Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126044
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.044, "López, Raúl Vicente contra Pilla Dos Santos, Magnus. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 213/231 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 17-XII-2019).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de origen desestimó la acción deducida por Raúl Vicente López contra Magnus Pilla Dos Santos en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, las contempladas en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345); 9 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y 9 de la ley 25.013; sueldo anual complementario, vacaciones adeudadas, horas extras y haberes correspondientes a los meses de mayo y proporcional de junio de 2015. Hizo lugar, en cambio, al reclamo tendiente a la entrega de la documentación prevista en el art. 80 citado precedentemente (v. fs. 213/231 vta.).
Para así decidir, declaró probado que el actor prestó servicios dependientes para el accionado, como personal permanente y discontinuo en el marco del art. 18 de la ley 26.727, cumpliendo tareas de carga y descarga de cebollas en diversas temporadas durante los años 2012 a 2015 (v. fs. 213/216).
Sostuvo que no habiendo logrado desvirtuar el promotor del pleito la fecha de ingreso plasmada en la documentación laboral -que juzgó llevada en legal forma por la empleadora- debía estarse a la consignada en tales constancias, esto es, el día 20 de abril de 2012. A la vez, descartó que el dependiente hubiese laborado en exceso de la jornada legal establecida en el art. 40 de la mencionada norma estatuaria (v. fs. 219 y vta.).
Estimó probado -por mayoría- que el salario del actor era variable, y no de carácter fijo como lo había postulado en su presentación liminar (v. fs. 221).
Destacó que si bien la accionada había acompañado en oportunidad de contestar la demanda recibos de sueldo en fotocopia simple (v. fs. 49/60), el desconocimiento del actor a su respecto obedeció a su falta de originalidad (v. fs. 86), mas no a la carencia de firma atribuible a su parte ni a su eventual carácter apócrifo (v. fs. 22 y vta.).
En este contexto, concluyó que no cabía restarles valor probatorio, toda vez que coincidían con los registros llevados en legal forma por la patronal, la información suministrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y demás constancias probatorias de la causa (v. fs. 222 vta.).
Con base en lo antedicho, juzgó -también con voto mayoritario- que el señor López percibió las sumas indicadas en los mencionados recibos (v. fs. 222 vta.).
Con todo, consideró que no habiendo logrado el promotor del juicio acreditar las causales que invocó para decidir su despido indirecto -notificado mediante carta documento de fecha 24 de junio de 2015 (v. fs. 8)- el mismo resultó injustificado. Consecuentemente, rechazó la acción tendiente al cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, con más los agravamientos de ley con fundamento en no verificarse los presupuestos que viabilizan su aplicación (v. fs. 228 y vta.).
En lo que interesa, desestimó -asimismo- el resarcimiento normado en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
Al ocuparse de detallar el intercambio epistolar, reseñó que cuando el actor se colocó en situación de despido indirecto, efectuó la intimación para que se le entregara el certificado previsto en la citada norma (v. telegrama de fecha 24-VI-2015). Luego, relató que la empleadora hizo saber al trabajador, mediante pieza postal de fecha 29 del mismo mes y año, que dicho instrumento se encontraba a su disposición desde el 30 de mayo en el domicilio indicado. Por último, precisó que el dependiente remitió una nueva misiva mediante la cual manifestó que había concurrido a ese lugar, con un testigo, y que no había sido atendido por persona alguna, por lo que emplazó, nuevamente, entre otros rubros, al pago de la multa prevista en el citado art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345). Esta pieza telegráfica, según lo determinado en el veredicto, fue desconocida, aunque el oficio del Correo Argentino informó sobre su recepción.
Finalmente, con pie en las circunstancias descriptas, el tribunal estableció que el reclamante no dio cumplimento con los recaudos estatuidos en el art. 3 del decreto 146/01 para viabilizar el acogimiento de la sanción peticionada (v. fs. 229 vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación de los arts. 138 y 139 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que cita.
II.1. Aduce que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la valoración de la prueba, toda vez que juzgó acreditado el pago de los salarios reclamados en el escrito de inicio, a partir de fotocopias de supuestos recibos de haberes que la accionada acompañó junto con el conteste (v. fs. 49/60) -que fueron desconocidos por el actor en ocasión de responder el segundo traslado (v. fs. 86)- y con sustento en las definiciones plasmadas en el informe pericial contable, oportunamente impugnado por el ahora recurrente (v. escrito electrónico de fecha 21-II-2019).
Denuncia violados los precedentes L. 91.973, "Botta" (sent. de 5-VI-2013); L. 109.373, "Cabezas" (sent. de 12-III-2014) y L. 108.255, "Paz" (sent. de 27-V-2015).
Afirma que, contrariamente a lo resuelto en la instancia de grado, en autos quedaron debidamente acreditados los incumplimientos en que incurrió la empleadora, es decir, la omisa entrega de recibos de haberes y la falta de pago de los rubros intimados por el dependiente, los cuales constituyeron una injuria grave que justificó la decisión rupturista del dependiente.
Trascribe parcialmente -en apoyo de su postura- las consideraciones formuladas en el voto de la magistrada que quedó en minoría en el veredicto.
A raíz de lo expuesto, solicita -finalmente- que se tengan por acreditados los incumplimientos patronales, así como las injurias legitimantes del despido indirecto, y que se admitan las indemnizaciones derivadas del despido y las multas amparadas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 9 de la ley 25.013.
II.2. Cuestiona, por último, el fallo de grado en cuanto rechazó la multa reclamada con base en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345). Afirma que tal decisión es violatoria de la doctrina legal de esta Corte que emerge de la causa que identifica como L. 100.701, "Catalano" (sent. de 6-X-2010).
Enfatiza que, independientemente del formalismo en que incurrió el juzgador en la aplicación de los plazos previstos en el decreto 146/01, lo cierto es que la empleadora no acreditó la entrega de los certificados previstos en la norma legal citada ni los acompañó en ocasión de contestar la demanda, lo cual deja evidencia que nunca estuvieron a disposición del actor.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, cabe señalar que el valor del litigio -representado por las sumas que arrojan los conceptos que son materia de específico agravio en el recurso bajo análisis (v. liquidación contenida a fs. 27 vta.)- no supera el monto mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), por lo que la impugnación ensayada debe ser analizada en el marco definido en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Consecuentemente, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 121.770, "Salgado", sent. de 21-IX-2020; L. 120.853, "Bowers", sent. de 21-X-2020; L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; e.o.).
III.2. Bajo tales premisas, advierto que los temas vinculados con la valoración de los elementos de juicio obrantes en la causa y la eficacia probatoria a ellos atribuida, así como la definición vinculada a la configuración -o no- de la injuria determinante del distracto, importan el ejercicio de facultades privativas de los jueces integrantes del tribunal de grado, despojadas de aptitud -como tales- para ser sometidas a revisión por la estrecha vía intentada.
En esta línea de pensamiento, la doctrina legal emergente de las causas L. 91.973, "Botta" (sent. de 5-VI-2013); L. 109.373, "Cabezas" (sent. de 12-III-2014) y L. 108.255, "Paz" (sent. de 27-V-2015) que el compareciente denuncia conculcada en el recurso, no resulta hábil para configurar la hipótesis excepcional referida, desde que -insisto- remite necesariamente al análisis de cuestiones de hecho y prueba excluidas -como es sabido- del ámbito de la casación en el formato excepcional por el que transita la crítica (causas L. 118.153, "Ferrara", resol. de 3-XII-2014 y L. 122.913, "Carrizo", sent. de 15-IX-2021).
Sin mengua de lo expuesto, para satisfacción del recurrente y sin que lo que añado implique abrir juicio respecto del acierto sustancial de la decisión, advierto que en los mencionados precedentes de esta Suprema Corte se ventilaron presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los del caso en juzgamiento, ya que -cuanto menos- en ninguna de esas causas se acompañaron -como acontece en autos- fotocopias de supuestos recibos de haberes, documentos sobre cuya valoración pretendidamente absurda -en conjunción con la de otras constancias de la causa- se estructura la impugnación materia de análisis.
Por lo demás, cabe recordar que la doctrina vinculada al vicio de absurdo no es apta a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el estrecho conducto por el que corre la impugnación en análisis (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 119.886, "Maffi", sent. de 10-IV-2019; L. 121.445, "Balbi", sent. de 9-II-2021 y L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021).
III.3. Idéntica suerte adversa ha de seguir la crítica dirigida objetar el rechazo de la multa normada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
La única doctrina legal que trae el compareciente en esta parte de la réplica, esto es, el criterio sentado en la causa L. 100.701, "Catalano" (sent. de 6-X-2010), no guarda correspondencia con la motivación medular de la decisión recaída sobre el punto (causas L. 123.653, "Muñoz", resol. de 20-XI-2019; L. 124.857, "Claverie Bidart", resol. de 16-X-2020; L. 125.513, "Junco", resol. de 14-XII-2020 y L. 123.643, "Slutzky", sent. de 14-III-2022). Como se vio anteriormente, el no acogimiento del rubro obedeció -en sustancia- a la ausencia de observancia de los recaudos normativos para su procedencia. A diferencia de lo que acontece en la especie, en el caso traído por el impugnante, no es posible identificar ponderación alguna en torno a dichos requisitos.
Ahora bien, no obstante ser cierto que en autos el juzgador de origen -a renglón seguido del indicado razonamiento- hizo alusión a la inexistencia de prueba sobre la comparecencia del actor a retirar el certificado y respecto de su efectiva entrega, desde que -según destacó- con el escrito de responde no fue adjuntado dicho instrumento, no lo es menos que -a tenor de lo expuesto- estas consideraciones no fueron las que resultaron definitorias para disponer la desestimación de la petición. Agregó, al respecto, que en la causa L. 100.701 citada, el certificado en cuestión fue acompañado con la contestación de la demanda, lo que permitió -a la postre- establecer la falta de correspondencia de los datos allí consignados con la realidad del vínculo laboral habido, situación que exhibe con notoriedad la falta de similitud con la apreciada en la especie.
III.4. En síntesis, ante la omisa verificación del supuesto excepcional previsto en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, la suerte adversa de la postulación impugnativa queda sellada sin más.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2023 09:55:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/02/2023 17:40:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 09:32:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 10:33:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 11:10:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/02/2023 11:53:28 hs. bajo el número RS-13-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia