuraba la nulidad de la notificación de la demanda, sin adentrarse en el estudio de las defensas allí opuestas y sin expedirse, en definitiva, sobre una cuestión esencial. Por lo tanto, en conclusión, aquel pronunciamiento no infringe la norma de la Constitución provincial que se denuncia (art. 168, cit.; causas L. 121.203, "Uslenghi", resol. de 20-II-2019; L. 127.814, "López", resol. de 14-XII-2021 y L. 127.458, "Blandamuro", resol. de 29-XII-2021).
IV.1. Ya en lo referido al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ingresando en el análisis de los restantes requisitos de admisibilidad, sin perjuicio de otras consideraciones que podrían efectuarse, es pertinente poner de resalto que, en el sub examine , el valor del agravio es determinado y está representado por el importe de los rubros reclamados en la demanda, el que no alcanza el mínimo regulado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).En consecuencia, y conforme el art. 55 de la ley 11.653, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 118.251, "Ponce" y L. 118.272, "García", resols. de 20-XI-2014; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 126.800, "Sanchez", resol. de 29-XII-2021).
IV.2. En este contexto, la exclusión de la señalada hipótesis contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, puesto que no se constata en el recurso una denuncia idónea tendiente a evidenciar la eventual violación de la doctrina legal en los términos antes delineados; cuando para más, tampoco se observa que la escueta referencia jurisprudencial que ensaya el quejoso se vincule con casos semejantes al que aquí se analiza.
Por lo demás, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021; L. 125.520, "Rodríguez", resol. de 12-IV-2021 y L. 127.895, "Bordón", resol de 14-III-2022).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Torres y Carral adhieren, por los fundamentos que expone, al voto del doctor Soria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (art. 292 del CPCC; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20; art. 63, ley 11.653).
2. Rechazar los recursos extraordinarios traídos, el de nulidad en virtud de que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y el de inaplicabilidad de ley en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/02/2023 13:10:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/02/2023 10:13:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2023 17:20:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2023 12:57:50 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2023 13:22:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2023 13:41:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/02/2023 14:35:27 hs. bajo el número RR-55-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia