Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127398
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad en atención a que los planteos introducidos en el punto IV.2, no reúnen los requisitos esenciales, y el tratado en el IV.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n°4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Juan Carlos Rizzo y, en consecuencia, condenó a CODECOP S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso y las multas previstas en los arts. 2 ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, derivadas del despido directo dentro del período de prueba previsto en el art. 92 bis de esta última ley. Por otra parte, la desestimó en cuanto perseguía la sanción del art. 132 bis de la ley 20.744. Asimismo, rechazó íntegramente la acción contra British American Tobacco Argentina S.A. en su carácter de continuadora de Nobleza Piccardo S.A.C.I. y F. Finalmente, condenó en costas al accionante (v. fs. 365/386 vta.).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser motivo de agravio, juzgó no acreditado que la accionada Codecop S.A. haya omitido depositar en los organismos respectivos, los importes retenidos del salario del trabajador. Además, consideró no operativa la responsabilidad de Nobleza Piccardo S.A.C.I. y F. con fundamento en el art. 30 de la ley 20.744.
II. Frente a lo así resuelto, el actor dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-III-2020), los que fueron concedidos por el a quo (v. pronunciamiento del 9-XI-2020 y 28-X-2021, respectivamente); habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen en archivo adjunto de la presentación de fecha 5-X-2022).
III.1. En el recurso extraordinario de nulidad denuncia vulnerados los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial. Sostiene que el sentenciante eludió y distorsionó en su análisis distintas constancias probatorias de la causa y que, a su entender, acreditan que el actor fue contratado por la empresa Codecop S.A. para llevar adelante tareas de tesorero -y no de seguridad y vigilancia- bajo el Convenio Colectivo 130/75, y que a su ingreso carecía de cobertura de riesgos.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.2.a. En principio corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit. L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.2.b. En tal sentido, se observa que el embate articulado carece de andamiaje, desde que la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
Cabe agregar a ello, que las alegaciones referidas a la apreciación y valoración del material probatorio, como a su deficiente examen por el tribunal de grado, no pueden ser canalizadas mediante la vía extraordinaria de nulidad intentada (causas L. 124.188, "Moreda", resol. de 17-VI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
III.2.c. Finalmente, tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto lo que la referida norma sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021).
En el caso, la simple lectura del fallo en crisis exhibe que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020 y L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021).
IV.1. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, el compareciente relata los antecedentes de la causa, cita las normas y la doctrina legal que considera violada. Alega absurdo en la valoración de la prueba documental, informativa y testimonial. Cuestiona que el fallo no haya considerado a la accionada Nobleza Piccardo S.A.C.I.F. (hoy British American Tobacco S.A.) como responsable en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Asimismo, se alza contra el rechazo de la multa prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente, concluye su embate agraviándose de la imposición de costas.
IV.2. El recurso no ha de prosperar.
IV.3. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso articulado, particularmente en lo que respecta al valor del litigio.
Es menester destacar que en atención a que los cuestionamientos traídos por la recurrente versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas -la vinculada a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta de valor indeterminado (causas L. 117.450, "Etchegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.919, "Cabrera", sent. de 12-II-2020 y L.122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020).
IV.4. A partir de tales premisas, en relación al primero y último de los agravios traídos, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, no supera el importe mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.764, "Mendes Neto", resol. de 16-XII-2020 y L. 125.463, "Maisonnave", resol. de 12-II-2021).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
IV.5. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, se observa que la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las doctrinas traídas por la recurrente en apoyo de su pretensión remiten al análisis de cuestiones de hecho y prueba -como son aquéllas vinculadas a la determinación de la existencia o no de los presupuestos de solidaridad contemplada en el art. 30 de la ley de Contrato de Trabajo-, situación detraída de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 107.496, "Kalcich", sent. de 29-V-2013; L. 118.759, "Fioravanti", resol. de 28-X-2015; L. 122.289, "Córdoba", resol. de 10-IX-2019 y L. 128.965, "Ruau Saubidet", resol. de 21-X-2022).
Además, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
IV.6. Tampoco se observa el excepcional supuesto habilitante, respecto de la crítica vinculada con la imposición de costas del proceso, en tanto se prescinde de la denuncia de doctrina legal de la Suprema Corte relacionada con dicho tópico (causas L. 118.292, "Nieva", resol. de 20-XI-2014; L. 120.604, "Barbagallo", resol. de 12-IV-2017 y L. 125.074, "Spano", resol. de 14-XII-2020).
IV.7. Ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653) la impugnación vinculada al restante agravio traído, pues esta Corte tiene dicho que el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna el litigio, a los fines del recurso, de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653, causas L. 120.003, "Peralta", resol. de 14-IV-2019 y L. 123.845, "Contreras", resol. de 11-III-2020).
IV.8. Sentado ello, es oportuno recordar que determinar -con arreglo a la prueba producida en la causa- si se verifican los requisitos a los que el citado art. 132 bis de la ley 20.744 subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo. Las conclusiones que al respecto se formulen en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no son susceptibles de revisión en casación, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 119.786, "Gómez Jiménez", sent. de 27-VI-2018; L. 121.936, "Ilzarbe", sent. de 31-VIII-2020 y L. 121.376, "Aguirre", sent. del 14-XII-2020).
En el caso bajo estudio, la recurrente omite satisfacer dicho recaudo, toda vez que no invoca la configuración del mentado vicio, por lo que la réplica resulta insuficientemente fundada.
En efecto, sabido es que esta Corte reiteradamente ha señalado que resulta técnicamente defectuoso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la interpretación efectuada por el tribunal de la instancia ordinaria en función que le compete privativamente, omitiendo la invocación del mencionado yerro sentencial (art. 279, CPCC; causas L. 124.434, "Papa", resol. de 23-X-2020; L. 125.047, "Hastoy", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.157, "Dietrich", resol. de 22-II-2021).
IV.9. Sin perjuicio de la marcada insuficiencia técnica que presenta la impugnación, cabe señalar que las escuetas manifestaciones que formula la interesada, transitan sobre meras apreciaciones personales, insuficientes para conmover lo resuelto en la instancia de origen, en tanto sólo exhibe su disconformidad con la solución alcanzada en el fallo.
En este sentido, reiteradamente ha declarado este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de origen por el propio, porque el vicio de absurdo sólo se configura ante el error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021)), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
Por lo demás, dable es recordar, que la selección, jerarquización y valoración del material probatorio constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo y las conclusiones que al respecto formule, no son susceptibles de revisión ante la instancia extraordinaria, salvo invocación y demostración del vicio de absurdo (causas L. 123.382, "Santin", resol. de 11-III-2020 y L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020) que, en el caso, como se anticipó, se omite denunciar.
La señora jueza doctora Kogan dijo:
A tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) -y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013); entre otras, acompaño lo decidido por mis colegas preopinantes en los puntos IV.2 y IV.3 de su propuesta.
Luego, también adhiero a lo expuesto en el punto III del voto inaugural del Acuerdo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad en atención a que los planteos introducidos en el punto IV.2, no reúnen los requisitos esenciales, y el tratado en el IV.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/02/2023 12:26:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2023 08:43:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2023 17:38:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 10:21:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 11:05:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/02/2023 14:48:58 hs. bajo el número RR-62-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia